Contra el asalto a la Justicia

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han anunciado una huelga a partir del 1 de julio, es un hecho sin precedentes. La Justicia está en alerta roja, las propuestas de reforma del ministro Félix Bolaños son como una hidra siniestra que trepa hacia ella, lista para estrangularla y ponerla al servicio del Poder. 

Los hallazgos de las últimas semanas han puesto al desnudo el falso catecismo progresista del Gobierno, como a aquel rey vanidoso del cuento de El traje nuevo del emperador. Mientras ponían a la venta las instituciones del Estado en su rastrillo de Suiza para mantener el poder, y contener «a la derecha y la ultraderecha», en realidad lo estaban usando para hacer trampas y negocios. Hasta los más fervorosos socialistas deben estar vomitando, imaginando a Santos Cerdán en Suiza, condonando deudas a Puigdemont o negociando la amnistía, y saliendo, de vez en cuando, al pasillo, para atender con el móvil los detalles de sus trapicheos con el Ministerio de Ábalos, o el Gobierno de Navarra, y controlar los sobres con las mordidas. Un miserable pluriempleo. Pueden seguir con el caso Leire y los intentos de soborno o chantaje sexuales a un fiscal de la Audiencia Nacional para echar tierra sobre los asuntos de sus socios. Por hacer trampas, hasta parece que las hubo en las primarias del PSOE que permitieron a Pedro Sánchez imponerse a Susana Díaz en 2017.  

El enorme tentetieso de marketing del Gobierno se ha derrumbado. Gran parte de la sociedad reclama su dimisión y elecciones. Pero todos sabemos que no las habrá. Si alguien espera que Pedro Sánchez deje el poder, abochornado, y se marche, empaquetando en su carromato, –como si fueran muñecos de un prestidigitador abucheado por el público–, a sus García Ortiz, Tezanos, Leires, Pumpidos, Abalos, Cerdanes etc., y demás personajes de su ecosistema, se equivoca. El presidente ha dado muestras suficientes de estar dispuesto a llevarse el Estado por delante, antes de dejar el Poder. Sus socios parlamentarios se relamen y estudian, calculadora en mano, cómo optimizar su botín.   

Pero, ahora que las investigaciones judiciales al entorno del Gobierno y su partido van a dar un salto cualitativo y los jueces, presumiblemente, van a empezar a aporrear las puertas del Poder, el plan del Gobierno para desmantelar la Justicia se ha convertido, no solo en su prioridad absoluta, sino en una cuestión de supervivencia.  

La perversidad del diseño del ministro Bolaños deja a El Príncipe de Maquiavelo, a la altura de un libro para niños.  

«Ahora que la Fiscalía General se arrastra por las alfombras del Gobierno, la acusación popular es más imprescindible que nunca»

La primera de sus balas apunta a liquidar o cuasi-liquidar la figura de la acusación popular. La acción popular está contemplada en el art. 125 de la Constitución, como una forma de intervención ciudadana en la justicia penal, al igual que el jurado. Es una figura que ha jugado un papel decisivo en muchos grandes procesos de las últimas décadas, y prácticamente, en todos aquellos que poseían una carga política o social relevante.  Muchos de estos procesos no habrían llegado a juicio, o ni se habrían iniciado, sin el esfuerzo de personas o asociaciones que desconfiaron de la independencia del Fiscal, y decidieron asegurarse, por sí mismas, de que se haría justicia.

No puede haber juicio penal sin una parte que formule y mantenga una acusación. Ahora que la Fiscalía General ha tocado fondo, y se arrastra por las alfombras del Gobierno, la acusación popular es más imprescindible que nunca. Sin ella, los jueces no podrán abrir juicio, ni juzgar, por graves que les parezcan los hechos, si el fiscal no lo quiere. Pensar en fiscales como García Ortiz, o en fiscales a las órdenes de García Ortiz, al frente de los procesos que afectan al entorno del Gobierno y del partido, sin que exista ninguna acusación de verdad, nos transporta a una especie de Justicia del país de nunca jamás, donde los delincuentes elegidos por el Poder, revolotearán con Peter Pan, impunes y felices.      

El texto –bautizado coloquialmente como «ley Begoña»— plantea un obsceno vaciado de la institución. Su medida estrella consiste, nada menos, que en impedir que las acusaciones populares puedan intervenir en la fase de instrucción, ni asistir a declaraciones, proponer diligencias, acceder al procedimiento, ni tampoco solicitar la apertura del juicio si no lo hacen el fiscal o la acusación particular. Como en los delitos en que intervendrían las acusaciones populares, nunca, o casi nunca, habrá acusación particular, sólo se celebrará juicio si el Fiscal lo quiere.    

Pero el plan de demolición no acaba ahí. La propuesta de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal dice querer preparar la estructura de éste para encargarse próximamente de la instrucción de las causas penales, sustituyendo a los actuales jueces de instrucción. Pero no es así. La verdad es que, en una democracia que no estuviera malherida como la nuestra, el traspaso de la instrucción a los fiscales supondría, en sí mismo, una modernización plausible del sistema, y una apuesta por un modelo presente en muchos países de nuestro entorno. De hecho, en España, desde hace un par de décadas, tanto Gobiernos del PP como del PSOE, han preparado diferentes proyectos para materializar este cambio que, por diversas razones, nunca han salido adelante.

«¿Se imaginan a García Ortiz controlando las investigaciones de la UCO, los audios de Koldo o los negocios de Begoña Gómez?»

En realidad, este traspaso siempre ha chocado con ese eterno pecado original de la Fiscalía, que supone el nombramiento de su fiscal general por el Gobierno y su estructura interna jerárquica, con muy débiles contrapesos al poder excesivo del -siempre sospechoso– Fiscal General. Pero el plan Bolaños concentra muchos más poderes en él. La Policía Judicial, UCO incluida, estaría bajo el mando de la Fiscalía. ¿Se imaginan a alguien como García Ortiz ordenando y controlando las investigaciones de la UCO, los audios de Koldo o los negocios de Begoña Gómez? Naturalmente, seguirá habiendo, como ahora, una mayoría de fiscales honestos, pero la cadena de mando es la cadena de mando y cualquier fiscal contestón podrá ser relevado, sin más, de la instrucción de una causa penal.  

El estofado gubernamental se completa con la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, estableciendo vías de acceso poco claras y que pueden abrir la puerta a la entrada, más o menos discrecional, de personas próximas al Gobierno de turno. De momento, próximas al Gobierno que tenemos. Es imposible no acordarse de aquellos «jueces del cambio» por los que suspiraba hace unos años Pablo Iglesias, «comprometidos con el programa del Gobierno». Neutralizadas las causas penales molestas, sometida la Policía Judicial y, descartada la opción de que fiscal honesto o un acusador popular inoportuno puedan interferir en los deseos del tándem Gobierno-Fiscalía-General. ¿Por qué no ir más allá y controlarlo todo?  

Vivimos momentos críticos de nuestra historia democrática y nuestro Estado de derecho está en riesgo real de desaparecer. El sanchismo es ahora un león herido, que conserva su poder, tiene las instituciones inundadas de activistas y mantiene el apoyo de sus pedigüeños socios. Los hallazgos de las últimas semanas y sus probables consecuencias judiciales auguran una alocada huida hacia adelante. Los ataques al Poder Judicial -hasta ahora, fundamentalmente verbales- han dado paso a un asalto en toda regla, con fuego real y artillería. Es muy probable que lo peor esté por llegar. Hay que mantener la guardia alta, y cerrar filas con el Estado de derecho.