Reducir la jornada laboral arbitrariamente costaría 43.000 millones de euros anuales
«Yolanda Díaz cree que el problema principal a resolver es uno inexistente:el tiempo de trabajo»
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un acto público de cierre de campaña de Sumar, en la Plaza de la Virgen, a 7 de junio de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). | Eduardo Manzana, Europa Press
La jornada laboral se viene reduciendo desde hace años. Según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, la jornada anual efectiva (jornada pactada más horas extras, menos horas no trabajadas por vacaciones, festivos y ERTEs) bajó de 1.742 en 2003 a 1.653 horas en 2023. Un recorte acumulado de 89 horas anuales (-5,1%) que equivale a más de 11 jornadas estándar de 8 horas o más de 2 semanas de trabajo.
La información de convenios colectivos muestra algo similar. Entre 2000 y 2022, la proporción de asalariados con jornadas pactadas de al menos 39,5 horas semanales cayó desde 18,8% hasta 7,9%; al mismo tiempo, el porcentaje de aquellos con jornadas pactadas de hasta 38,5 horas/semana se más que duplicó, pasando de 20,1% a 44,5%.
Los datos anteriores bastan para afirmar que no existe en España un problema de jornadas laborales excesivamente prolongadas. La libre negociación entre organizaciones patronales y sindicales ha permitido ir reduciendo el tiempo de trabajo de forma armónica, según la realidad de cada sector y territorio.
El principal problema del mercado laboral español es que hay 3,7 millones de personas que no tienen jornada laboral alguna: están parados (incluyo en esa cifra a los fijos discontinuos inactivos y otros grupos de parados que el gobierno excluye de la cifra de «paro registrado»).
Pese a que España ostenta la mayor tasa de paro de Europa, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que el problema principal a resolver es uno inexistente: el tiempo de trabajo. El error no puede ser mayor.
Como expliqué en un artículo anterior, que puede leerse aquí, una reducción arbitraria de la jornada laboral ataca la libertad de contratación, el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y el diálogo bipartito entre empresas y sindicatos.
Además de esas consecuencias, si se quiere, «teóricas», la nueva intervención que planea Yolanda Díaz sobre el mercado de trabajo tendría consecuencias muy concretas. Si la jornada laboral se redujera arbitrariamente a 37,5 horas semanales, el tiempo de trabajo debería recortarse, en promedio, un 3%. Como la ministra Díaz pretende que se trabaje menos, pero los salarios se mantengan inalterados, es evidente que los costes laborales subirían.
Primero, habría que pagar por un trabajo no realizado. Luego, el empresario enfrentaría un dilema: reduce la producción (lo que implica perder negocios) o la mantiene al mismo nivel con una combinación de horas extras y nuevas contrataciones (la rentabilidad también caería, pues la misma producción se alcanzaría con un coste laboral mayor). Téngase que en cuenta que, entre 2018 y 2023, España ya fue el país avanzado donde peor evolucionó la productividad, con una caída del 4%.
Para el conjunto de la economía, las horas que dejarían de trabajarse pero habría que pagar igualmente, costarían unos € 12.000 millones anuales. Además, el valor estimado de la producción perdida por esas horas no trabajadas rondaría los € 31.000 millones. Eso da un coste total de alrededor de € 43.000 millones. Según mi estimación, casi € 11.000 millones deberían ser asumidos por el Comercio, unos € 7.000 por las Manufacturas y € 6.000 por la Hostelería.
La situación se asemejaría mucho a un callejón sin salida: se privaría a las empresas de contar con una parte del tiempo de trabajo del que hoy disponen, al mismo tiempo que el absentismo está en máximos históricos y hay enormes dificultades para encontrar personal. Otros dos problemas centrales de nuestro mercado laboral que la ministra Díaz parece desconocer.
En 2023, un 6,8% de las horas pactadas no se trabajaron por absentismo (horas perdidas por enfermedad, permisos, etc.). Eso equivale a que casi 1,2 millones de asalariados no trabajaron en todo el año, lo que genera crecientes y múltiples problemas, que se traducen en mayores costes y menor producción. Al mismo tiempo, el MAPA de empleo de la Fundación Telefónica detecta 410.000 vacantes sin cubrir, cifra que subestima la magnitud del problema por las muchas vacantes que no se publican.
El modelo económico sanchista-leninista, que ceba la demanda multiplicando la deuda pública, les hace creer que la economía «va como un cohete». Creen que las medidas autodestructivas que se vienen tomando (aumento de impuestos y cotizaciones, subida del salario mínimo, nuevas regulaciones, etc.) son inocuas y, por eso, planean otras, como la reducción arbitraria de la jornada laboral. Un día descubrirán que no eran inocuas, pero el coste lo pagaremos nosotros.
