La «capa política» de Escrivá se extiende a las patronales
«El Ejecutivo no está conforme con que Cepyme y CEOE sean los representantes habituales de los empresarios»
El ministro José Luis Escrivá interviniendo durante la sesión plenaria del Senado en la que se vetó la ley de amnistía el pasado 14 de mayo. | Diego Radamés (Europa Press)
El concepto de representatividad a los efectos de la negociación colectiva quedó fijado y limitado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (Ley 11/ 1985), pero aplicado exclusivamente a los sindicatos. La propia Ley señalaba en su texto que no se ocupaban de la representatividad de los empresarios por entender que era suficiente con referirse al Artículo 28.1 de la Constitución Española, creo que aún vigente.
No voy a abrir ahora un debate sobre la representatividad de los sindicatos, tal y como la contempla la Ley, aunque bien deberíamos echar una pensada sobre este asunto, que tiene trascendencia en tanto que, al conceder el Gobierno preferencia en la negociación de los convenios colectivos al ámbito autonómico, la representatividad sindical, según la Ley, se ajusta a exigencias cuantitativas distintas a las del ámbito nacional.
El Ejecutivo no está conforme con que Cepyme y CEOE sean los representantes habituales de los empresarios en la concertación social, porque estas organizaciones no le garantizan su aquiescencia a todo lo que se les va ocurriendo. El último desencuentro se ha producido con el Acuerdo para la simplificación y mejora del nivel asistencial de protección por desempleo. Una nueva redacción de aquel decreto que fue rechazado en el Congreso con la ayuda de los diputados de Podemos y obligó a la Vicepresidenta Segunda (en lo sucesivo V2) a retirarlo con enorme cabreo y frustración y con disgusto general del Gobierno porque implicaba un retraso en el maná de fondos europeos. A la firma acudieron los fieles escuderos de V2, Álvarez y Sordo, pero no hubo representación empresarial.
La displicencia de la citada Ley 11/1985 con la representatividad empresarial ha permitido que V2 trate de alterar el statu quo de la negociación colectiva tratando de introducir solapadamente a una organización empresarial llamada Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) en los engranajes de la representación patronal. Conpymes reúne a 35 organizaciones, la mayoría de ámbito local y regional. Destacan entre las de ámbito nacional Coag y Fenadismer. La confederación asegura que cuenta con 2.100.000 pymes y autónomos asociados.
Una de las primeras señales de favoritismo y apoyo se produjo en la presentación formal en Madrid de Conpymes, en mayo de 2021, no solo solemnizada por la presencia de V2, sino por la participación activa de doña Begoña Gómez, que disertó sobre El impacto social como oportunidad. A partir de entonces, desde el Ministerio de Trabajo se puesto silla a la citada organización en actos públicos. El último, en una conferencia europea de alto nivel, organizada por el Gobierno y que provocó la ausencia de Cepyme, de CEOE y del sindicato UGT, por no estar de acuerdo con esta presencia, como ha contado puntualmente en este diario Carmen Obregón.
La institucionalización de Conpyme, no obstante, progresa y ya ha pasado por el BOE, al modificar el Gobierno la constitución del Consejo Estatal de la Pyme para incluir en él un Observatorio Estatal de Morosidad Privada, lo que permitirá a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), miembro destacado de Conpyme, que dice representar a un millón de empresas.
¿Cuánto tardará el Gobierno en oficializar la entrada de Conpyme en este Observatorio y, por ende, en el Consejo Estatal de la Pyme? Lo que los plazos del Real Decreto publicado disponen. Y una vez instalada la nueva patronal en una institución pública, cómo impedir que sea entronizada en el diálogo social.
No es mi intención deslegitimar a esta Confederación, que tiene todo el derecho a aspirar a ser partícipe de la representación patronal que le corresponda, faltaría más. De lo que un servidor habla es de lo contrario. De resaltar los esfuerzos del Gobierno por fraccionar, y debilitar con ello, la representación empresarial, que le resulta esquiva, (aunque no siempre ha dicho que no) y por contar con una patronal más próxima a los postulados intervencionistas por tierra, mar y aire, de este PSOE y de sus aliados.
En definitiva, es un paso más de lo que el inefable ministro Escrivá llama la «capa política» que debe de estar por encima de cualquier estrato de la sociedad española, en todo momento y en cualquier situación. En la vieja URSS lo llamaban la nomenklatura.
