Auditorías de infarto

Hace ya muchos años nació periodísticamente la expresión de auditorías de infarto, a partir de una frase de Felipe González, que nada más acceder al poder anunció que se iba a proceder a encargar auditorías sobre las cuentas de los gobiernos de UCD, auditorías que provocarían algún infarto. Los periodistas, en nuestro afán por simplificar los titulares lo dejamos en auditorías de infarto. 

Nunca supimos el resultado, si lo hubo, de aquellas auditorías a pesar de los años que Felipe González estuvo en el poder. El primer presidente de un Gobierno socialista creo que falló el tiro. Porque, entonces, los posibles casos de corrupción, desviación de dinero público y prácticas contra los intereses económicos del Estado se desenvolvían en el terreno movedizo de la desconfianza entre los nuevos políticos democráticos y unas administraciones heredadas en su práctica totalidad del sistema franquista. 

Cada turno político se ha iniciado, desde entonces, con algún anuncio de auditorías de infarto para el Gobierno precedente, con la variante de que se ha desviado la atención pública a la financiación de los partidos políticos más que al quebranto real de las cuentas públicas de todas las administraciones. Y así hemos llegado al absurdo de que el enriquecimiento ilegítimo de políticos en ejercicio (bien en el poder, bien en las estructuras de los partidos) no perjudican las cuentas públicas, cuando lo cierto es que los dineros fraudulentos vienen siempre de una administración.

En los funestos casos que ocupan y preocupan a la opinión pública en la actualidad se habla con soltura de millones de euros que fulano cobró como comisiones de negocios en los que una parte siempre es una administración; la parte que pierde el dinero sin remedio. El contratista que paga esas comisiones a políticos venales no saca el dinero de su bolsillo y, si lo hace, lo recupera luego con la contrata fraudulenta.

La enfática propuesta del presidente Sánchez de hacer una auditoria externa a su propio partido carece de mérito alguno. Él mismo señaló en su compungida comparecencia del jueves que el Tribunal de Cuentas ha auditado las cuentas del PSOE, como las de todos los partidos que concurren a elecciones, y no ha hallado anomalías relevantes. Pero es que ese no es problema actualmente planteado.

En los hechos más clamorosos de estos tiempos no hablamos de financiación ilegal del Parido Socialista, al menos hasta ahora, sino de enriquecimiento ilegítimo de personalidades del partido y sus entornos. Hablamos de vulneración flagrante de la legalidad, hablamos de contrataciones de las administraciones públicas fraudulentas y de personajes a los que llamamos empresarios que obtienen más beneficios cuanto más perjudican al erario. 

Dijo el presidente del Gobierno en la mencionada comparecencia que los casos de corrupción “no están afectando al Gobierno de España”. Sin forzar demasiado los argumentos, podríamos deducir de esta afirmación que al Gobierno de España no le importa que unos sujetos le roben el dinero del que dispone para atender a sus obligaciones con los ciudadanos. Obviamente, el presidente se refería solo al Consejo de Ministros, pero es que, en este caso, tampoco es cierto, a tenor de las reacciones de su socio en el ejecutivo y sus aliados en el parlamento.

La inestabilidad política no es un incentivo económico. Mucho menos si cunde la idea de que para hacer negocios en España hay que pasar por un fielato político que exige comisiones al margen de la legalidad.