Estatismo + comunismo = reducción de jornada laboral
«España tiene la tasa de paro más alta de Europa: 10,6% en el cuarto trimestre del año pasado, pero llega a 24,9% en el caso de los menores de 25 años»
Oficina de empleo. | Europa Press
España tiene la tasa de paro más alta de Europa: 10,6% en el cuarto trimestre del año pasado, pero llega a 24,9% en el caso de los menores de 25 años. Sin embargo, esa tasa de paro subestima la proporción real de parados: la misma surge de contar 2,6 millones de parados, cuando en verdad son cuatro millones.
No es «fango», son datos oficiales. Sume el lector conmigo los datos de paro de enero último: 2,6 millones de parados registrados (los únicos que tiene en cuenta el gobierno), más 362.800 parados de «disponibilidad limitada», más 196.100 «otros no ocupados», más 16.400 personas en ERTE, más 859.800 fijos discontinuos inactivos. Los grupos que el gobierno cuenta aparte suman 1,44 millones de parados. Si le añadimos los 2,6 millones de parados registrados, llegamos a 4,04 millones de parados efectivos.
Del lado del empleo, el Gobierno se autofelicita por el máximo histórico de más de 21 millones de afiliaciones a la Seguridad Social. Omite reconocer que uno de cada cuatro empleos creados en los últimos cinco años es del sector público. Además, hay 1,7 millones de subocupados (trabajan a tiempo parcial, quieren trabajar más horas, pero no encuentran donde hacerlo) y 582.400 pluriempleados. Los asalariados con contrato temporal o fijo discontinuo son 3,6 millones. Así, casi el 30% de los asalariados tiene algún tipo de problema laboral.
Eso no es todo. El número de «ocupados que no trabajan» continúa en ascenso. En el cuarto trimestre fueron 1,2 millones. Es más, por ejemplo, que en el segundo semestre de 2020, en plena pandemia. Eso ocurre por la saturación del servicio de salud, que lleva a retrasar intervenciones quirúrgicas y citas con especialistas, por lo que las bajas médicas duran cada vez más.
Si explicáramos a alguien ajeno a la realidad española este cuadro de situación, seguramente diría que la prioridad debería ser aumentar el empleo y bajar el paro. Para ello recomendaría, por ejemplo, reducir los costes de contratación, bajar las cotizaciones sociales, cambiar el sistema de indemnización por despido, mejorar la legislación laboral imitando las mejores prácticas de otros países europeos, potenciar la formación, facilitar la incorporación de aprendices y becarios, u otras medidas similares.
Lo increíble es que, para el Ministerio de Trabajo, la prioridad no sea esa, sino tener media hora más por día “para llamar a las amigas”. En lugar de atender el problema de cuatro millones de personas que disponen de 24 horas al día para hacer lo que puedan (están desocupados) o de los que quieren trabajar más y no encuentran donde, la ministra Yolanda Díaz antepone lo que cree que más sirve a sus objetivos políticos.
El 93% de las empresas españolas son micropymes con una media de 2 ocupados cada una. Si sumamos las empresas con hasta 50 empleados, tenemos al 98,9% del total de empresas: 3 millones de firmas en las que trabajan casi 9 millones de personas. Esas empresas, golpeadas por el aumento de las cotizaciones sociales, la subida del 81% del salario mínimo desde 2016, crecientes regulaciones y mayores tipos de interés, entre otras cosas, tendrán ahora que asumir un aumento salarial compulsivo, porque el gobierno les obligará a mantener las remuneraciones en su nivel actual aunque la semana laboral se acorte un 6,25%.
El valor de esa confiscación rondará los 14.000 millones de euros anuales. A eso se puede sumar el valor de la producción perdida (al trabajarse menos, se producirá menos). Una pérdida que ascendería hasta € 34.000 millones anuales. Así, la media hora “para llamar a las amigas” costará a la economía unos € 48.000 millones por año (el 3% del PIB).
El problema del estatismo es que el gobierno se entromete en cada vez más aspectos de la vida, incluso para imponer cambios empobrecedores. El problema adicional en la España de hoy, es que el PSOE abrió las puertas del poder al comunismo e hizo propia su agenda extremista: la destrucción de valor que nos preocupa es precisamente lo que alienta a Yolanda Díaz que, como es marxista, cree que los empleados son explotados. Por eso, cuanto más grande el coste para las empresas, para ella es mejor. Por más que sea impensable que España pueda funcionar sin los bienes, los recursos y el empleo que cada día generan nuestras empresas.
