La corrupción es un fenómeno estatal

La cloaca que ahora sabemos que ha sido el sanchismo-leninismo desde su mismo acceso al poder, cada día apesta más y recibe nuevos excrementos de todo tipo. Entonces, van surgiendo propuestas de «regeneración», cuando simplemente queremos decir que estamos hartos de ladrones y queremos que nos gobierne gente decente.

Hagamos memoria. La corrupción no comenzó con Pedro Sánchez. La corrupción ni siquiera es un fenómeno exclusivamente socialista. Peor aún: lo más probable es que el próximo gobierno también sea corrupto. Porque la corrupción es un fenómeno estatal.

Algunos dirán, con razón, que «no todos son iguales». Es cierto: unos son más corruptos y otros menos, unos son más sutiles y otros más descarados. Pero esas son cuestiones de grado y nosotros no queremos grados de corrupción. Queremos que se elimine la corrupción.  

Es de una ingenuidad pueril pensar que es posible tener un gobierno honesto mientras el estado (siempre con minúscula) se inmiscuya en cada rincón de la vida económica y social. Mientras la reclasificación de un terreno, el otorgamiento de una subvención, la prohibición de tal o cual material, ingrediente o procedimiento, dependa de los políticos de turno. Mientras los políticos decidan su propio salario, tengan la facultad de nombrar cuantos asesores quieran, crear el número de ministerios y secretarías que se les antoje. Mientras una regulación estatal defina si uno puede construir pisos de 35 metros cuadrados o no, si se considera «gran tenedor» de inmuebles a quien tenga tres, cinco o diez pisos, si tal o cual evento amerita una deducción especial en el IRPF o no. 

No faltará quien diga que en el sector privado también hay corrupción. La hay, pero es otra clase de corrupción: porque si el gerente de compras de una multinacional acuerda sobreprecios con sus proveedores, el problema no es de la ciudadanía, sino de los accionistas de la empresa. 

Se habla en estos días de los «corruptores», intentando exculpar a los políticos, como si fueran inocentes ‘Caperucita Roja’ embaucadas por los lobos empresarios. ¿Es que acaso es posible hacer grandes negocios sin intentar contar con el apoyo de aquellos que con una línea en un decreto pueden hacer inviable una empresa? ¿No es acaso lógico que cuando impera la arbitrariedad y los impuestos con «nombre y apellidos» (bancos y eléctricas), otros potenciales perjudicados intenten librarse? ¿No es razonable que se intente «comprar protección» cuando desde el propio Gobierno se ha llamado a los empresarios desde «estafadores», hasta «explotadores», pasando por «despiadados», «capitalistas salvajes» y tantas cosas más?

Los políticos tienen demasiado poder. La consecuencia lógica de ese poder es la corrupción. Por lo tanto, la corrupción no será eliminada hasta que no recortemos el poder de los políticos y el número de políticos. 

Cada ayuntamiento, cada concejal de urbanismo, cada empresa pública, cada ministerio, cada dirección general de lo que sea, son todas potenciales oportunidades de corrupción. Para intentar eliminar la corrupción hay que desmontar gran parte de la estructura estatal y reducir sus competencias.

De ahí que medidas realistas contra la corrupción serían, por ejemplo, reducir el número de ayuntamientos desde los 8.100 actuales a unos 2.000, limitar el número de ministerios a diez, reducir el número de diputados a 300 (la Constitución lo permite) y suprimir las normas que hacen aumentar el número de concejales y diputados autonómicos según crezca la población o, mejor aún, eliminar todos los parlamentos autonómicos y toda la estructura burocrática y duplicidades que implica la existencia misma de las autonomías.

A menos políticos, mayor el control que puede ejercerse sobre cada uno de ellos. A menos competencias gubernamentales, menor es la necesidad de pedir «favores», mayor es la libertad y mejor funciona la competencia.

Todo lo demás son recetas ya probadas y fracasadas. Todo lo demás es dejar el terreno preparado para que los futuros gobiernos también sean corruptos.