La creciente amenaza del crimen organizado en España

La continua aparición en los medios de comunicación de sucesos relacionados con el crimen organizado, vinculado en la mayoría de las ocasiones a la modalidad del narcotráfico, revela la amenaza real y preocupante que representa este fenómeno y la ineludible necesidad de emplear la mayor contundencia legal para frenar su escalada, y dotar a nuestras fuerzas de seguridad de mayores medios humanos y materiales, y además de actualizar el esquema en la lucha contra el narcotráfico que responde actualmente a un modelo de hace más de treinta años. Un repaso a los sucesos ocurridos en diferentes puntos de nuestra geografía nacional refleja la gravedad que representa esta amenaza y el descomunal desafío que supone. 

La Costa del Sol se ha convertido en el epicentro de los ajustes de cuentas entre las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, como se pone de manifiesto en la provincia de Málaga, en la que en apenas los dos últimos meses se han producido ocho tiroteos con cuatro muertos, provocando la natural alarma social en la población. En los últimos 18 meses se han producido más de 30 tiroteos con un saldo de ocho fallecidos, y es un botón de muestra de la expansión del narcotráfico en esa zona de la costa andaluza, donde se asientan los grupos criminales atraídos por su buen clima, sus infraestructuras y conexiones internacionales. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado señala que hay más de un centenar de bandas criminales en esa zona destacando las mafias albanesas, británicas, rusas y latinoamericanas.

Otra zona duramente golpeada por el narcotráfico, y motivado en gran parte por la presión policial ejercida contra los grupos criminales en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar en aplicación del Plan Especial de lucha contra la Criminalidad Organizada que viene desarrollándose desde 2018, y que provoca que busquen otras rutas para dar salida a su ilícita mercancía, son los últimos 80 kilómetros navegables del río Guadalquivir, como así vienen atestiguando las operaciones policiales allí desarrolladas y las reiteradas denuncias de los alcaldes de los pueblos bañados por el río. Estos alcaldes insisten en que las narcolanchas navegan a su antojo por el estuario aprovechando además la gran cantidad de recodos existentes con muchos ramales cada uno para desviarse y descargar sus cargamentos de droga, principalmente hachís aunque la cocaína también está ganando bastante presencia. También los regidores alertan del riesgo que se cree una narcocultura en la población de esos municipios si perciben al narcotráfico como una forma alternativa de ganarse la vida, con el grave problema social que eso conlleva. De la gravedad de la situación y de la impunidad con que actúan las bandas criminales habla que se han producido avistamientos de narcolanchas hasta la altura de Sevilla capital, y ya hay propuestas que para impedir las entradas de narcolanchas se utilicen pilones como se hizo en 2016 en el río Guadarranque.

También en Andalucía, Granada y Almería son las dos provincias españolas más afectadas por el cultivo indoor de marihuana, detectándose un aumento de extensiones dedicadas a esta práctica por clanes de holandeses, lituanos y especialmente albaneses, y que después de una producción intensiva exportan la marihuana al centro y norte de Europa, donde el valor de la droga se multiplica.

En Cataluña se ha desarticulado recientemente un grupo criminal que tenía la capacidad de almacenar y distribuir 100 kg semanales de cocaína, lo que da idea de la estructura y logística que desarrollaba en su actividad delictiva. Además, el apogeo del cultivo de marihuana ha convertido a la región en un verdadero hub internacional y en franca expansión, a lo que se debe añadir el incremento de los tiroteos el año pasado en un 23%, con una media de más de cinco refriegas al mes motivadas en su mayoría por narcoasaltos o venganzas entre las bandas criminales, y que estimula que haya más armas de fuego a su disposición, como acreditan las más de 450 armas de fuego incautadas el año pasado por las fuerzas de seguridad.

La reciente entrada en prisión del segundo máximo responsable del Servicio de Vigilancia Aduanera –SVA– en Cataluña, implicado en una organización criminal de contrabando de tabaco a gran escala, y el año pasado de un mando de dicha Agencia por apropiación de droga decomisada pone de manifiesto la presencia del crimen organizado en el Puerto de Barcelona, y el nivel de penetración de la corrupción allí logrado, como acredita también que el pasado mes de mayo fuera condenado un inspector de la Policía Nacional a 15 años de cárcel por integrar un grupo criminal que introducía en el puerto grandes cantidades de cocaína, o la sentencia en otro caso a nueve años de prisión del sargento jefe de la policía judicial de la Guardia Civil.

En Amposta –Tarragona– a principios de este mes se ha desmantelado el mayor laboratorio clandestino de elaboración de drogas sintéticas hasta la fecha en España, con más de una tonelada de MDMA incautada. El material empleado para su elaboración superaba el millón de euros lo que da idea de la sofisticación empleada por la organización criminal.

Destacar que en Galicia el narcotráfico está en clara expansión y grupos criminales extranjeros, entre los que destacan el clan de los albaneses, se suman a los oriundos para traficar por sus costas y puertos, donde llegaron ya narcosubmarinos que partieron desde el continente americano porque la inversión en semisumergibles no es muy elevada y pueden transportar gran cantidad de droga sin ser detectados. Se tiene constancia que hay más de los dos encontrados hasta el momento actual. 

Recientemente en Pontevedra se desarticuló un grupo criminal que empleaba un nuevo método para rescatar alijos de cocaína adosados bajo la línea de flotación de buques mercantes que arribaban a los puertos de Vigo y Marín, mediante vehículos de buceo –seascooter– de propulsión rápida y que les permiten recorrer largas distancias. A este escenario hay que añadir que lamentablemente las unidades especializadas de nuestras fuerzas de seguridad para afrontar este fenómeno en Galicia llevan más de 20 años sin actualizar sus plantillas, careciendo de personal y medios tecnológicos suficientes para poder encarar esta lacra en continuo crecimiento, y poder contener el músculo logístico que demuestra el narcotráfico.

En Canarias, la desarticulación hace unos pocos meses de una potente organización criminal que había introducido más de cuatro toneladas de droga pone de manifiesto que en el archipiélago se ha abierto una nueva ruta de la cocaína procedente de Sudamérica, y que además imita el modus operandi del Estrecho, utilizando narcolanchas que alijan el cargamento de los buques nodriza que traen la droga desde los puertos suramericanos. 

También se encuentran las Islas en el foco mediático por la implicación del vicepresidente del Parlamento de Canarias, y que anteriormente lo presidió Gustavo Matos, por interceder ante la Delegación del Gobierno por un empresario libanés –que actualmente se encuentra en prisión– para que sus clubes cannábicos no fueran sometidos a las inspecciones que se venían realizando por las fuerzas de seguridad y que funcionaban como tapaderas del tráfico de drogas. 

El escenario próximo no invita al optimismo en la lucha contra este tipo de criminalidad. Las rutas del tráfico de drogas, cocaína fundamentalmente, están aumentando por el gran excedente existente en los países productores de Suramérica y cuanto más se produce más se intenta mover, y por la demanda del mercado, donde España se mantiene como líder de la UE en consumo de cocaína y que en las dos últimas décadas el porcentaje de la población que ha probado esta sustancia se ha triplicado, hasta el punto que su consumo se ha normalizado y ya no resulta extraordinario. 

Respecto al hachís, el flujo que entra a España por ser la puerta de entrada de esta sustancia que se produce exclusivamente en Marruecos está aumentando considerablemente en los últimos tiempos, empleando en su modus operandi grandes camiones tipo trailer cargados de fruta perecedera para dificultar su permanencia en el puerto para controles más completos por su tipo de carga. Recientemente se desarticuló un grupo criminal con la incautación de 15 toneladas de hachís que transportaba en un trailer que llegó a Almería, y que representa uno de los decomisos más importantes de esta sustancia.

Otro nicho de negocio que no dejan pasar las organizaciones criminales es el de la marihuana porque tienen unos márgenes de beneficio muy elevados una vez que la sustancia es envasada y enviada a otros países de Europa, llegando a quintuplicar el precio de su valor en nuestro país. A este preocupante horizonte hay que sumar el recrudecimiento de la violencia empleada por las organizaciones criminales que todavía no ha llegado a los niveles que están padeciendo algunas localidades de Bélgica y Países Bajos, pero de seguir con esta dinámica no sería descartable. Hay un mayor acceso a las armas de fuego e incluso de guerra como los fusiles de asalto AK-47, empleadas estas últimas para proteger alijos de droga en la playa a plena luz del día en un ejercicio de demostración de su impunidad.

Además, miembros de grupos criminales europeos asentados en España, como el clan de los Balcanes, se ha detectado su presencia en Guayaquil, que es el principal foco de la exportación de cocaína, y tienen capacidad para contaminar contenedores con destino a España. Miles de contenedores que entran en los puertos y no se pueden inspeccionar porque paralizaría su actividad.

A ello se añade unas organizaciones criminales cada vez más fuertes y jerarquizadas, con un claro reparto de tareas y un uso de la tecnología muy avanzada para encriptar sus comunicaciones con terminales satelitales y lenguaje codificado para dificultar las investigaciones de las fuerzas de seguridad, y que crean un entramado de ingeniería financiera para blanquear sus ilícitos beneficios incluyendo también el empleo de criptomonedas.

Ante esta cruda realidad el ministro Marlaska declaró hace pocos meses, en un foro celebrado en Cádiz por los países europeos que integran la Coalición contra el Crimen Organizado, que el narco está «acorralado», esgrimiendo los resultados obtenidos por la aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar puesto en marcha en julio de 2018, y que posteriormente se amplió a las provincias costeras andaluzas por el desplazamiento de las estructuras operativas y logísticas de las organizaciones criminales por la presión policial recibida en la zona del Campo gibraltareño.

Declaraciones que contrastan con la realidad que presentan los principales sindicatos y asociaciones profesionales de nuestras fuerzas de seguridad, que señalan que las incautaciones en 2024 han disminuido respecto al año anterior por la falta de medios y recursos para combatir el narcotráfico, y que se agrava porque el precio de las sustancias ha caído drásticamente por el incremento de la droga que entra sin ser detectada. Un aumento del tráfico al que deben hacer frente con el mismo número de agentes, lo que evidencia la realidad de la escasez de personal y medios. El asesinato de dos guardias civiles en aguas del muelle de Barbate el año pasado puso flagrantemente de relieve la falta de medios para combatir el narcotráfico. Un año después de esos hechos la situación no ha mejorado.

En esto contexto de falta de suficientes medios, el abrupto desmantelamiento de OCON-SUR cuatro años después de su creación en 2018, y que fue la Unidad que realizó las más importantes operaciones contra el narcotráfico logrando contener las actividades de las principales organizaciones criminales del Campo de Gibraltar, como acreditan la desarticulación de importantes líderes del narcotráfico, las más de 35 toneladas de cocaína y el millón de kilos de hachís incautados; años después se dejan ver sus consecuencias con caídas en las incautaciones de droga y una sensible rebaja en su precio, que denota que el mercado está anegado de droga como señalan no sólo los agentes policiales dedicados a su combate, sino también la Fiscal Delegada de Cádiz, que atribuye esta realidad a una menor presión policial y al desmantelamiento previo del grupo antinarco del Estrecho, del que además no tuvo constancia previa de su disolución.

El desmantelamiento de OCON-SUR se encuentra actualmente judicializado por la querella presentada por el jefe antinarco el Tte. Coronel Oliva, contra el mando de la Policía Nacional tras ser archivada la causa por la Audiencia Nacional tras ser imputado por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas en base a la investigación y las pruebas presentadas por ese responsable policial, y que Oliva siempre adujo que era un montaje. Es preciso señalar que la disolución del grupo antinarco coincide en el tiempo con el caso denominado Pegasus, por el que los servicios de inteligencia marroquíes disponían de información del contenido de los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno y del Ministro del Interior entre otras autoridades. No es una hipótesis descabellada que nuestro Gobierno cedió al chantaje marroquí para no desvelar la información de sus terminales a cambio de disolver OCON-SUR que estaba realizando una formidable actividad desmantelando grupos criminales que traficaban con ingentes cantidades de hachís procedentes del país magrebí.

Nos enfrentamos en definitiva a una amenaza real de gran envergadura que hace imprescindible potenciar la inteligencia y la información estratégica sobre las organizaciones criminales para evitar que se asienten en nuestro territorio, por los riesgos evidentes para la seguridad que ello implica por la capacidad de penetración en nuestras instituciones, que han demostrado corrompiendo a servidores públicos por la elevada cantidad de dinero que manejan para conseguir sus propósitos, y donde el Campo de Gibraltar fue su inicial banco de pruebas que ya se ha extendido a otras zonas.

Otro riesgo cierto para España es que se convierta en el invernadero de Europa para las mafias de la droga ante la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la producción intensiva de marihuana en las zonas del Levante, Cataluña y Andalucía. Para evitar su asentamiento sería fundamental establecer con las compañías eléctricas un protocolo de actuación con nuestras fuerzas de seguridad cuando se detecten consumos muy elevados de energía que además suelen provocar apagones por los enganches ilegales de luz para el cultivo intensivo de esa sustancia.

Es esencial implementar un verdadero plan que dimensione el problema principal del narcotráfico y sus derivadas: blanqueo de capitales, corrupción, la violencia que conlleva y sin olvidar la salud pública por su elevado consumo. Ese plan debe contemplar dotar a nuestras Fuerzas de Seguridad del Estado de más efectivos y de una mayor inversión material, así como poder disponer de una tecnología para enfrentarse en igualdad de condiciones a la empleada por las organizaciones criminales para evitar ser vulnerables ante sus capacidades. Para ello sería elemental declarar Zona de Especial Singularidad para reforzar medios y frenar la creciente violencia de las redes criminales, con mejores condiciones laborales y económicas a los agentes desplegados en el Campo de Gibraltar extendiéndolo a comarcas de la Costa del Sol.

Sería preciso además la creación de un servicio marítimo fluvial con base en Sevilla para controlar el río Guadalquivir, intensificando los controles en puntos estratégicos y la vigilancia en zonas de difícil acceso que se están convirtiendo en la autopista de la cocaína en España. 

También es imprescindible la cooperación internacional para el éxito en la lucha contra el narcotráfico, con un intercambio ágil y fluido entre las agencias policiales de información operativa y de inteligencia en las investigaciones de esta tipología criminal, más allá de la propia incautación de un cargamento de cocaína que también es importante que no llegue al mercado, para conocer quien ha organizado la salida del cargamento, el destinatario del mismo y también el responsable de donde se va a distribuir. 

En materia de enjuiciamiento criminal de esta tipología delictiva es necesario una modificación de la legislación para que sea menos garantista con el criminal, porque con el actual sistema cuesta más judicializar una investigación que requisar droga por las trabas legales para aplicar técnicas de investigación, mucho más fáciles de autorizar en otros países europeos de nuestro entorno. A este contexto se suma que apenas existen juzgados especializados en narcotráfico, y presentarse con un asunto de este tipo con ramificaciones internacionales en juzgados que apenas tienen medios y poco especializados, revela las dificultades para llevar una investigación de narcotráfico con ciertas garantías de éxito.

También una mayor presencia policial realizando controles por unidades robustas en las zonas más castigadas por el narcotráfico, sería un elemento de disuasión para las bandas criminales y de reafirmación de la comparecencia del Estado.

En la estrategia judicial para la lucha contra el narcotráfico, la vía abierta por la Audiencia de Cádiz hace poco más de tres meses de considerar la acumulación de combustible que realizan los petaqueros para surtir a las narcolanchas de un «riesgo consciente y voluntario de la seguridad colectiva» tipificado en el Código Penal que prevé penas de cárcel de tres a ocho años, puede suponer un nuevo horizonte en la lucha contra el narcotráfico si el Tribunal Supremo avala a la Audiencia y sienta jurisprudencia, porque hasta el momento actual apenas tiene trascendencia penal por la dificultad de vincular ese combustible con la actividad de un grupo criminal, y en la mayoría de las ocasiones se trata de una infracción administrativa a la Ley de Represión del Contrabando.

Luis de Mergelina es analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. 

nalista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria