Yolanda Díaz, la involución progresista
«La señora Díaz Pérez, en su ofuscación, ignora la realidad que arrojan las estadísticas de Eurostat y del INE»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Las apreturas de la vicepresidenta segunda del Gobierno (V2, en lo sucesivo) con su coalición tras la nada exitosa gira electoral desde Galicia a las europeas, pasando por los comicios vascos y catalanes, le fuerzan a sobreactuar para acallar la contestación política de su bancada y para poner sordina a las fugas de su proyecto. El objeto de su melodramática sobreactuación es la pasividad de la patronal a la hora de firmar al pie del decreto que inicie el proceso de reducción forzosa de la jornada laboral.
Las actitudes de la V2 me recuerdan a las visitas al notario. Firme aquí, firme aquí y, por último, firme aquí. Al parecer, CEOE y Cepyme no están por el ucase de V2, ni por la urgencia con que se les plantea, que se debe a los problemas políticos acuciantes de su promotora, ni por la falta de realismo empresarial en unas propuestas en las que solo los empresarios ponen algo. Un algo que supondría cerca de 40.000 millones de euros, a cambio de nada.
No es solo un problema de maneras de la V2. Es un problema de maximalismo ideológico, de falta de conocimiento de la gestión empresarial, de ignorancia o disimulo de los datos de productividad por ocupado, que entre 2013 y 2023 ha crecido el 0,7 por ciento en España, mientras en los países de la Unión Monetaria ha crecido el 2,3 por ciento. Esto se traduce en que el Valor Añadido Bruto por hora trabajada en España en 2023 era similar al que tenía la zona euro en 1998. Veinticinco años de distancia (BBVA Research).
De ese Valor Añadido Bruto es de donde salen los salarios, las cuotas sociales, los impuestos y los beneficios, si los hubiere. Una acendrada comunista como V2 debería saber que Carlos Marx entendía que el valor material viene dado por el tiempo de trabajo incorporado a la producción de una determinada mercancía (teoría del valor-trabajo incorporado). No entiendan por mi cita que defiendo esta antigualla teórica, pero la señora Díaz Pérez, al menos, debería tenerla en cuenta.
En un país en el que el sector servicios supera las tres cuartas partes del PIB, la productividad está aún más íntimamente ligada a la jornada laboral, porque la incidencia de las tecnologías es mucho menor que en el sector industrial.
No sé siquiera si V2 se ha planteado una pregunta elemental para cualquier gobernante. Yo lo haría de esta forma: ¿puede una medida generalizante e indiscriminada sobre jornada laboral, como la que propone la señora Díaz Pérez, acarrear efectos negativos que contrarresten o sobrepasen los efectos positivos que ella aprecia a corto plazo?
O formulada de otra manera. ¿Cree V2 todavía en aquello de que el Estado (o sea, los gobiernos) «desempeñan el papel de un actor bondadoso e infalible y único, capaz de asegurar el bienestar para todos y velar por los principios morales», como enunció Jürgen Donges?
Está claro que el Gobierno de este PSOE y adláteres no es bondadoso, ni mucho menos infalible. En cuanto a su capacidad para asegurar el bienestar para todos, está empíricamente demostrado que no. Entre otras cosas porque una buena parte de su jornada laboral la dedican a otras cosas, tales como las maquinaciones para sobrevivir en el poder.
La señora Díaz Pérez, en su ofuscación, ignora la realidad que arrojan las estadísticas de Eurostat y del INE. La encuesta europea señala que la jornada media en España es de 36,4 horas, mientras que la media europea es de 36,1 horas. Esto quiere decir que los convenios colectivos signados por sindicatos y empresarios han ido muy por delante de su tardía voluntad progresista. Aún más, según el INE doméstico, el 85,4 por ciento de los trabajadores no desea variar su horario habitual, o lo que es lo mismo, 18,15 millones de trabajadores, sobre 21,25 millones van a ser víctimas de una imposición burocrática, violentando los convenios colectivos que, como se sabe, tienen fuerza de ley. Y por supuesto, la imposición la van a pagar y muy cara los empresarios.
Y aún queda otra boutade por parte de V2. Los trabajadores que tienen varios empleos, que alcanzan las 591.000 personas, ¿de cuántas horas prescindirán en cada uno de ellos para ajustarse a la norma que prepara V2? Habrá que saber si a los empleados y a sus patrones les conviene o no esa reducción, lo que para el Ministerio de Trabajo parece un detalle nimio.
La señora Díaz Pérez tiene una enfermiza pulsión contra los empresarios. Está en su derecho. Sin embargo, una vicepresidenta del Gobierno no puede hacerla tan evidente que hasta sacrifique la concertación social que la Constitución desea y ampara.
