Ideas para un IRPF más compatible con la libertad y el progreso
«Se podrían hacer más cambios, pero estos ya supondrían un avance que, aunque moderado, hoy resulta inimaginable»
Una persona haciendo la declaración de la renta. | Agencias
En mi artículo anterior en THE OBJECTIVE, que puede leerse aquí, explicaba que la declaración anual del IRPF adolece de falta de transparencia, complejidad y excesiva arbitrariedad. Eso, unido a los elevados tipos y exagerada progresividad (que rompe la igualdad ante la ley), lleva a una conclusión obvia, aunque normalmente inadvertida: la declaración anual del IRPF implica tratar al contribuyente como un vasallo y no como un ciudadano.
Además de un tema financiero, hablamos de un tema que reduce la calidad de nuestro estado de derecho y restringe la libertad individual. Así, la pregunta lógica es qué puede hacerse para revertir esta situación anómala. Hay muchas alternativas; daré algunos ejemplos.
Una persona con una base general de € 60.000, debe entregar al gobierno el 45% de cada euro adicional que ingrese (hay algunas variaciones según la autonomía donde tribute). Evidentemente, esa cantidad no convierte al contribuyente en cuestión en rico. Este es un claro ejemplo de cómo la progresividad atenta contra el ascenso social: tener que entregar casi la mitad de los ingresos al gobierno a partir de un cierto nivel es una invitación a no superar ese límite. Un incentivo para no prosperar, no trabajar, no invertir, ni ahorrar.
Por eso, lo primero que habría que hacer es rebajar el tipo máximo (47% de media), a razón de un punto porcentual por año, hasta dejarlo, por ejemplo, en el 30%. Lo ideal sería avanzar hasta un tipo único, pero un tipo máximo del 30% reduciría notablemente los perniciosos efectos de la progresividad. Nunca se olvide que los «fuertes impuestos progresivos» son una propuesta del Manifiesto Comunista precisamente para demoler nuestro sistema de mercados libres y propiedad privada. También debería bajarse progresivamente el tipo máximo de la base imponible del ahorro, desde su actual 28% hasta, por ejemplo, el 15% (la mitad del tipo máximo de la base general).
El mínimo del contribuyente, congelado en € 5.550 desde 2015, debería ajustarse de forma automática según el IPC (o la inflación subyacente). Lógicamente, lo mismo debería hacerse con la deducción por cada hijo o persona dependiente. El 22% de inflación acumulado desde entonces, debería recuperarse gradualmente.
Si una persona gana dinero comprando y vendiendo acciones, debe compartir las ganancias con el estado en el mismo ejercicio en el que se produjeron. Pero si pierde dinero, el gobierno pone límites cuantitativos y temporales a las pérdidas que pueden compensarse. Una injusta asimetría que habría que revertir, como mínimo, suprimiendo los límites temporales (ahora de cuatro años).
El mismo gobierno que ha construido un sistema de pensiones insostenible, nos limita las oportunidades de desgravar por ahorrar para nuestra jubilación. La aportación a planes de pensiones, que era de € 8.000 fue rebajada a € 1.500. Esta deducción debería volver a € 8.000 y, también, ajustarse automáticamente cada año según la inflación. Para ampliar las opciones de ahorrar para la jubilación deberían crearse cuentas en las que el titular pueda gestionar personalmente su ahorro, tal como existen en EE.UU. (IRA, «Individual Retirement Account») y Reino Unido («Self-Invested Personal Pension», o SIPP). Las aportaciones a estas cuentas deberían ser deducibles igual que con un plan de pensiones.
El mayor de los abusos estatales vinculado con el IRPF es la obligación de presentar la declaración de los muertos. Si el impuesto es a la persona «física», pero físicamente ya no hay persona, esta obligación debe, simplemente, desaparecer.
Se podrían hacer más cambios, pero estos ya supondrían un avance que, aunque moderado, hoy resulta inimaginable. Tal la medida de nuestro retroceso conceptual.
Tal vez el lector haya pensado: «si se implementaran estas reformas, caería la recaudación». Si ese fue el caso, le diré dos cosas. Una: estas reformas reducirían la evasión y fomentarían el retorno de exiliados fiscales (como los «youtubers» que debieron irse a Andorra para proteger lo suyo).
Dos: efectivamente, estas propuestas apuntan a limitar el expolio continuado al contribuyente y terminar con esta dinámica en la que el político gasta lo que quiere y luego nos pasa la factura. Apuntan a que el político entienda que los recursos estatales no son suyos ni infinitos y tenga que restringir el gasto público. Adecuar el gasto a los ingresos, como hacen todas las familias.
Si, pese a esto, sigue pensando que estas propuestas son peligrosas para las finanzas públicas (es decir, si piensa que es mejor la actual discrecionalidad del gobierno y expoliar al contribuyente), le sugiero vacunarse urgentemente del virus estatista.
