¿Hay incentivos para volver a Cataluña?
«Las empresas, como cualquier ser humano, necesitan libertad, para arriesgarse, para acertar o equivocarse»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En 2017 vivimos unos hechos (delictivos) difíciles de asimilar. El Gobierno de una de las regiones tradicionalmente más prósperas de España impulsaba, el 6 y 7 de septiembre, leyes inconstitucionales que arrasaban con los fundamentos del estado democrático, para posteriormente organizar un referéndum ilegal y declarar la independencia de Cataluña. En ese momento se aceleró un proceso de pérdida de vigor económico que había empezado a inicios de la segunda década de los 2000 y que aún no toca su fin.
Desde entonces, más de 9.000 empresas se han ido de Cataluña, con una facturación de más de 150.000 millones; y los catalanes han sacado más de 40.000 millones de euros de sus cuentas bancarias. La sede de dos de las principales entidades financieras del país, Caixabank y Banco Sabadell, ya no se encuentran en Cataluña. De hecho, la mayor operación bancaria de nuestra historia, la absorción de Bankia por Caixabank, se inscribió en el registro mercantil de Valencia, y no en el de Barcelona.
Si dejamos de lado el proceso independentista, que sin duda juega un papel negativo en la toma de decisiones empresariales, Cataluña es una de las regiones con mayor presión fiscal del país, con un coste anual de mantenimiento de la administración de 5.147 euros por ciudadano, frente a los 3.720 euros de la Comunidad de Madrid. Además, se trata de la región más endeudada de España ante el FLA, con más de 86.000 millones, 10,790 euros por habitante, frente a los 0 euros por habitante de Madrid por este concepto.
Cataluña se ha ganado a pulso estar entre las regiones que requiere un mayor esfuerzo fiscal a sus ciudadanos y empresas, debiendo destinar una mayor parte de sus ingresos a satisfacer las obligaciones con la administración autonómica. Sin olvidar que no solo no ha bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones, como se ha hecho en otras comunidades, sino que lo incrementó, de la mano de Quim Torra y Pere Aragonés, entonces consejero de Economía, en plena pandemia.
Ahora, en el proceso permanente de negociación para mantener al actual Gobierno, Junts ha propuesto sancionar a las empresas que no vuelvan a Cataluña. Esta es una de aquellas reminiscencias del 6 y 7 de septiembre, en las que el Parlament de Cataluña aprobó, con sus leyes de desconexión, un régimen, como poco, iliberal para Cataluña, en el que el Govern y más concretamente la figura del president, tenían amplios poderes sobre el legislativo y el judicial.
No existen incentivos para la vuelta de empresas a Cataluña, y difícilmente existirán hasta que un cambio de Govern devuelva Cataluña el empuje para convertirse en motor económico de una España de 48 millones de habitantes.
Las empresas, como cualquier ser humano, necesitan libertad, para arriesgarse, para acertar o equivocarse, para aprender y desaprender; y es justo que el riesgo tenga premio. En Cataluña, más que en cualquier otro lugar, la libertad está en peligro, y el alud burocrático y regulatorio es tan grande, que difícilmente muchas empresas se planteen instalarse o volver a Cataluña. Y aún menos si se les pretende multar por no hacerlo.
