El Congreso del Partido Popular y el senegalés con 22 hijos españoles

Valga el titular de fábula para captar la atención sobre una realidad cuya emergencia es innegable. Es la tensión para el estado del bienestar causada por nuestro generoso sistema de extranjería y nacionalidad. Partamos de dos hechos reveladores recientes.

Días atrás apareció una entrevista en El País en la que un senegalés nacionalizado español protestaba por las trabas que encontraba para traer a España desde Senegal a sus 22 hijos habidos con cuatro mujeres que conviven en una casa común en Touba. Sin poder abordar aquí el aspecto jurídico de este caso, nos interesa destacar que el padre senegalés vive actualmente en Bilbao con el salario mínimo vital y que sus hijos, según declara, tendrían reconocida la nacionalidad española.

Ciertamente, se trata de un caso singular y extremo, pero sirve para abrir a reflexión el efecto multiplicador de nueva población ligado al régimen de nacionalizaciones y al de reagrupación de familiares de extranjeros residentes. 

En 2024 había 700.000 autorizaciones de residencia por reagrupación familiar en favor de extranjeros extracomunitarios, el 80% originadas por ciudadanos de la UE, la mayoría españoles nacionalizados. Cada reagrupado, una vez obtiene una autorización autónoma, puede a su vez reagrupar, lo que produce un claro efecto multiplicador de nuevos residentes. Lo anterior no permitiría, de ser necesario, limitar la inmigración a tasas muy reducidas con las normas vigentes.

En paralelo a la noticia del español de Senegal, en el marco del 21 Congreso del PP de julio y su ponencia política, destaca el reconocimiento del descontrol migratorio y la necesidad de un nuevo modelo. En las líneas dedicadas de la ponencia se lee lo siguiente:

 «Llevamos años sin ejercer un control efectivo sobre la inmigración ilegal, con fronteras desprotegidas y un sistema de regularización caótico que incentiva a las mafias que trafican con personas y a miles de migrantes a incumplir la ley. Es urgente establecer vías efectivas de entrada legal y ordenar la entrada de personas, primando la  llegada de aquellos culturalmente cercanos».

También destaca en la ponencia una voluntad de ruptura con el estado de cosas actual y de la barra libre del estado asistencial, al decir que «contribuir tiene que ser condición para permanecer. Eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas, porque la irregularidad no puede generar derechos, y condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas… Además, devolveremos al arraigo y la reagrupación familiar su carácter excepcional».

“Contribuir tiene que ser condición para permanecer. Eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas, porque la irregularidad no puede generar derechos, y condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas… Además, devolveremos al arraigo y la reagrupación familiar su carácter excepcional”.

Esta ponencia muestra, como lo hacen las encuestas de opinión, que ha madurado en la sociedad la idea sobre la urgencia de ordenar la extranjería. Hasta ahora, este cambio de modelo solo la había propugnado Vox y voces técnicas como la Fundación NEOS en su informe «Inmigración en España: buenismo o eficacia».

Es claro que España obtiene beneficio económico de la inmigración y que resulta imprescindible mientras no se corrija el déficit de natalidad. Pero también es capital cuidar con esmero de orfebre la política de extranjería. El debate debe ser cuánta inmigración necesita España, su composición de población activa, su formación y los empleos a cubrir y, en general, cuál deba ser la ratio posible de absorción para el equilibrio del estado del bienestar y la preservación de la comunidad nacional.  

A fines de 2026 alcanzaremos los 50 millones de residentes en España con un componente de cerca del 24% de la suma de nacidos en el extranjero y de sus descendientes en España. Los estudios oficiales predican la necesidad de contar con 250.000 nuevos inmigrantes anuales. Frente a este ideal numérico publicado la realidad muestra que en los tres años del período 2022-2024 se inscribieron en el padrón casi 1,9 millones de nuevos residentes nacidos fuera de España hasta totalizar nueve millones. 

Las cifras son extraordinarias, pero casi nadie se ha alarmado a pesar de las disfunciones crecientes: alta tasa de paro frente a las vacantes no cubiertas en varios sectores; baja tasa de actividad en ciertas comunidades, extranjerización de algunos barrios y ciudades, aumento de ciertos delitos, mayor fracaso escolar, la endogamia y el diferencial de renta con las familias españolas. También es evidente la presión sobre los servicios públicos, el mercado de la vivienda, y la competencia a la baja en los salarios.

De los 542 mil nuevos residentes nacidos en el extranjero de 2024, podemos estimar que sólo llegaron por vía legal y ordenada el 36% (50.000 por visado de trabajo, 55.000 por reagrupación familiar y 90.000 por estudios). El resto de 347.000 se reparten entre los llegados en patera (67.000), los extranjeros nacionalizados españoles desde su país que se mudan a España, y los iberoamericanos que tras llegar piden asilo (130.000) o permanecen irregulares (sin datos oficiales) tras agotar el visado de turista

Hasta ahora, se ha permitido el aluvión sin control ni selección de los inmigrantes en función de las necesidades del país. Llega quien quiere, todos se acogen al estado asistencial desde el primer día y no se expulsa a casi nadie. No se controlan las llegadas ilegales por patera ni hay capacidad para repatriar a los que llegaron así (sólo 500 de 67.000 en 2024). Todo el sistema se construye para permitir la irregularidad hasta sumar dos años de residencia y obtener autorización con el sistema ordinario de regularización vía arraigo o por leyes de regularización extraordinaria. 

Hasta el quinto año los extranjeros sólo necesitan justificar que han cotizado seis meses por año, pues esto les permite apuntarse como demandante de empleo y renovar el permiso. A partir del quinto año obtienen autorización de larga duración lo que les permite residir indefinidamente, trabajar y recibir ayudas y rentas de garantía en las mismas condiciones que los españoles. Sólo se pierde esta autorización en casos muy singulares por ausencias prolongadas del territorio de la UE o por cometer delitos importantes y no justificar un arraigo que enerve la expulsión.

Este estado de cosas es el que aconseja restringir el acceso universal de irregulares al estado del bienestar y eliminar las múltiples vías de regularización por arraigo que se han facilitado hasta el infinito. En paralelo, es preciso aumentar los requisitos de rentas, contribución y cotización para la permanencia en España de los residentes extranjeros y para el mantenimiento de familiares a reagrupar.

Desde otro flanco, es preciso revisar críticamente la facilidad con la que se obtiene la nacionalidad española, más de 2,5 millones desde el año 2000, un millón desde 2019 hasta hoy. Es claro que el régimen previsto en el artículo 22 del Código Civil para obtener la nacionalidad nació cuando la inmigración era en nuestro país algo marginal y no se concebía esta nueva realidad. 

El cambio a adoptar pasa por revalorizar la ciudadanía española modificando el Código Civil con el aumento en al menos cinco el número de años de residencia necesarios para obtener la nacionalidad en cada una de las modalidades (general 10+5; por matrimonio 1+5; y para iberoamericanos 2+5). También puede premiarse, exigiendo umbrales menores de tiempo de residencia, a aquellos extranjeros que realicen servicios militares, civiles o de voluntariado para la comunidad. 

La residencia de larga duración ya iguala a extranjeros con españoles en casi todos los derechos excepto en el derecho de voto y en la posibilidad de ser expulsados. Obtener la nacionalidad en períodos cortos de tiempo y, en muchos casos, sin haber siquiera cotizado o pagado a la hacienda pública no parece justo respecto a los autóctonos ni un sistema muy pedagógico para conseguir unos nuevos ciudadanos responsables. 

Por otra parte, debemos tener presente que en otros países residen permanentemente más de tres millones de personas con nacionalidad española. Pero no se asusten, no es el temido éxodo de jóvenes profesionales pues éste sólo implica como mucho a unos 15.000 anuales según estimaciones de Alejandro Macarrón Larumbe. 

El PERE -Padrón de españoles residentes en el extranjero- lo forman principalmente los descendientes de emigrados en el siglo XX, que van transmitiendo de padres a hijos la nacionalidad española si bien la mayoría tiene doble nacionalidad. Los nacidos en España ya sólo son el 25%.

Este colectivo del PERE, que puede votar en España en todas las elecciones, no tiene hoy día apenas vinculación social con España ni contribuyen al fisco ni han viajado al país. Muchos lo hacen por primera vez para establecerse en España usando la nacionalidad  

El PERE aumentó mucho desde 2015 (medio millón desde 2019) producto de las facilidades otorgadas por Ley a sefardíes y  a brigadistas de la guerra civil y sus descendientes, aun sin saber español. Todo con la finalidad de reparar «deudas históricas». También sigue aumentando el PERE por la Ley de nietos de 2022 cuyo equivalente italiano acaba de ser derogado al considerar el Gobierno que estaba siendo usado para fines impropios.

Por consiguiente, es preciso tener en cuenta que existen tres millones de españoles en reserva quienes, en caso de necesidad, podrían venir a residir a España de pleno derecho y acogerse al estado del bienestar.  

En el caso español también es preciso someter a revisión la lógica y la justicia de estos sistemas de adquisición de la nacionalidad sin residir en España y sin haber aportado nada a la comunidad nacional.

Parece pues llegada la hora de modificar en profundidad el modelo de nacionalidad y extranjería. Es urgente planificar y modificar las normas necesarias para conseguir un tamaño y composición equilibrada de la comunidad nacional de residentes. En particular, se debe garantizar el porcentaje necesario de población activa empleada que pueda soportar el estado del bienestar en España para el conjunto de población no activa.