El modelo de economía consentida
Aquí, la metafórica mano invisible del mercado se ha quedado en un puño visible desde cualquier punto de observación
Ilustración de Alejandra Svriz.
Me llama un excelente y perspicaz colega centroeuropeo para pedirme un titular que en mi opinión refleje la situación económica española hoy y en el inmediato pasado. Vivió como corresponsal de un periódico de su país, la Transición Española, y recuerdo un reportaje suyo sobre los Pactos de la Moncloa en el que intuyó, antes que ningún otro, que en realidad eran un ensayo general con todo de la que llamaríamos Constitución del 78, aun vigente, a pesar de todo.
Después de pensarlo, un buen rato le devolví la llamada. C., le dije, «creo que te puede servir como titular España, una economía consentida». «¿Cómo?», me preguntó. «Si me das unas horas, te lo explico por escrito». Lo que sigue es literalmente el texto que le envié.
Los economistas teóricos han dedicado tiempo e imaginación a clasificar los diversos modelos económicos de los países. He buscado con ahínco en manuales, enciclopedias y compendios y solo he encontrado algo parecido a lo que yo llamo economía consentida en una vieja historia de la economía que hablaba de la economía de la condescendencia. No es exactamente lo mismo, pero sí es parecido.
La economía consentida tiene dos elementos clave, el intervencionismo y la arbitrariedad. Podría decirse que ambas características no tienen nada de originales, pero unidas en la práctica nos llevan al modelo que han aplicado los sucesivos gobiernos del señor Sánchez, modelo en el que nada se puede dar por seguro.
Intervencionismo
Aquí, la metafórica mano invisible del mercado se ha quedado en un puño visible desde cualquier punto de observación. Un puño que se abre o se cierra según a quien se trate de favorecer o de imposibilitar. El intervencionismo dispone de un amplísimo catálogo de herramientas y recursos manejados con severidad o con prodigalidad, según con quién o para qué.
Hay intervenciones sutiles, generalmente disfrazadas de normas, reglamentos, licencias, que traban las iniciativas por tiempo indefinido o que las frustran definitivamente. Siempre hay un supuesto bien común a preservar, una conveniencia justificable, una ortodoxia ideológica y, en última instancia, un obscuro reglamento europeo a los que recurrir para determinar qué se puede hacer o no en la economía española actual. Las iniciativas de personas y grupos no solo están bajo la lupa administrativa. También sus intenciones. Y claro, lo de ganar dinero con un negocio, como que no.
Ahí tenemos el modelo excelso de la Sepi, un tinglado que ya cuenta con 85.000 empleados y ha tenido unos beneficios netos en 2023 de ¡¡diez millones de euros!! Unos 117 euros por empleado, si no se me han movido las comas. Ese es el ejemplo. Beneficios, cuantos menos, mejor, salvo que paguen unos impuestos desaforados, alimentados, además, por una inflación que resulta benéfica para el Estado y su encarnación, que es el Gobierno, aunque afecte seriamente a cada uno de los españoles.
Arbitrariedad
La clave de bóveda del modelo económico español es la inseguridad jurídica que lo mismo se manifiesta en cambios explícitos de las reglas de juego generales, sectoriales, con nombres y apellidos de personas o de razones sociales, como en la creación de impuestos sobrevenidos y gravámenes temporales permanentes (no es un juego de palabras, es lo que ha hecho Hacienda con la banca o las eléctricas).
El modelo de economía consentida es la arbitrariedad, que se puede producir por la vía de los ingresos, como hemos señalado con los impuestos, pero también, por la vía de los gastos discrecionales. Qué decir del acaparamiento de los fondos europeos por el sector público. Qué decir de un año sin elaborar unos presupuestos, sin explicación alguna por parte de un gobierno que tomó posesión en noviembre y sucedía a otro gobierno con prácticamente las mismas personas a cargo de esa tarea. Un año de manos libres para el reparto.
Y naturalmente, también gravita sobre el sistema el complejo mecanismo de la persuasión. (Huyo del término amenaza, aunque la nueva ley que nos amenaza a los periodistas díscolos no me alcance por la irretroactividad). La más llamativa y abrupta manifestación de la persuasión, como la entiende este gobierno, la reitera en cuanto tiene un micrófono delante don Carlos Cuerpo, ministro de Economía, al respecto de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Da igual que el banco opante cumpla la ley. No nos gusta y basta. (Aunque la política y no el sistema financiero sea la verdadera determinante de su decisión).
Ahora que lo pienso, aquella economía de la condescendencia que encontré en el viejo libro de historia quizá fuera más ecuánime.
