Otro plazo sin cumplir

A menos que se produzca un milagro, concluirá el primer trimestre del año dentro de una semana, con un nuevo incumplimiento del Gobierno en la presentación de presupuestos generales del Estado para 2025. Pedro Sánchez se emplazó a sí mismo en esta fecha para presentarlos. Nos tememos, a ocho días vista, que no lo hará. 

Esta semana hemos asistido en el Congreso de los Diputados a una nueva práctica de filibusterismo parlamentario cuando la Mesa del Congreso impidió que se debatieran las enmiendas introducidas en el Senado a un proyecto de Ley de Desperdicio alimentario, mediante el veto extemporáneo del Gobierno. Hasta aquí nada muy novedoso de la subordinación de la Cámara Baja a las necesidades del Gobierno (o si se quiere del sometimiento del legislativo al Ejecutivo). Lo que es verdaderamente clamorosa es la justificación del veto extemporáneo, que aduce ¡motivos presupuestarios! 

Y esta circunstancia se produjo en menos de 24 horas de que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, en sus funciones añadidas de portavoz del Gobierno, reconociera que «es muy difícil» aprobar unos presupuestos para este ejercicio, sacudiéndose la responsabilidad del Gobierno al afirmar que «somos perfectamente conscientes [de] que no depende solamente del Gobierno de España y somos también muy conscientes de la complejidad parlamentaria». 

Perdónenme una divagación intrascendente, que diría Jardiel Poncela. La señora Alegría es una más de los miembros del Gobierno que ha añadido a sus obligaciones como ministra la dirección del Partido Socialista en la comunidad autónoma de la que es originaria, Aragón. La incapacidad para poner en pie unos presupuestos en tiempo y forma puede estar motivada, aunque no justificada, por la dedicación de los miembros del Ejecutivo a las tareas de partido, especialmente a la secretarías generales en distintas comunidades autónomas, como la citada Pilar Alegría, como Diana Morant Ripoll, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del Partido Socialista valenciano o la de la propia María Jesús Montero, verdadera multiusos de Sánchez como vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y Función Pública, vicesecretaria del PSOE y secretaria general del Partido Socialista de Andalucía desde el mes de enero.

Volviendo a lo principal. Aducir motivos presupuestarios para tumbar las enmiendas del Senado a un proyecto de ley roza lo inconstitucional, cuando los presupuestos vigentes, después de dos prórrogas, son ya irreconocibles tras dos años de decretazos y excepcionalidades. Dudo, sinceramente, que el propio Ministerio de Hacienda sepa a ciencia cierta qué queda en vigor de aquellos presupuestos de 2023 para administrar en este 2025.

Lo anecdótico de la transgresión parlamentaria de esta semana no puede ocultar lo sustantivo, que es que Pedro Sánchez vuelve a incumplir su compromiso con los ciudadanos, vuelve a demostrar su incapacidad para gobernar, que es, fundamentalmente, administrar los recursos del Estado y coloca al país en una situación en la que el mangoneo presupuestario está servido, al no publicarse el presupuesto vigente, que es una nebulosa para el común de los ciudadanos y que hace prácticamente imposible el control de las cuentas públicas.