Los impuestos que se quedan por el camino

Las campañas publicitarias de los distintos ministerios están en su fase de programación más fuerte y pesada. No sé si en las inmediatas campañas del Black Friday y de la Navidad, los productos y servicios habituales encontrarán hueco ante esa ocupación de los espacios, aunque muchos medios, que están caninos y reducidos a su condición de soportes, ya se encargarán de que quepa todo lo que sea cobrable, sin atender a quién paga.

Una de las campañas, la que me parece más insidiosa y mendaz, es una que viene a decir que los impuestos vuelven y está, naturalmente, financiada por el Ministerio de Hacienda. En realidad el anuncio es tramposo y subliminal. Uno que se emite ahora incluye al final unas imágenes de rescatadores tomadas en alguna calamidad pública anterior, pero que nos llevan directamente a las imágenes recientes de la catástrofe de Levante.

Un niño se preguntaría: ¿si los impuestos van a volver, por qué se van? La respuesta, con la misma simpleza de este adulto, es que lo que vuelve siempre es menos, porque una parte se queda por el camino. Se queda, por supuesto, en la pequeña, mediana y gran corrupción. Y se queda en la ineficiencia olímpica de los administradores.

En España gozamos (es un decir) de un régimen de irresponsabilidad. No hace muchos años, creo que fue el gran José Barea quien propuso la creación de oficinas presupuestarias en el Congreso, en las cámaras autonómicas y en los municipios de cierta entidad. Se trataba de justificar los gastos de dinero público no solo milimétricamente contabilizados, sino frente a su utilidad real, su necesidad y su eficiencia.

Por supuesto, fue una ocasión fallida más para embridar el gasto público y hacer un control exhaustivo del por qué se va a gastar, qué se espera del gasto y qué resultado final se ha obtenido. Alguno me dirá que para eso está el Tribunal de Cuentas del Reino y en algunas autonomías y municipios los entes fiscalizadores correspondientes. Y aquí en THE OBJECTIVE, Martín Seco celebraba esta semana el siglo y medio de vida de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Tendrían toda razón si no solo, por distintas razones en cada caso, se vieran obligados a reconocer el gasto y el destino oficial del dinero empleado, sino también el empleo final y el cumplimiento, en el grado que corresponda, del objetivo que dio lugar al gasto. Eso es un régimen de responsabilidad, que nos evitaría esos shows de delaciones, denuncias, escándalos, juicios regulares (o casi) y dineros irrecuperables que no vuelven.

Y ya de paso, comentemos el episodio de los anuncios del PSOE en una red social para denostar al presidente de la Comunidad Valenciana. Ya se verá algún día quién actuó mal, quién hizo lo que pudo y quién actuó como sería esperable en un Estado que es la cuarta economía de la UE. Lo que no tiene pase es que se argumente que los anuncios los paga el partido, no salen de los presupuestos públicos. Simplemente no es cierto.

Los partidos políticos, todos, viven de presupuestos públicos, mediante subvenciones por representatividad en las elecciones, mediante subvenciones por grupos parlamentarios o municipales y mediante sueldos por el desempeño de sus funciones representativas, de cuyas cuantías, los partidos sueles detraer una parte. Así que, el PSOE en este caso, cualquier otro partido en otros casos, que empleen dinero de su caja para denostar a sus adversarios, están malversando dinero público.

Un viejo ingeniero y empresario de la construcción me decía hace años: «Desengáñese, del dinero del que disponemos para hacer las carreteras, una buena parte se va quedando en las cunetas».

Amén.