Cuando te expropian tus derechos saltándose la legalidad vigente

Como no podía ser de otra manera, hoy voy a dedicar este artículo a comentar la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar en el 2028 las licencias de las viviendas turísticas legales.

Antes de centrarme en el contenido de este artículo, quisiera dejar clara, una vez más, mi posición con relación al turismo. Como he reiterado en diversas ocasiones, creo que el turismo aporta numerosos beneficios, que es una fuente de riqueza, de generación de empleo y de prosperidad. También produce externalidades que afectan a la movilidad, al transporte público, al uso del espacio público, a la seguridad, etc, ocasionando, en algunos casos, fricciones con los residentes. También sabemos lo que es estar sin turismo, aunque parece que lo hayamos olvidado, pues lo vivimos con motivo del Covid, cuando el mundo se paró y el sector turístico sobrevivió gracias a las medidas públicas aprobadas por el gobierno y al endeudamiento de las empresas.    

Es cierto que actualmente determinados destinos de España están saturados de turistas, y que esta situación está causando externalidades negativas que afectan tanto a los residentes como a los visitantes. Sin embargo, esta situación era previsible, pues durante años las administraciones, las empresas, los medios de comunicación focalizaban el éxito del turismo en el número de turistas que nos visitaban, omitiendo referencia alguna a su gestión, planificación e impactos que en aquellos momentos no se consideraba relevantes. 

En la última década, como muchos de ustedes ya saben, se ha producido una cierta politización del turismo. Un sector ajeno a debates políticos empieza a ser cuestionado por algunos partidos políticos los cuales apoyan acciones contra los visitantes, contra atracciones turísticas, atacando al turismo pese a conocer la importancia capital de este sector para nuestra economía y los puestos de trabajo que genera, así como las dramáticas consecuencias que su desaparición ocasionaría. Actualmente, se reiteran mensajes contra el turismo: «turistas iros a casa» el «turista nos asfixia» ataques a visitantes en las playas invitándoles a regresar a su país. Se señala al turismo como el causante de todos los males; el incremento de precios, la gentrificación, la suciedad, la inseguridad, la pérdida de identidad, etc. Ataques que tarde o temprano tendrán sus consecuencias. Ante esta situación, para ser sincera, echo en falta una reacción contundente de todos los sectores que integran el turismo y empresas que directa o indirectamente viven de esta industria, así como de las entidades e instituciones representativas del sector y de nuestra sociedad, defendiendo la importancia y relevancia de esta actividad económica. 

A la politización del turismo, se suma el gran problema en relación con la vivienda. España, como muchos otros lugares de Europa, padece una crisis de vivienda que constituye un problema social y económico de primer orden y que afecta a las personas más vulnerables y a los jóvenes. Un grave problema que exige la adopción de políticas públicas a largo plazo, consensuadas con el sector privado, que ayuden a reducir el déficit de vivienda que padecemos. Ante esta grave situación, algunos gobernantes, incapaces de trazar un plan coherente, sólido, pensado y consensuado con el sector privado, han optado por señalar al turismo y concretamente a las viviendas turísticas como las causantes de esta problemática, adoptando medidas con acento populista de dudosa aplicación.

En esta línea el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la eliminación en el 2028 de las licencias de pisos turísticos legales (expropiación del derecho de licencia) haciendo uso de las facultades que le otorga el Decreto-Ley  3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico aprobado por el gobierno catalán. Lo más grave es que estamos ante una expropiación a los particulares de los títulos habilitantes preexistentes de viviendas turísticas sin preverse indemnización económica alguna, tal y como exige la CE y la Ley de Expropiación Forzosa.  

El objetivo de esta medida es destinar los 10.000 pisos turísticos que hay en la ciudad a uso residencial y así incrementar el parque de viviendas de la ciudad. 

Sin embargo, con toda probabilidad, dicha medida no se podrá aplicar porque el Decreto-Ley 3/2023 del gobierno catalán que faculta al Ayuntamiento a eliminar las licencias turísticas ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad ya admitido a trámite. Asimismo, la Comisión Europea, ante las numerosas quejas recibidas ha iniciado expediente y solicitada información al gobierno de España en lo que se refiere a la normativa catalana, lanzando una primera conclusión «los servicios de la Comisión consideran que las restricciones establecidas en el Decreto-ley 3/2023 no son adecuadas para alcanzar el objetivo de combatir la escasez de viviendas y son desproporcionadas para ese objetivo. Por lo tanto, esas restricciones parecen infringir los Artículos 9, 10, 11 y 15 de la Directiva de Servicios». Por su parte la Autoridad Catalana de la Competencia en su informe sobre la referida regulación indica «el régimen de licencia urbanística previa, con las características que se establecen en el Decreto Ley 3/2023, no supera el análisis de necesidad y proporcionalidad, inherente a la buena regulación económica del mercado». En consecuencia, todo parece apuntar a que la medida anunciada por el Ayuntamiento no prosperará. 

Igualmente, en el improbable supuesto de que dicha medida se aplicara, en ningún caso cumpliría con su finalidad; el incremento del parque residencial para facilitar vivienda a los jóvenes y las clases más vulnerables. Cada uno de los 10.000 propietarios de estas viviendas -entendemos- será libre de decidir el destino de su inmueble. Un número importante pasarán al mercado del alquiler temporal (contratos de más de un mes y menos de un año) no sujetos a la regulación de limitación de rentas que sí que opera para los contratos ordinarios. Otras se pondrán a la venta o alquiler a precios elevados, pues se tratan en su mayoría de viviendas situadas en zonas céntricas, reformadas, que desde luego no estarán al alcance de los jóvenes o más vulnerables. Otros cerrarán su piso a la espera de que haya una mayor seguridad jurídica. Otros se convertirán en oficinas, pues, aunque no lo crean, hoy en Barcelona, pese al déficit de vivienda, se pueden abrir sin restricciones oficinas en viviendas. Por todo ello, ya podemos adelantar que la eliminación de las licencias no se traducirá en un incremento del parque residencial, como ha anunciado el Ayuntamiento. 

¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación, en la que una administración quiere eliminar un sector económico legal, mediante la expropiación de su derecho de licencia, saltándose la legalidad vigente? Pues a mí solo se me ocurre que el Ayuntamiento ante la imposibilidad de trazar un plan sólido a largo plazo, y la presión de otros partidos políticos ha optado por la adopción de una medida de las que yo denomino «de legislatura», aquellas que se anuncian para generar impacto aun a sabiendas de que no se van a poder aplicar. 

Porque ustedes me reconocerán que la solución al problema de acceso a la vivienda no puede venir de la mano de la eliminación de las viviendas turísticas que solo representan el 0,77% del parque total de viviendas de la ciudad. Porque es evidente que los pisos turísticos no pueden ser los causantes del incremento del precio de la vivienda cuando desde el 2014 no se han otorgado licencias al estar estas suspendidas. 

Es evidente que se ha ido construyendo un relato por parte de la administración, como un goteo constante para que calase en la opinión pública, que no se corresponde con la realidad; que si el sector de los pisos turísticos es un sector desregularizado, cuando está regulado desde el año 2010 por el gobierno catalán con una norma que fue pionera en España y Europa (normativa que ya preveía que fueran los ayuntamientos los que otorgasen la licencia sujeta a determinados requisitos como que el emplazamiento de la vivienda cumpliera con la normativa urbanística del municipio). Que si los pisos turísticos son una modalidad de alojamiento que atrae a un público de poca calidad, cuando el 80% son familias y el resto ejecutivos que acuden a ferias y congresos.  Que si es necesario regular como Ámsterdam, donde se permiten las viviendas turísticas con limitaciones. Que, si nuestro modelo ha de ser NY, ciudad que nunca había regulado los pisos turísticos y que con su decisión ha generado un mercado negro incontrolable por la administración. Que si prolifera la oferta ilegal, cuando Barcelona desde hace años ha trabajado en colaboración con el sector privado en la erradicación de la oferta ilegal y actualmente esta es testimonia, etc. En fin, no sigo porque es alarmante que un Ayuntamiento muestre tanto desconocimiento. 

Espero y deseo que el resto de las actividades sometidas a licencia para ejercer su actividad tomen buena nota del riesgo que corren y de la posibilidad de que en cualquier momento puedan ver expropiado su derecho a ganarse la vida honradamente. Lo que ha pasado en Barcelona no afecta a los pisos turísticos. Lo que ha pasado en Barcelona afecta a su reputación. Es mucho más fácil destruir que construir, es evidente.