Cinco ejecuciones, 50 años
«Usan la palabra preso como sustantivo en lugar de atribuirle una función adjetiva calificativa: terroristas presos»
Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi son los únicos socios que estaban dispuestos a recordar este medio siglo del fin del dictador y de los fusilamientos de septiembre. Arnaldo Otegi lo ha recordado varias veces con la imprecisión que es marca de la casa: «se dictaron seis penas de muerte…» Dictar se dictaron once, de las cuales se ejecutaron cinco, tres del FRAP (Humberto Baena, José L. Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y dos de ETA (Juan Paredes y Ángel Otaegi). El Consejo de Ministros del 26 de septiembre de 1975 dio el ‘enterado’ a estas cinco penas y conmutó las de los miembros de FRAP: Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Blanco Chivite, Manuel Cañaveras, Mª Jesús Dasca Penellas y Concepción Tristán López, así como la del etarra José A. Garmendia, asesino material del cabo Posada Zurrón, que fue indultado porque durante su detención recibió un tiro en la cabeza que lo dejó bastante disminuido. Lo suyo lo pagó Ángel Otaegi. Las dos mujeres alegaron estar embarazadas, aunque probablemente era falso. Arnaldo Otegi aprovechó para celebrar uno de los cien actos conmemorativos de la muerte de Franco que Sánchez prometió para este año y que no ha cumplido.
El decreto ley sobre bandidaje y terrorismo fue una herramienta de la que se sirvió la dictadura de manera recurrente. Aprobado en 1947 para combatir al maquis, que se había venido arriba tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en la creencia de que también iba a suponer el fin del régimen de Franco, se actualizó el 16 de agosto de 1968, dos semanas después del asesinato del comisario Melitón Manzanas para extender el estado de excepción decretado para Guipúzcoa al día siguiente del atentado (3 de agosto).
Nuevamente, se decretó el 26 de agosto de 1975 para hacer frente a la campaña de atentados del FRAP de aquel verano. Es notable que el decreto se aplicara en este caso con efecto retroactivo, puesto que los hechos que dieron lugar a los consejos de guerra se habían producido antes de la aprobación del decreto: entre el 30 de marzo y el 16 de agosto de 1975 los asesinatos del FRAP y el 3 de abril de 1974, el del guardia civil Posadas Zurrón por el que fue fusilado Angel Otaegi. El atraco al Banco Santander y asesinato del cabo Ovidio Díaz López se había cometido el 6 de junio de 1975, pero el aforismo ‘nulla poena sine praevia lege’ no parecía de rabiosa vigencia en los consejos de guerra franquistas.
Pero al llegar el 50 aniversario de la ejecución de aquellas cinco penas de muerte, no ha habido ningún diario que haya llevado el asunto a su portada. Tampoco los vascos, ni siquiera los nacionalistas, que han dedicado sus portadas a la causa palestina, el contestado discurso de Netanyahu en la ONU y sobre todo a la soflama contra Israel de Jennifer Lawrence, premiada en el Festival de Cine de San Sebastián.
El Ayuntamiento de Zarauz, municipio en el que residía Jon Paredes, ‘Txiki’, aprobó el viernes una declaración institucional suscrita por EHBildu, PNV y PSE, en la que se sostenía que «la ejecución de Txiki vulnera el derecho a la vida tal como establece el derecho (aquí sin duda quisieron escribir ‘el tratado’, ‘el acuerdo’ o quizá ‘el convenio’) internacional de los derechos humanos». Tratado que al parecer no amparaba el derecho a la vida del cabo de la Policía Nacional, Ovidio Díaz López, al que Txiki asesinó durante el atraco a la sucursal del Banco Santander de la calle Caspe en Barcelona, el 6 de junio de 1975.
El periódico del PNV, ‘Deia’, no traía ayer ni un breve sobre el luctuoso aniversario. Es comprensible, habida cuenta de que dedicaba una previa de 16 páginas al Día del Partido, una fiesta que celebran hoy y que se inventaron para poder estar orgullosamente solos, a la vista del éxito de convocatoria que tuvo el Aberri Eguna (Día de la Patria) en su primera convocatoria legal y autorizada.
El Gobierno vasco consideró a Txiki y Otaegi víctimas de la violencia de motivación política. Cierto, de la que ellos mismos provocaron. Aitor Esteban no concebía que sus familias no cobren indemnizaciones como víctimas del franquismo, cuando «no sabemos si después de la amnistía hubieran seguido en ETA o no». Por lo que pudo haber pasado, pero que a juzgar por los hechos no pasó. A título de ejemplo: el último etarra excarcelado por la amnistía se llamaba Fran Aldanondo y dos años más tarde murió en un enfrentamiento a tiros con la Guardia Civil. Aitor, baje del tractor.
Los nacionalistas, especialmente los vascos, se hacen un lío gramatical siempre que pueden. Ellos saben que ‘vasco’ es un adjetivo, pero se empeñan en considerar que es calificativo en vez de un simple gentilicio. Análogamente, usan la palabra preso como sustantivo en lugar de atribuirle una función adjetiva, esta vez sí, calificativa: terroristas presos.