Desmontando la economía dopada
El consumo público supone más del 27 por ciento del PIB y es la rúbrica que más creció, el 4,9 por ciento
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz. | Gabriel Luengas (Europa Press)
Con los barullos creados por Donald Trump, parece que no tuviéramos más problemas que los derivados de la errática gestión del presidente norteamericano y del impacto de sus amenazas, de sus decisiones y de sus reculadas. Con toda esa hojarasca por delante pueden pasar inadvertidas algunas cuestiones que en otros momentos hubieran sido objeto de atención pública.
Algunos hemos utilizado el término de economía dopada para explicar buena parte de la ejecutoria económica del país en los dos últimos años. Pues bien, el Boletín Económico del Banco de España en el que la entidad expone sus previsiones macroeconómicas para este año, rectificando al alza el crecimiento esperado hasta el 2,7 por ciento y la inflación que se resistirá a bajar del 2,5 por ciento, desliza el impacto del dopaje público en el crecimiento de la economía española en los dos últimos años.
El BE reconoce que en 2023 la aportación al crecimiento del PIB del consumo público fue nada menos que del 39 por ciento y en 2024 alcanzó el 27 por ciento. El consumo público fue la rúbrica que más se elevó entre los componentes del PIB, creciendo el año pasado el 4,9 por ciento, dato congruente con el aumento del conjunto del gasto público del 6,4 por ciento lo que, entre otros factores, ha provocado el incumplimiento del objetivo de déficit, que se ha ido al 3,4 por ciento en 2024.
Verdades y mentiras del SMI
Otra de estas materias apartadas de la actualidad hace referencia a las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), que apenas hace unas semanas era nuevo motivo de preocupación y debate. Los responsables (?) del Ministerio de Trabajo han justificado las alzas continuas desde 2019 del SMI, asegurando que prácticamente son inocuas para la generación de empleo y que los temores de los empresarios y las advertencias de los servicios de estudios son innecesariamente alarmistas.
La Encuesta de empresas españolas sobre la evolución de su actividad, correspondiente al I Trimestre de este año, que realiza el Banco de España, recoge unos datos que ponen de manifiesto no solo la incidencia real de la subida del SMI en las empresas, sino también las falsedades argumentales en las que el Ministerio de Trabajo incurre una y otra vez para justificar la escalada del SMI.
Según las respuestas de un campo de más de 15.000 empresas que abarca la encuesta, la subida del SMI obliga al 32 por ciento de las empresas a reducir sus márgenes, lo que implica menores posibilidades de inversión y un 26 por ciento a trasladar a los precios de venta el aumento del coste laboral, lo que añade presiones inflacionistas en el sistema.
La afectación de las empresas por el aumento del SMI es muy diversa en el parque empresarial español. El 76 por ciento de las empresas tienen una incidencia baja de SMI en sus nóminas, pero de ellas, el 15 por ciento redujeron contrataciones que tenían previstas. El 13 por ciento de las empresas declara una incidencia media de empleados afectados por el SMI, lo que se tradujo en que el 34 por ciento de esas empresas redujo sus contrataciones. Por fin, el 11 por ciento de las empresas declara que sufre una incidencia alta del SMI en su masa laboral. Estas redujeron sus contrataciones el 43 por ciento. Resumiendo, que el 21 por ciento de las empresas cortó nuevas contrataciones por culpa de la subida sistemática del SMI y el 10 por ciento de las empresas recortó la plantilla vía despidos.
Cataluña pide dinero nuevo al FLA
Otro asunto convenientemente enterrado por la socorrida apelación a la actualidad impuesta por las veleidades de Trump es el de la financiación autonómica. La sonrojante reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un organismo cuyo funcionamiento es manifiestamente mejorable, parece haber dejado zanjado el asunto de las quitas de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, aunque difícilmente se pueda llevar a cabo el trasvase de deuda de las comunidades al Estado antes del mes de diciembre.
Apenas se ha producido el acuerdo en la materia, Cataluña, la más beneficiada, pide dinero nuevo al FLA, nada menos que 8.500 millones de euros. Suena a sarcasmo. La explicación es que esta comunidad autónoma tiene que pagar vencimientos pendientes en bonos y créditos a largo plazo, para los que no dispone de recursos ordinarios, lo que es congruente con las pésimas calificaciones de la deuda catalana en los mercados financieros. Así que, antes de que el Estado asuma la quita, habrá de poner dinero otra vez.
A esto es a lo que llaman arreglar las cosas.
