La ley de las llaves de la caja del cupo catalán

El pasado viernes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una proposición de ley que, de salir aprobada, cambiará sustancialmente nuestro modelo de Estado. El objetivo de esta ley es hacer viable y operativa la financiación singular o cupo catalán. Para eso, se propone modificar la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (Lofca), así como la ley de cesión de tributos a las CCAA, y por último, la ley de cesión de tributos a la Generalidad de Cataluña, con el objetivo de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda recaudar el IRPF en Cataluña.

El acuerdo entre el PSC y ERC de julio de 2024 establecía que la Generalidad de Cataluña recaudase todos los impuestos soportados en Cataluña a través de la ATC. El acuerdo posterior entre la Generalidad y el Estado establece a medio plazo sólo la cesión del IRPF. Sin embargo, la ATC no tiene capacidad para gestionar ni tan siquiera este impuesto. Hay que tener en cuenta que el IRPF no es un impuesto más, sino el principal impuesto de nuestro sistema fiscal. Por una parte, supone el 50% de la recaudación de la Agencia Tributaria, según los últimos datos, literalmente medio sistema fiscal. Además, estamos hablando de casi 24 millones de declarantes (según los últimos datos disponibles de 2023), de los que más de 4.180.000 son contribuyentes residentes en Cataluña.

Los dos pilares del cupo catalán son el aumento de la financiación de la Generalidad a costa, evidentemente, de los contribuyentes del resto de España, y en segundo término, dar el control de la recaudación, «las llaves de la caja», a la Generalidad, como garantía del primer pilar. Esta proposición de ley de ERC persigue el segundo objetivo, cediendo la gestión, recaudación, inspección y liquidación del IRPF. Esto no sólo es una pésima idea, sino que no es precisamente gratis, para nadie.

Empecemos por las obviedades técnicas: la materia prima de la gestión del sistema fiscal es la información. Si Hacienda sabe que usted ha ganado dinero le podrá exigir impuestos. Si esta información no está disponible, a tiempo y centralizada en bases de datos, entonces se producen todo tipo de perjuicios: el coste de recaudar es mucho más elevado, hay muchísimo más fraude, y el contribuyente tendrá peores servicios. El único Estado avanzado donde la recaudación de los principales impuestos la hacen las Haciendas regionales es Alemania. Ésta es una imposición constitucional de los aliados cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial. Aunque Alemania tiene una normativa uniforme de los impuestos, lo que es más fácil de gestionar, y es un Estado rico y moderno, su coste de recaudación por cada euro recaudado es casi seis veces el de la Agencia Tributaria española. Además, el fraude fiscal es superior, según los indicadores disponibles (brecha del IVA). Si fragmentamos la Agencia Tributaria, amputando media Delegación Especial de Cataluña, no podemos esperar más que perjuicios: aumento del fraude, incremento de costes, duplicidades y peores servicios a los contribuyentes.

Pero, además, ERC en su proposición prevé dos cuestiones interesantes: en primer lugar, que Cataluña sea la primera que gestione el IRPF, modificando su ley de cesión de impuestos, pero que luego las demás se puedan apuntar. Esto es una invocación al caos, con la única finalidad de poder decir que el sistema se puede «generalizar». 

Por otra parte, la Generalidad también prevé que sea el Estado el que aporte los medios humanos, presupuestarios y materiales para que la Agencia Tributaria de Cataluña pueda gestionar el IRPF. Esto tiene varias implicaciones importantes: el único sitio de donde el Estado puede sacar estos medios es traspasando forzosamente a la Generalidad a media Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria. Pero, además, se pretende que todo este gasto lo pague el Estado, es decir, el resto de los contribuyentes.

Y, por supuesto, con una lealtad institucional «garantizada». Pensemos simplemente que en 2017 la Agencia Tributaria de Cataluña pretendió cobrar a las empresas impuestos que ya pagaban a la Agencia Tributaria del Estado. El resultado fue la fuga de empresas que es la causa fundamental por la que Cataluña ha sido la Comunidad en la que menos creció el PIB per cápita entre 2017 y 2023, es decir, la que más se empobreció. Estos hechos quedaron «amnistiados», pero la amnesia legal no se extendió a las decisiones económicas porque las empresas (salvo el Banco Sabadell, por otras causas) no han vuelto.

Tengo pocas dudas de que el cupo catalán, y por extensión, la proposición de ley de ERC es difícilmente compatible con la Constitución. Pero todavía tengo menos dudas de que supone una reducción de los ingresos del Estado. Por esa razón, exige para su tramitación la conformidad del gobierno (art. 134.6 de la Constitución). Y tampoco tengo dudas de que esta proposición de ley no sería admitida siquiera a trámite sino cuentas con los votos favorables del PSOE y Sumar, entre otros.

Nuestro sistema de financiación autonómico, es decir, el reparto de los impuestos para garantizar los servicios públicos de educación, sanidad, dependencia y otros, necesita una reforma. Sin embargo, realizarla a partir del planteamiento inviable e insolidario pactado por el PSC y ERC creo que sólo puede conducir al fracaso. La única nota positiva es que, por lo menos, esto se empieza a discutir y debatir en el Congreso. Hasta ahora, a los únicos a los que se les había consultado es a los militantes de ERC. Lo que es de todos deberíamos decidirlo entre todos.