El 'plan B' de Sánchez con Puigdemont pasa por Illa y por Criteria
El presidente de la Generalitat moviliza a los empresarios catalanes para que intercedan ante la plana mayor de Junts
Asistido por el empujón del INE a la serie estadística de la contabilidad nacional, el Gobierno se dispone a sacar pecho con el supuesto cohete económico del galáctico Pedro Sánchez. Corregido y aumentado el dato de Producto Interior Bruto (PIB) del último trienio, el gran objetivo de Moncloa consiste ahora en consolidar la imagen internacional del jefe del Ejecutivo antes de que la nueva Comisión Europea adquiera plena carta de naturaleza y se definan de forma diáfana las atribuciones solapadas entre esa muchedumbre de rimbombantes comisarios que acaba de nombrar Ursula von der Leyen. Al igual que la mayoría de Estados miembros, España encara estos días la recta final antes de pasar el definitivo test de estrés que le espera en Bruselas y que obligará al líder socialista a ‘mostrar la patita’ de los futuros ajustes y reformas en nuestro país.
La llamada derechización del próximo Ejecutivo comunitario representa un serio desafío para Sánchez, que perderá la interlocución de su buen amigo y correligionario Paolo Gentilone, el hasta ahora máximo responsable europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. El socialdemócrata italiano mostró desde un primer momento su especial sensibilidad y comprensión acerca de los problemas estructurales que aquejan a la economía nacional, haciendo también la vista gorda sobre la compleja sostenibilidad de las cuentas públicas en el escenario de inestabilidad política de la España sanchista. Pero ahora ha aparecido Mario Draghi para desenmascarar un cúmulo de urgencias que amenazan con elevar el listón de exigencia en el conjunto de la Unión, por lo que nadie debería confiar en un trato tan sutil y delicado por parte de los burócratas de Bruselas, deseosos de afilar el lápiz rojo después del prolongado recreo fiscal de estos años atrás.
Pago de 7.000 millones para la SEPI
El proceso de transición en el seno de la principal institución de gobierno comunitario ha supuesto un cierto respiro para elaborar un plan de estabilidad a medio y largo plazo de acuerdo con los objetivos inmediatos de 2025. El problema para Sánchez reside en que será harto complicado obtener la credibilidad de sus colegas en Europa si no es capaz de armar en España una mayoría suficiente para sacar adelante los nuevos Presupuestos. El jefe del Ejecutivo se ha acostumbrado a jugar con la prórroga de cuentas públicas heredadas de años precedentes, cuya ejecución es cuadrada luego a capón aprovechando los meandros de una singular ingeniería fiscal y financiera. El enésimo botón de muestra de esta práctica tan poco edificante se puede apreciar en el último informe de la Intervención General del Estado (IGAE), en el que aparece un sinuoso pago por parte del Tesoro Público de 7.000 millones, ahí es nada, como aportación al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI.
El holding estatal, renacido en su función de hospital de empresas al servicio de los intereses que arbitraria y oportunamente se consideran estratégicos, es uno de los focos a los que tendrán que prestar especial atención los futuros hombres de negro de la Comisión Europea. Sánchez está decidido a esparcir la simiente de su nuevo régimen en todas las entidades corporativas que pueden servir de bastión para cebar la economía a lo largo de toda la legislatura. La participación del Estado en empresas intensivas en empleo, unida a la reingeniería estadística de las cifras del paro, servirá para adornar la gestión del Gobierno frente a las críticas más sofisticadas de la oposición. La política de trazo grueso es patrimonio de Moncloa y a fe que hasta ahora ha dado resultado como demuestra el hecho de que un 70% de todo el crecimiento económico registrado desde el año 2019 está fundamentado en consumo público.
Cuanto mayor sea el perímetro de control sobre el sector privado mayor será la garantía de manejo gubernamental sobre el aparato productivo y por eso es menester la aprobación de unos Presupuestos que desbloqueen el ansia de gasto propuesto por María Jesús Montero. Por eso y porque el líder socialista necesita como el comer un acuerdo parlamentario de altura que arroje un jarro de agua fría contra todas las críticas que denuncian la detentación del poder a partir de un mandato estéril e impostado. Hasta el 15 de octubre, fecha límite para presentar en Bruselas el plan a cuatro años de estabilidad fiscal, los emisarios de Sánchez van a desplegar una intensa agenda de contactos para remover Roma con Santiago, empezando por Waterloo y terminando en Suiza o donde quiera Carlos Puigdemont, a fin de renovar el aval de los separatistas de Junts al pacto de investidura de hace un año.
El empoderamiento de Ángel Simón
Las gestiones realizadas hasta ahora por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se han saldado con sonoras calabazas. El expresident está harto de preamnistías que le mantienen alejado de Cataluña y no a va a torcer el brazo para que Sánchez se apunte un tanto mientras él tiene que seguir penando en el exilio como prófugo de la Justicia española. El plan B para tratar de llegar a una concertación que permita sacar adelante los Presupuestos debe trascender las motivaciones políticas y elevar el listón con una oferta de esas que no se pueden rechazar. La solución no es otra que tirar del vil metal, con una entrega generosa de nuevos compromisos económicos debidamente garantizados que certifiquen en favor de Junts un acopio de méritos añadidos a los que han adornado a ERC en la obtención del celebrado cuponazo.
Entre los muchos faroles que alumbran y deslumbran la negociación del alambicado procés, Puigdemont ha advertido ahora que sólo está dispuesto a llegar a acuerdos con aquellas fuerzas políticas que defiendan los intereses de Cataluña. Un guiño que tiene un claro destinatario en Salvador Illa, no tanto por el papel institucional que le acredita como flamante presidente de la Generalitat, sino en su calidad de principal y más fiable recadero de Sánchez. Puigdemont es consciente de los buenos oficios que el Molt Honorable socialista está desplegando estos días ante el mundo empresarial del llamado puente aéreo que conecta a la plutocracia de Madrid y Barcelona en una misma comunidad de bienes y quiere recabar antes que nada un dividendo lo más elevado posible que garantice el alimento de esas vocaciones independentistas cada vez más fatigadas y en claro retroceso dentro de la región.Uno de los grandes aliados que está teniendo Salvador Illa en su labor conciliadora con los poderes fácticos es el consejero delegado de Criteria, Ángel Simón, cuyas conexiones con el alto mando del Govern le están catapultando como verdadero timonel del grupo industrial de La Caixa y hereu del trono que todavía ostenta Isidro Fainé como ilustre presidente de la Fundación Bancaria de la antigua caja de ahorros catalana. Simón es la pieza clave del engranaje que trata de lubricar la Generalitat para integrar los objetivos doctrinales del independentismo con los intereses más prosaicos de la alta burguesía catalana encarnada en el mundo de los negocios y las altas finanzas. La clave consiste en tentar a Puigdemont para que se sume al convite de los nuevos Presupuestos y participe de una buena porción de la tarta. Como diría Sánchez recitando a Shakespeare en boca de Hamlet: «Nada mejor podíais pedir de mi que con más gusto estuviera dispuesto a concederos». Ya se sabe que lo que no se consigue con dinero siempre se puede obtener con más dinero.