La 'federalización' de Cataluña, detrás de la convocatoria de Sánchez a los barones

El Gobierno toca a rebato para que las comunidades autónomas opten “voluntariamente” por participar en la transferencia de deuda contraída con el Estado, que pasaría a engrosar la deuda del propio Estado. Se trata de un trasvase de 83.000 millones de euros. El jueves pasado se inició, además, el periodo de consulta pública previa, convocada al efecto por el Ministerio de Hacienda, justo unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocara la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas, que se celebrará el día 6 de junio en Barcelona, prácticamente en tres semanas.

Este apelotonamiento de acontecimientos ha sorprendido a muchos, entre los que me encuentro, pero todo tiene una explicación que, sin ser fácil ni asumible, nos lleva de nuevo a los problemas del Ejecutivo para sacar adelante algún que otro proyecto político, especialmente los que tienen que ver directamente con su dependencia de los votos catalanes en el Congreso de los Diputados.

Vamos por orden. La consulta pública de Hacienda se fundamenta con alambicados argumentos sobre las causas que han conducido a algunas comunidades autónomas a mantener una deuda elevada, causas que se retrotraen a la crisis financiera 2008-2012 y al sistema de ayudas gubernamentales derivado de la pandemia de covid-19.

En ninguno de los argumentos ofrecidos para justificar la propuesta de quita se menciona la deficiente financiación autonómica estructural, que algo tendrá que ver cuando entre las comunidades autónomas más endeudadas figuran la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, reconocidas en múltiples informes como infrafinanciadas, junto con Murcia y Andalucía.

Se han tomado su tiempo los redactores de la convocatoria de consulta para subrayar que aceptar la quita es un acto voluntario, pero sin dejar de advertir que la propuesta solo se puede aceptar completa, tal como salga de los telares gubernamentales. O sea, como las lentejas, o las tomas o las dejas. Y para que sea más claro, el Ministerio de Hacienda señala que “no existe posibilidad de alcanzar finalidades parecidas mediante soluciones alternativas o de carácter no normativo”. O lo que es lo mismo, no habrá segundas oportunidades y negociación posible.

De repente el Gobierno que aprobó los indultos y las amnistía por las buenas ha descubierto las apelaciones al pueblo, una especie de asambleísmo cibernético sin que sepamos muy bien qué se propone con ello, sabiendo de antemano que el CIS dirá que los españoles quieren exactamente lo mismo que el señor Sánchez, en cualquier caso.

Y hablando de Sánchez, entra aquí su convocatoria para el 6 de junio en Barcelona. Tres semanas para pactar el orden del día con los representantes de las comunidades autónomas. La premura del llamado presidencial se explica porque el 30 de junio expira el plazo para la puesta en marcha de los compromisos contraídos por el señor Sánchez, el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña en julio de 2024, para dotar a Cataluña de un sistema fiscal propio y una administración tributaria diferenciada del resto de España. Las reuniones para perpetrar esta decisión se han venido produciendo durante prácticamente un año, con periodicidad quincenal.

El presidente del Gobierno quiere tener amordazadas a las comunidades autónomas a base de limpiar sus cuentas para llevar a cabo su modelo de cupo para Cataluña y atribuir a esta comunidad autónoma un estatus federalizado, saltándose, como en no pocas ocasiones de su mandato, lo dispuesto por la Constitución vigente.