¿Marcha verde sobre Ceuta y Melilla a la vista?

El 6 de noviembre de 1975, el mundo asistió a un espectáculo insólito: 350.000 civiles marroquíes, convocados por el rey Hasán II, cruzaron la frontera del Sáhara Español en una maniobra bautizada como la «Marcha Verde». Sin disparar un solo tiro, Marruecos se apropió de un territorio que España, debilitada por la agonía de Franco, no pudo o no quiso defender. A pocos meses de que se cumplan 50 años de aquel episodio, la pregunta que resuena en el aire es si aquella estrategia audaz podría repetirse, esta vez con las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla como objetivo. No se trata de una especulación ociosa: los tambores de una nueva marcha resuenan en la prensa, en los discursos y en las maniobras de Rabat, mientras España parece atrapada entre la ingenuidad y la sumisión. La historia nos enseña que Marruecos sabe aprovechar los momentos de debilidad ajena, y el contexto actual –geopolítico, simbólico y estratégico– podría ser el caldo de cultivo perfecto para un nuevo desafío. ¿Estamos ante una amenaza real o ante una herramienta más de presión en el tablero de Mohamed VI? Analicemoslo con detalle.

La Marcha Verde de 1975 («Marcha Negra» para los saharauis) fue una lección de cómo la presión demográfica y la propaganda pueden doblegar a un adversario sin recurrir a las armas. España confirmó su decisión de descolonizar el Sáhara Occidental, cesando sus responsabilidades como Potencia Administradora mediante el Acuerdo Tripartito de Madrid, abandonando a su suerte a los saharauis y dejando un conflicto que aún hoy sangra. Aquella victoria marcó el imaginario marroquí: cada 6 de noviembre, el «Día de la Marcha Verde» se celebra como una gesta nacional, un recordatorio de que el reino alauí puede lograr sus objetivos territoriales con tácticas no convencionales. En 2025, el 50º aniversario de aquel evento añade una carga simbólica irresistible. ¿Qué mejor manera de culminar la visión de Hasán II que extenderla a Ceuta y Melilla, los enclaves que Marruecos reclama como parte de su «Gran Marruecos»? El paralelismo es inquietante, y los indicios sugieren que Rabat podría estar preparando el terreno.

Las relaciones entre España y Marruecos en 2025 reflejan una asimetría creciente. A primera vista, ambos países comparten intereses comunes: control migratorio, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, cooperación económica. Sin embargo, bajo esa fachada de buena vecindad, Marruecos ha ganado la partida diplomática una y otra vez, mientras España da la impresión de ceder terreno sin apenas resistencia. La crisis migratoria de mayo de 2021 en Ceuta, cuando Rabat permitió la entrada de más de 9.000 personas como represalia por la hospitalización de Brahim Gali, líder del Polisario, fue un aviso claro. Sánchez, en lugar de responder con firmeza, optó por la pasividad y, poco después, destituyó a la ministra de Exteriores Arancha González Laya por alguien más alineado con Rabat, José Manuel Albares.

El giro histórico vino en 2022, cuando España abandonó su neutralidad sobre el Sáhara Occidental y respaldó el plan de autonomía marroquí, una decisión envuelta en secretismo y sin refrendo parlamentario. Este volantazo, que rompió con décadas de política exterior, fue interpretado como un intento desesperado de apaciguar a Mohamed VI tras la humillación de Ceuta y el escándalo del espionaje con Pegasus, que infectó los teléfonos de Sánchez y Margarita Robles en plena crisis. Marruecos no solo salió victorioso, sino que consolidó la percepción de España como un objetivo asequible. El episodio Pegasus debería haber encendido todas las alarmas. Pero en lugar de enfrentarse a los hechos, el Ejecutivo optó por el silencio y el acercamiento. Un acercamiento que, lejos de frenar las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, las ha envalentonado. Basta recordar que en 2023, el presidente del Senado marroquí, Naama Miyara, expresó su intención de «recuperar» Ceuta y Melilla, calificándolas como «ciudades ocupadas» y abogando por su reintegración a Marruecos mediante negociaciones con España. 

Dos años después, en julio de 2025 (es decir, hace muy pocos días), esta retórica se ha intensificado con la reactivación del «Comité para la Liberación de Ceuta, Melilla y las Islas Adyacentes», ahora rebautizado como «Coordinadora Nacional para la Defensa de las Causas del Reino de Marruecos». Liderado por el exparlamentario Yahya Yahya, este grupo organizó una reunión en Fnideq (Castillejos), cerca de Ceuta, para planificar una marcha simbólica hacia las ciudades autónomas españolas, inspirada en la «Marcha Verde» de 1975 que Marruecos empleó para reclamar el Sáhara Occidental.

La acción incluyó una protesta frente al islote de Perejil, escenario de del conflicto bilateral entre Marruecos y España de 2002, con el objetivo de reafirmar las reivindicaciones territoriales marroquíes. Estas tensiones diplomáticas se vieron agravadas por el cierre unilateral de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, que ya en 2018 clausuró la aduana de Melilla y en 2025, pese al triunfalismo del ministro Albares, mantuvo restricciones severas, limitando el comercio a un tráfico mínimo de mercancías como frutas y áridos, con apenas un camión por semana en Melilla y una transacción cada tres días y medio en Ceuta desde su primera apertura en febrero de 2025. Este cierre, justificado por Marruecos como una medida temporal durante la Operación Paso del Estrecho, ha sido denunciado por empresarios locales como una estrategia de asfixia económica, incrementando la presión sobre las ciudades autónomas. Además, la presencia de un representante del Frente Polisario en el congreso del Partido Popular español en 2025 exacerbó el conflicto, alimentando las acciones simbólicas y la narrativa nacionalista marroquí contra la soberanía española en Ceuta y Melilla.

En los últimos años, Marruecos ha intensificado sus tácticas híbridas contra España: presión migratoria, desinformación, influencia cultural y económica, ha modernizado sus fuerzas armadas, ampliado unilateralmente sus fronteras marítimas, y estrechado lazos con instituciones académicas y políticas en Europa. Un ejemplo de esto último es el contrato firmado por la consultora ACENTO, liderada por el exministro socialista José Blanco, para defender los intereses agrícolas de Marruecos en Bruselas. Este acuerdo, suscrito en 2024, aunque, según algunas informaciones ya no está vigente, buscaba promover los productos agrícolas marroquíes en la Unión Europea, fortaleciendo la influencia de Marruecos en los círculos políticos europeos. 

La glorificación de la Marcha Verde, un evento histórico promovido por Marruecos en 1975 para reclamar el Sáhara Occidental, se ha integrado de manera preocupante en programas educativos y académicos en España, evidenciando una estrategia que parece destinada a normalizar y legitimar las narrativas marroquíes en territorio español. Un modelo paradigmático es el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), implementado en escuelas españolas, que introduce contenidos que ensalzan la Marcha Verde como un hito de unidad nacional marroquí, sin un análisis crítico de sus implicaciones políticas e internacionales, lo que puede influir en la percepción de los estudiantes sobre el conflicto del Sáhara Occidental, o peor aun, sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, ciudades españolas mucho antes de que existiese Marruecos como nación.

No obstante, la semana pasada la Comunidad de Madrid comunicó por carta al Ministerio de Educación que, a partir del curso escolar 2025/26, dejará de participar en el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí donde se educaba en el nacionalismo imperialista. Por otro lado, la reciente financiación por parte de Marruecos de una cátedra en la Universidad de Córdoba, dedicada a promover estudios sobre la cultura y la historia marroquíes, ha generado cierta controversia por su posible alineación con los intereses geopolíticos de Marruecos. 

La existencia de una arquitectura de influencia por parte de países como Marruecos, Rusia o China, diseñada para operar en España de manera lesiva contra nuestra seguridad e intereses nacionales, pone de manifiesto una carencia estructural y profundamente arraigada: la ausencia de una cultura estratégica y de seguridad nacional robusta. Esta debilidad no es un fenómeno aislado, sino el resultado de décadas de desatención a la necesidad de desarrollar un marco coherente de análisis, planificación y acción en materia de seguridad. La falta de una visión estratégica integral ha permitido que actores externos, con intereses propios y a menudo contrapuestos a los de España, puedan explotar vulnerabilidades en nuestra sociedad, instituciones y sistema político. 

Pero ¿por qué 2025 podría ser el momento elegido por Marruecos? El contexto es revelador. Además del simbolismo del 50º aniversario, el mundo está distraído por múltiples conflictos –Ucrania, Oriente Medio, tensiones en el Indo-Pacífico–, lo que reduce la probabilidad de una respuesta internacional contundente. Marruecos cuenta con aliados de peso: Estados Unidos, que desde 2020 reconoce su soberanía sobre el Sáhara Occidental; Israel, con quien colabora en tecnología militar y prospección energética; y Francia, que históricamente lo protege en la ONU. El regreso de Donald Trump, según algunos analistas, podría reforzar aún más esta alianza, dando a Rabat un respaldo sin precedentes, especialmente debido a las fricciones entre Trump y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, derivadas de del compromiso de gasto en defensa establecido por la OTAN, un objetivo que Trump defiende con vehemencia y considera crucial para la cohesión de la alianza.

La ambigüedad de la OTAN respecto a Ceuta y Melilla –excluidas del artículo 5– es otro flanco débil. Si Marruecos enviara una masa de civiles desarmados, España se vería ante un dilema: usar la fuerza, con el consiguiente coste humanitario y mediático, o retroceder, repitiendo el guion de 1975. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, desmintió el 25 de febrero de 2025 rumores de preocupación local, calificándolos de invento mediático. Pero su optimismo contrasta con la realidad: Marruecos lleva años preparando el terreno, desde la presión migratoria hasta la propaganda que exalta la «marroquinidad» de las dos ciudades españolas.

A todo esto se suma el indulto masivo de casi 20.000 condenados anunciado por Mohamed VI el 29 de julio de 2025, en su 26º aniversario en el trono. Aunque presentado como un gesto humanitario, activistas como Taleb Alisalem lo han calificado como un «arma de destrucción masiva social» contra España, sugiriendo que entre los beneficiados hay delincuentes y exterroristas que podrían engrosar las rutas migratorias hacia Ceuta, Melilla y Canarias. La opacidad de los criterios de selección y la falta de seguimiento alimentan las sospechas de que Rabat podría estar preparando una nueva oleada de presión.

Mientras, Europa depende de Marruecos para contener la inmigración y mantener la estabilidad en el Magreb, lo que limita su disposición a enfrentarlo. España, por su parte, enfrenta vulnerabilidades internas y externas que Marruecos podría explotar. La polarización política, las tensiones territoriales en Cataluña y el País Vasco, un gobierno debilitado y asediado por la corrupción y una economía tambaleante limitan la capacidad de respuesta de una España que, bajo el caudillismo de Sánchez, ha priorizado el apaciguamiento sobre la disuasión.

Las implicaciones geopolíticas de una nueva Marcha Verde serían enormes. Para España, sería una humillación histórica y una prueba de su incapacidad para defender su territorio. La Unión Europea, aunque obligada a respaldar a un miembro, podría titubear ante los costes de enfrentarse a Marruecos, su aliado en temas migratorios y antiterroristas. Rabat, sin embargo, no estaría exento de riesgos. Una acción así podría romper relaciones con la UE, su principal socio comercial, y desencadenar sanciones económicas devastadoras. Además, aunque Marruecos ha modernizado sus fuerzas armadas –con drones israelíes y aviones F-16 estadounidenses–, un conflicto directo con España y, potencialmente, la OTAN sería un escenario que Mohamed VI querría evitar. La lógica de la disuasión sigue pesando: cualquier amenaza a la integridad de un estado miembro de la UE tendría un alto precio.

No obstante, la historia reciente sugiere que Marruecos no necesita llegar a las armas para imponerse. La crisis de 2021 y el cambio de postura de España sobre el Sáhara demuestran que Rabat sabe usar herramientas híbridas con eficacia quirúrgica. Una Marcha Verde en 2025 podría no ser una invasión clásica, sino una movilización masiva que desborde las fronteras, presentada como un «acto pacífico». La prensa marroquí ya celebra victorias culturales, como la inclusión de las narrativas promovidas por Marruecos en programas escolares en Murcia.

El Partido Socialista Obrero Español es una gran aliado para avanzar con la agenda del rey de Marruecos. Las conexiones son cada vez más claras y Pedro Sánchez no trata de esconderlas. La reciente celebración en Tarragona del 50º aniversario de la Marcha Verde por parte de artistas y autoridades presidida por un retrato de Mohamed VI, no puede entenderse como un mero acto cultural. A ese acto acudió la diputada Aicha El Gourgi, una figura clave a la hora de fomentar el voto del PSOE entre la comunidad marroquí en España, con un rol importante en la Internacional Socialista presidida por Pedro Sánchez. Conviene recordar que Aicha El Gourgi llegó a pedir la anexión de su país a Canarias, Ceuta y Melilla en 2021. Todos estos gestos alimentan en la comunidad marroquí la narrativa de una causa nacional inacabada.

España no puede permitirse la ingenuidad. La complicidad de Sánchez, su secretismo en el giro del Sáhara y la falta de transparencia han debilitado la legitimidad de su política exterior, evocando ecos del tardofranquismo. Mientras, Marruecos avanza con frialdad estratégica, consciente de que la sumisión española favorece su agenda expansionista.

No resulta difícil imaginar un escenario en el que una avalancha humana, disfrazada de manifestación pacífica, se dirija a las vallas de Ceuta o Melilla como forma de consumar otro hecho histórico sin necesidad de tanques. La única defensa es la vigilancia, la unidad y una disuasión creíble. Reforzar las alianzas con la UE y la OTAN, aumentar la presencia militar en los enclaves y responder con firmeza a las provocaciones son pasos urgentes, pero inviables con el ejecutivo actual. 

Lo cierto es que la posibilidad de una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla en 2025 es un escenario extremo pero plausible. Tampoco es una locura pensar que algo así pueda ocurrir en 2027, que es cuando Sánchez tiene previsto convocar elecciones. ¿Y si no las convoca? Imaginemos una hipotética invasión de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, donde Pedro Sánchez se ve obligado a declarar el estado de excepción, justificando la suspensión de derechos políticos y la actividad de partidos opositores. La Constitución permite retrasar elecciones en circunstancias extraordinarias, como ocurrió en 2020 con el estado de alarma por la pandemia. Suena aterrador, pero a estas alturas no es ninguna tontería fabular que en 2027 Sánchez pospone los comicios generales previstos, la oposición denuncia un abuso de poder y el Gobierno se atrinchera argumentando la necesidad de unidad nacional frente a la crisis. Connivencia o no, ese es otro asunto. 

Yo no estoy afirmando que algo así vaya a suceder, pero nada es imposible. Hay que prepararse siempre para lo peor. Marruecos tiene los motivos, los medios y el momento. La pregunta no es solo si Mohamed VI lo intentará, sino si España estaría preparada para evitarlo. La historia no se repite, pero rima, y los ecos de 1975 resuenan demasiado cerca. No tengo una bola de cristal pero, por favor, que no nos pille desprevenidos.