España tiene Gobierno, pero carece de mando y dirección
«En la España actual, la Armada no solo incumple su misión constitucional, sino que facilita la violación de la ley»
Pedro Sánchez en la Moncloa en una imagen de julio. | Reuters
La Armada, junto con los ejércitos de Tierra y Aire, tiene la misión de defender a España de agresiones del exterior. El artículo 8 de la Constitución es clarísimo al respecto: su misión es «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
Pocos días atrás se celebró el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, donde intervino el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro. Allí, el almirante general declaró: «Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en el mar la inmigración ilegal»; «no estamos para eso», agregó. Completó su intervención diciendo que la única misión de la Armada es «ayudar a la gente» (en este caso, la que está en los cayucos), relatando su «impotencia» por no poder rescatar a más gente.
Si llegaran cayucos de forma esporádica, uno lo comprendería por razones humanitarias. Pero llegan decenas de miles de personas cada año.
Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 llegaron a España 61.300 personas en 1.800 cayucos, que se suman a las 55.600 llegadas en 2023, en la misma cantidad de embarcaciones. En 2022 habían sido 28.900 los que llegaron de forma irregular por vía marítima, en 1.700 pateras, tras los 40.100 venidos en 2021 a bordo de 2.100 embarcaciones. Ni siquiera en lo peor de la pandemia se detuvo el flujo de inmigración irregular: 40.400 personas en 2.200 cayucos en 2020, que siguieron a las 26.100 personas en 1.200 pateras de 2019. Para no alargar mucho el recuento, añadamos solamente los 55.600 inmigrantes irregulares de 2018 (2.100 pateras) y los 21.300 de 2017 (1.200 embarcaciones). En lo que va de 2025, hasta el 15 de septiembre, la inmigración ilegal por vía marítima asciende a 23.600 personas en 920 pateras.
En resumen, desde 2017 hasta aquí llegaron por mar 352.900 personas (equivale, aproximadamente, a toda la población de la provincia de Burgos), en 15.020 embarcaciones (una media de 111 personas y casi 5 pateras por día). Ahora sabemos que lo hicieron con la ayuda de la Armada.
352.900 personas (que en verdad deben ser más, por la dificultad propia de esa contabilidad) de las que no se sabe su nombre, su edad, su origen, ni sus intenciones. Sí se sabe que son prácticamente todos hombres, con una cultura ajena a los valores occidentales y que muchos, luego de ser repartidos por España, comienzan a recibir alojamiento, pensión completa y una paga para sus gastos. También sabemos que entran a España violando la ley. Ley que, una vez en España, en muchos casos vuelven a violar al cometer diversos delitos.
El estado (siempre con minúscula) se arroga el monopolio de la fuerza a cambio de «garantizar» nuestra defensa frente a agresiones exteriores y la violencia que otros habitantes puedan ejercer sobre nosotros. A su vez, esa es una de las justificaciones para pagar impuestos.
Sin embargo, la realidad en la España actual es que la Armada no solo incumple su misión constitucional, sino que facilita la violación de la ley, aunque se lo presente como «ayuda» a personas (¿no es evidente que esa «ayuda» ha alentado la llegada de más pateras, por lo que lejos de «ayudar», ha provocado la muerte en el mar de muchísimas personas?)
Ortega y Gasset dice en «La rebelión de las masas» que si «se disuelve el principio de autoridad, con él se disuelve la posibilidad misma de convivencia». Agrega que «allí donde no hay quién mande, no hay sociedad».
El problema es que España tiene Gobierno, pero carece de mando y de dirección. El sanchismo-leninismo solo atiende las peticiones de separatistas y comunistas, y dosifica su entrega de forma de maximizar su permanencia en el poder.
Entonces, entre otras cosas, el Fiscal General está imputado, RTVE es una herramienta más de la propaganda oficial, no hay presupuestos, se amnistía a los golpistas, la propia mujer del presidente se pasea por los juzgados, el CIS publica encuestas que nadie cree y el presidente del gobierno alienta manifestaciones violentas, mientras gente que fue su «mano derecha» está en prisión. Y la Armada ayuda a los cayucos, en lugar de contenerlos.