Financiación autonómica: regreso a la casilla de salida
Reclamar más dinero al Estado habla de un frenesí de gasto que no se explica con los servicios que reciben los catalanes
Las pasadas elecciones en Cataluña han servido de poco para dar estabilidad y sosiego a la política catalana. Otra cosa es la sociedad catalana, que está aprendiendo a marchas forzadas a italianizarse, a eludir la política y a minimizar en lo posible los estragos de todo orden que provocan sus desquiciados dirigentes.
Como si nada hubiera pasado el 9 de junio, el centro de los debates se ha vuelto a situar en el sistema de financiación autonómica y en la pretendida y jaleada singularidad de Cataluña a los efectos de esa financiación. Quisiera hacer unas consideraciones y recordar algunos antecedentes para aclarar en lo posible las cosas.
La primera de ellas es que este PSOE tiende a olvidar sus propias obras. El sistema de financiación vigente es creación de un gobierno socialista, el del señor Rodríguez Zapatero, urdido por la que fuera su vicepresidenta, doña Elena Salgado. El trasfondo en el que se fraguó en 2009 la reforma del sistema anterior, fue echar una mano al gobierno tripartito catalán, presidido por don José Montilla, intento, por otra parte, fallido ya que en diciembre de 2010 recuperó el poder para los convergentes el señor Artur Mas. Que el actual gobierno socialista sea el primero en juzgar severamente el sistema de financiación no encaja con el proceso de santificación del señor Rodríguez Zapatero en el que este PSOE parece empeñado.
Creo que también es pertinente aclarar que el sistema actual no caduca, como los que le precedieron, sino que se revisa cada cinco años si se cree necesario. Ha habido intentos de hacerlo, pero no se llegó a un consenso suficiente. Uno de esos intentos partió de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada en enero de 2017, que acordó crear una comisión de expertos que en ese mismo año haría públicas son conclusiones. En la comisión había profesionales de distintas materias, propuestos por las comunidades autónomas. Cataluña no quiso enviar a nadie.
También hay que recordar en este contexto otro tipo de acciones relacionadas, como la iniciativa del gobierno del señor Rajoy de crear el Fondo de Liquidez Autonómica, por el que el Estado prestaba dinero a las comunidades autónomas que tenían dificultades para financiarse en los mercados. Cataluña sí acudió a esta línea de financiación que, entre otras cosas, le permitió devolver el principal y los intereses de los bonos patrióticos que lanzó el señor Mas, por un montante de 1.491 millones de euros. Una vez más, el gobierno de Madrid sacaba de un grave apuro a la Generalitat. La deuda actual de Cataluña con el FLA se sitúa por encima de los 70.000, millones a la espera de la condonación anunciada.
Y por último, pero no por ello menos importante, es preciso recordar algo obvio. El sistema de financiación autonómica no es un método de estímulo económico, no es un fondo de promoción de actividad económica, sino una fórmula de financiación de los servicios públicos que cada comunidad tiene asumidos. Nada más y nada menos que eso.
Así las cosas, apelar a estas alturas a la singularidad de Cataluña es casi un sarcasmo. Justificar el mayor déficit público autonómico con la escasez de recursos, cuando tiene parasitados 360 entes públicos en sus presupuestos (entre ellos, 109 consorcios, 95 fundaciones, 54 entes públicos y 62 sociedades mercantiles) es mentirse a ellos mismos; crear quince impuestos autonómicos y reclamar más dinero al Estado habla de un frenesí de gasto que no se explica con los servicios públicos que reciben los ciudadanos catalanes.
La intención de hacer un totum revolutum con el sistema de financiación autonómica y el desbarajuste continuado de las sucesivas administraciones de la Generalitat es lo que pretenden realmente los postulantes de la singularidad, con el gobierno central ahora de su parte.
Demasiado burdo, demasiado tramposo para colar.