¿El empaquetado genérico no tiene impacto económico ni afecta a la competencia?
«Estas afirmaciones ponen de manifiesto la falta de conocimiento, por parte de las autoridades sanitarias, de los efectos reales del empaquetado genérico»
Un paquete con empaquetado genérico. | Getty Images
Mucho se ha hablado sobre el texto sometido a información pública para la modificación del Real Decreto 579/2017. Pero lo que es realmente sorprenderte es la Memoria del análisis del impacto normativo de este Proyecto de Real Decreto, que modifica la normativa sobre determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados. Dicha Memoria incluye algunos argumentos para justificar la implementación del empaquetado genérico realmente inquietantes; lo son porque considera que esta medida va a tener un impacto económico «limitado» y porque cuando explica cómo afecta a la competencia, no se entiende la justificación.
La Memoria señala de forma categórica lo siguiente:
«… el impacto económico de las medidas contempladas tiene un carácter limitado, al permitirse la continuación de la comercialización de la gran parte de productos de tabaco y relacionados…» Y continúa: «… Esta medida, adoptada por primera vez en Australia hace más de una década, en el año 2011, ha sido replicada posteriormente en diferentes países a nivel mundial, cabiendo citar los ejemplos de Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay, o en nuestro entorno europeo, Francia, Reino Unido, Irlanda o Bélgica entre otros».
Y es aquí donde saltan las alarmas, ya que estas afirmaciones ponen de manifiesto la falta de conocimiento, por parte de las autoridades sanitarias, de los efectos reales del empaquetado genérico. Para no extenderme demasiado, me centraré en dos de los países señalados.
En Reino Unido, el peso de las marcas más caras (las denominadas premium) ha pasado de significar el 20,72% al 11,11% en 2023. Sin embargo, en las marcas más baratas ha ocurrido justo lo contrario, su peso en el mercado era del 37,27% antes del empaquetado genérico y, en 2023, ya representaban el 68,10% del total de las ventas de cigarrillos. La explicación es sencilla, cuando un producto se comoditiza, es decir, cuando un producto pierde prácticamente todos los atributos asociados a su marca, el consumidor solo toma sus decisiones basadas en el precio y, en consecuencia, busca las marcas más baratas. Esta realidad, con el permiso del Ministerio de Sanidad, impacta muy negativamente en la recaudación de los impuestos asociados al tabaco, donde además del impuesto al consumo (el IVA) existen impuestos especiales que los gravan.
Aparte de esta menor recaudación, un segundo efecto claro que lleva consigo el empaquetado genérico es la mayor facilidad que se les da a las mafias para producir productos del tabaco falsos. De esta realidad también saben mucho tanto Francia como Reino Unido, donde los niveles de comercio ilícito de cigarrillos ya superan el 30%.
No obstante, y pensando en la eficacia de la propuesta, podría entenderse el empaquetado genérico si se hubiese conseguido en estos países el efecto deseado de la reducción del número de fumadores. En este punto es importante diferenciar lo ocurrido en Francia y en Reino Unido. En el primero, la prevalencia de fumadores en 2018 (pocos meses después de adoptarse la medida) era del 25,40% y en 2022, dicho porcentaje, se situaba en el 24,50%. Tras cuatro años de empaquetado genérico y con una política fiscal muy agresiva hacia el tabaco, se había conseguido reducir la prevalencia de fumadores en menos de un punto. Quizás por este motivo las propias autoridades francesas reconocieron públicamente que esta medida no servía para reducir el número de fumadores.
En el caso de Reino Unido, donde sí se ha producido una reducción significativa de la prevalencia de fumadores, el motivo clave no ha sido el empaquetado genérico, sino el apoyo que las autoridades sanitarias le han dado al vapeo como alternativa para que los fumadores abandonasen su hábito.
Este rápido análisis sobre lo sucedido en Francia y Reino Unido pone de manifiesto que el empaquetado genérico sí tiene consecuencias económicas. Junto con la ausencia de impacto económico señalado en la Memoria, llama la atención el apartado del impacto sobre la competencia. Quizás al lector le sea fácil entender lo que se señala en la Memoria:
«Las medidas incluidas en el proyecto normativo inciden sobre la competencia en el nivel de la fabricación, …. Ahora bien, en función del carácter multinacional de las principales empresas del sector de tabacos en España, así como de la larga tradición de aplicación de esta medida, su aplicación por parte de estos operadores del mercado se encuentra actualmente facilitada en razón de sus procesos de fabricación adaptados a estos cambios en la normativa de etiquetado y envasado contando el sector con la suficiente experiencia al respecto. …..»
A mí, debo confesar, me cuesta entenderlo, a pesar de haberlo leído varias veces. Pero trato de analizar la Memoria desde la perspectiva de los autores del proyecto del real decreto y llego al apartado de «Impacto para la salud» que señala textualmente: «Mediante la modificación de los requisitos del etiquetado, se facilita una mayor información del público en general». Cuesta creer cómo se puede facilitar una mayor información cuando todos los envases son prácticamente iguales y sobre todo que este sea el único argumento que aparece en el apartado de impacto para la salud.
Y llegados a este punto, no puedo dejar de hacerme esta pregunta: ¿de verdad que no hay más impactos para la salud, sabiendo que el empaquetado genérico si tendría efectos en términos de impacto económico y de la competencia, al hacer prácticamente imposible que nuevas marcas puedan darse a conocer a los consumidores?
Quizás haya sido esta falta de impactos positivos en la salud y la prudencia ante el grave daño que podría causar a un sector en el que trabajan 57.400 personas, el motivo por el que finalmente el empaquetado genérico no apareció en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (el denominado PIT) aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de abril.
