Déficit fiscal: ocho propuestas para defendernos del saqueo de la casta política

En 2024, por 17º año consecutivo, todos los intereses de la deuda pública española se pagaron con más deuda pública. Si alguien intentara algo así (pagar durante 17 años los intereses de la hipoteca con préstamos personales) los bancos lo impedirían: nadie prestaría dinero a un irresponsable semejante.

Con los gobiernos es diferente. Los políticos creen tener derecho a subir los impuestos cada vez que quieran; ajustar los gastos raramente entra en sus cálculos. Para peor, el intervencionista Banco Central Europeo se convirtió en cómplice de esa irresponsabilidad: al mantener artificialmente bajos los tipos de interés (durante más de seis años los mantuvo en 0%) permitió que los gobiernos derrochadores gastaran tranquilos porque podían financiarse gratis.

La Comisión Europea, con Von der Leyen, también se pasó al lado de «los malos»: suspendió las reglas fiscales incluso en 2022 y 2023, permitiendo que el gasto público se desbordara. Las nuevas reglas fiscales dan tanto tiempo para corregir el déficit, que es casi seguro que en el ínterin habrá otra crisis, que justificará más «flexibilidad».

Es impensable que la misma casta política que se beneficia del gasto público corrija el déficit fiscal por «el bien común». El reformado artículo 135 de la Constitución («todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria») es papel mojado, lo mismo que la ley de estabilidad presupuestaria. 

Los ciudadanos estamos solos frente a la casta estatista. Pero seremos quienes sufran las consecuencias el día que la alquimia monetaria sea insuficiente y no se pueda refinanciar la deuda pública. 

Los políticos pueden perpetuar la práctica empobrecedora del déficit porque comparten el botín con una parte de la sociedad, a la que dividen en dos grupos: pagadores de impuestos y consumidores de impuestos. Eso asegura una cantidad de votos de gente que, por sectarismo, ignorancia o cortedad de miras, sigue apoyando unas políticas que llevan a todos al abismo: los consumidores de impuestos tampoco se salvarán.

Hay que romper este esquema: por equidad, nadie debe quedar aislado de las consecuencias del déficit fiscal. Impedir que unos miren pasivamente cómo aumenta la deuda pública, mientras a otros les suben los impuestos. Para eso debemos exigir leyes para que:

1) el mínimo exento y los tramos del IRPF se ajusten igual que las pensiones;

2) quede prohibido subir las pensiones no contributivas más que las contributivas;

3) si el déficit fiscal supera el 1% del PIB, que se recorte un 5% el salario de legisladores y gobierno, incluyendo asesores y personal de confianza; si supera el 2%, el recorte sería del 10%; si supera el 3%, se recortaría un 15%; recortes a todo nivel: nacional, autonómico, provincial y local;

4) los salarios públicos no puedan subir más que el salario medio del sector privado; 

5) si el déficit fiscal supera el 1% del PIB, los salarios públicos suban igual que el salario medio privado menos 0,5%; si es mayor del 2%, se restaría 1%; si supera el 3%, los salarios públicos no se incrementan y se congelan las plazas públicas; esto también aplicaría a todo nivel; 

6) mientras el sistema de pensiones esté en déficit, las pensiones se ajusten según IPC o salarios privados, lo que sea menor. Si el déficit fiscal supera el 2%, el incremento se reduce 0,5%; si es más del 3%, no hay ajuste;

7) cada vez que el déficit fiscal exceda el 3%, la licitación pública quede paralizada;

8) si el déficit supera el 2%, los miembros del gobierno sean inelegibles para otra legislatura; si excede el 3%, además, todos los miembros del gobierno y los diputados que votaron la investidura paguen una multa equivalente al 15% de sus ingresos anuales.

En su primer año de gobierno, Javier Milei convirtió un déficit del 5% en un superávit de 0,3%, algo supuestamente «imposible», porque la eliminación del déficit es una cuestión de decisión política y convicción. Como no podemos contar con que los políticos españoles hagan algo así, los ciudadanos debemos exigir leyes que nos protejan. 

La intención no es perjudicar a nadie, sino aumentar el costo político del déficit fiscal. En lugar de permitir el derroche de la casta estatista, crear mecanismos para que el déficit fiscal tenga consecuencias que disparen la ira popular. En lugar de 11 millones de pensionistas y 3 millones de empleados públicos ajenos a la debacle de las cuentas públicas, convertirlos en guardianes contra el gasto y el déficit por su propio interés. Antes de que sea demasiado tarde.