La presión tributaria es once puntos mayor de lo que se cree

Por simplicidad, suele medirse la presión tributaria como un porcentaje del PIB. Se hace así porque se supone que el PIB es una buena aproximación de la base imponible general, es decir, de la capacidad contributiva de una economía. Sin embargo, es un método que subestima la verdadera presión tributaria, favoreciendo el aumento del tamaño del estado (siempre con minúscula). Por lo tanto, es un método que, aunque simple, va contra la libertad.

El PIB se mide “a precios de mercado”, que son los precios a los que efectivamente pueden comprarse los productos y servicios finales producidos durante un año. El PIB es el valor total de todos esos productos y servicios finales.

Como es sabido, esos precios finales incluyen el IVA y, en el caso de ciertos bienes, también Impuestos Especiales. Como parece evidente, la porción del PIB que está constituida por impuestos no forma parte en verdad de la capacidad contributiva. Peor aún: cuanto mayor sea el peso del IVA y de los impuestos especiales en los precios de una economía, mayor será la discrepancia entre el PIB y la capacidad contributiva real de aquella.

Cuando se mide desde el ángulo del valor añadido, el PIB es la suma de los salarios brutos, los impuestos y el “excedente bruto de explotación”, que es una categoría que se estima por diferencia y que reúne las ganancias empresariales, las rentas de los autónomos y rentas por alquileres, entre otras. El problema en este caso es que entre los salarios brutos se incluyen las remuneraciones de los empleados públicos. Bien analizado el tema, la remuneración de los empleados públicos tampoco forma parte de la capacidad contributiva de una economía, sino que son parte de la carga que tiene que financiar el sector privado.

La explicación es sencilla: los empleados públicos, en verdad, no pagan impuestos. Aunque ellos también ven en su nómina una retención por IRPF, se trata de una retención que en rigor es un descuento sobre una remuneración bruta financiada totalmente con impuestos pagados por el sector privado. Cuanto mayor el peso del sector público, más deficiente es el PIB como medida de la capacidad contributiva de la economía. 

Hay un tercer problema. Desde hace unos años, las cuentas económicas incluyen una estimación de las actividades ilegales, como el tráfico de drogas o la prostitución. Es obvio que las actividades ilegales tampoco forman parte de la capacidad contributiva de la economía porque, precisamente, son ilegales, entre otras cosas, por no pagar impuestos.

Si quitamos el PIB estos tres elementos que no forman parte de la capacidad contributiva de la economía (los impuestos indirectos incluidos en los precios, las remuneraciones del sector público y las actividades ilegales), llegamos a lo que podríamos llamar el “Valor Añadido Bruto privado formal”. Una medida mucho más representativa de la capacidad contributiva de la economía que el PIB.

Este VAB privado formal es, de media en los últimos 15 años, al menos un 25% menor al PIB. Digo “al menos” porque utilicé el supuesto moderadísimo de que las actividades ilegales solo suponen el 3% del PIB. Entonces, la misma recaudación por impuestos y cotizaciones sociales tiene un peso mucho mayor al que se cree, lo que va en sintonía con la sensación de asfixia (expolio) que siente gran parte del sector privado.

En 2024, mientras la presión tributaria con relación al PIB fue 36,8% (máximo histórico, 3 puntos porcentuales más que antes de que Pedro Sánchez entrara a La Moncloa por la ventana), la misma con respecto al VAB privado formal alcanzó a 48,1%. La verdadera presión tributaria es más de 11 puntos porcentuales mayor a lo pensado. 

Si utilizamos los datos medios del período 2010-2024, encontramos resultados similares: una presión tributaria de 34,4% con relación al PIB, pero de 45,6% cuando usamos como base de comparación el VAB privado formal.

Cuando decimos que el Gobierno se lleva la mitad, de media, de nuestros salarios y rentas, no estamos exagerando. Es la tristísima realidad. Una realidad que es aún peor, porque además de impuestos y cotizaciones sociales, el estado recauda tasas y multas, lo que eleva la proporción de la riqueza generada por el sector privado que es apropiada por el Gobierno.

Lo más increíble es que aún haya quien crea que este expolio continuado tenga algo que ver con el “progreso”, la “justicia social” y con “hacer España”.