España arde

«España arde» titularon muchos periódicos a lo largo del mes de agosto. Según la Aemet, España nunca había sufrido un periodo tan cálido como el de estos días. Y durante este tiempo, hemos tenido que contemplar, con inmenso dolor y preocupación, una España calcinada por el calor y por la suma de numerosos y devastadores incendios a lo largo de toda su geografía: Galicia, Zamora, León, el Parque de Las Médulas, Extremadura… la Vía de la Plata.

Los incendios forestales han ocupado nuestras pantallas de televisión, mostrándonos el terrible impacto del fuego y de las llamas. Muchos hemos pensado en lo poco que se ha hecho durante el invierno para prevenir la llegada de estos fuegos tan devastadores, porque es cierto: los fuegos se apagan en invierno.

A mitad de agosto ya se habían perdido unas 350.000 hectáreas, pero lo más trágico es que también se han perdido numerosas vidas humanas. Quienes llevamos años escribiendo y defendiendo —en mi caso, desde mi etapa como ministro de Agricultura— que la prevención se hace en invierno, no podemos dejar de pensar en lo poco que se ha hecho por parte de las administraciones públicas en los meses previos. Y ahora vemos el resultado: un desenlace lamentable y previsible.

No es momento de que unos partidos políticos culpen a otros, porque lo mismo ha ocurrido en territorios gobernados por unos y por otros. Lo que esto evidencia es la falta de inversión y de actividad preventiva en todas partes.

Leo que la inversión pública en prevención de incendios se ha reducido a la mitad en los últimos trece años. El Gobierno ha destinado solo 176 millones de euros al plan de lucha contra incendios, y además se ha reducido el número de aviones disponibles para la extinción: desde 2021 hay trece menos. El resultado es visible: decenas de miles de hectáreas reducidas a cenizas, entre Zamora y Orense.

Con igual intensidad se han producido incendios en Portugal, arrasando grandes superficies, especialmente en sus zonas despobladas. En España ocurre lo mismo: las zonas vaciadas sufren más que el resto.

Esto es consecuencia de nuevas y perjudiciales políticas medioambientales que han ido reduciendo la ganadería extensiva. Ya no se ven rebaños de cabras u ovejas que antes limpiaban los montes, eliminando maleza entre los árboles. No hay incentivos para la entresaca, que es clave para prevenir y combatir incendios. No se hacen cortafuegos, no se ven, no se limpian. La vegetación acumulada durante años, al no eliminarse, se convierte en pura yesca.

Es imprescindible una política de subvenciones que impida que los bajomontes se conviertan en una fuente de incendios incontrolables. La falta de ayudas al campo y las trabas a la actividad ganadera explican en gran parte la magnitud de estos incendios. Se olvida que la ganadería extensiva impide que los pastos se conviertan en alimento para el fuego: los transforma en alimento para el ganado. Una España vacía, sin cabras, ovejas o vacas pastando, es un territorio fértil para el fuego. Una España vaciada, sin medio rural, es una España que arde.

No estamos entendiendo lo que nos está ocurriendo. Es urgente que, frente al ecologismo radical, surja y se mantenga una política agraria y agro-ganadera que cuide y aproveche los pastos, que no los abandone y los deje a merced de las llamas.

La ecologista ley de «restauración de la naturaleza» —así la califica Juan Manuel de Prada en ABC, el 16 de agosto— prohíbe el desbrozamiento de las malezas, y por tanto genera la mejor yesca para el fuego.

Es urgente cambiar y reforzar la política preventiva. Los montes, sean públicos o privados, deben ser desbrozados en invierno: los primeros, mediante inversión directa del Estado; los segundos, con ayudas y subvenciones indirectas. Prevenir un incendio cuesta 2.000 euros cada hectárea; extinguirlo, cuando ya ha comenzado, puede costar diez o veinte veces más.

Solo con prevención podríamos aspirar a una España libre de fuegos en 2026.