La movilización industrial es la verdadera prueba de la Defensa

La España de 2025, desde el punto de vista geopolítico, se encuentra en una encrucijada de alto riesgo. Los límites entre la prosperidad económica y la Seguridad Nacional se han desdibujado. La coincidencia de graves obstáculos geoeconómicos con la escalada de las tensiones militares y el rápido y difuso avance tecnológico, exige una acción inmediata, firme y audaz. Los movimientos geopolíticos afectan a las, hasta ahora, certezas tradicionales. El predominio de una mentalidad globalista y mercantilista ha debilitado la idea fundamental de que la economía de mercado y la seguridad nacional están inversamente entrelazadas. 

Situaciones como la guerra de Ucrania y su impacto en las necesidades energéticas de Europa, han demostrado, una vez más, que los mercados se ven afectados significativamente por la geopolítica y que la evaluación de los posibles riesgos para la Seguridad Nacional, siempre debe formar parte de los cálculos de gobiernos y empresas. La coincidencia de la escalada de las tensiones militares con graves situaciones geoeconómicas y el rápido y difuso avance tecnológico, exige inmediatas actuaciones firmes y audaces.  

La coacción económica se ha convertido en una herramienta implacable del Estado, vinculando directamente las debilidades económicas con las amenazas a la Seguridad Nacional. El empleo de restricciones y sanciones comerciales por parte de China contra países vecinos y los aranceles norteamericanos, revela crudamente los riesgos catastróficos de depender de un mercado único o de cadenas de suministro controladas por potencias hostiles.

España debe disponer de una estrategia centrada en el desarrollo de su independencia económica. Esto implica: diversificar su actividad económica lo más posible, forjar nuevas coaliciones y fortalecer las existentes. Además, debe: incrementar su resiliencia ante las crisis, asegurar sus cadenas de suministro y mejorar su autosuficiencia, a la vez que introducir las oportunas reformas económicas. Estas actuaciones son una responsabilidad estrictamente del Estado. La capacidad para proyectar poder y asegurar nuestros intereses no reside únicamente en la solidez de nuestra capacidad militar, sino básicamente en la profundidad y la capacidad de respuesta de nuestra base industrial. La necesidad de movilización industrial para apoyar a la Defensa Nacional constituye actualmente un crucial desafío nacional.

A nivel global, la principal amenaza geoeconómica es la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la evolución política de Europa. La sombra del proteccionismo y la impredecible coacción económica se cierne amenazante sobre nuestra economía, abierta y dependiente del comercio, amenazando con desmantelar décadas de crecimiento y obligando a reconfigurar nuestros intereses nacionales.

Cualquier desaceleración económica grave en ambas potencias afectaría gravemente a la prosperidad nacional española, de la noche a la mañana, reduciendo drásticamente la demanda de exportaciones críticas indispensables para nuestra economía. La magnitud de nuestra dependencia inhibe tanto las palabras como los hechos, a menos que se revoque la generosidad. 

El sector de las pequeñas empresas se enfrenta a una preocupante disminución de su contribución al PIB y al empleo. El aumento de los costes operativos, como la energía y el alquiler del solar o centro, sumado a la escasez de mano de obra y a unas cargas regulatorias cada vez más complejas, está reduciendo la rentabilidad. Muchas pequeñas empresas tienen dificultades para gestionar el flujo de caja, el acceso a la financiación y mantenerse al día con la transformación digital y las amenazas de ciberseguridad.

Nuestra independencia industrial sigue siendo una ilusión. A pesar de la retórica sobre la alta tecnología y la manufactura avanzada, no se han logrado lanzar iniciativas industriales decisivas a gran escala con objetivos claros e inversiones sustanciales. El superficial cortoplacismo político y la pesada inercia burocrática siguen obstaculizando los esfuerzos por construir industrias nacionales resilientes en sectores estratégicamente vitales.

La enseñanza que se desprende de los Planes de Desarrollo de los años 60 es que un esfuerzo nacional integral y exitoso requiere previsión, autoridad legislativa y una inversión sostenida y coordinada mucho antes de que estalle la crisis. La esencia misma del apoyo nacional a la Defensa reside en el apoyo fluido y escalable de capacidades por parte del sector civil al combatiente, desde municiones hasta mantenimiento. Creer que el modelo industrial moderno, eficiente y globalmente desagregado se adaptará espontáneamente para satisfacer las extraordinarias tasas de desgaste y las necesidades de refuerzo de un conflicto importante es ignorar la historia. Ha quedado demostrado que los puntos de fricción no son solo técnicos, sino también políticos y administrativos.

Los conflictos recientes han expuesto brutalmente la falacia de confiar en la pura eficiencia. La estrategia y las operaciones se han definido no por los objetivos bélicos, sino por la capacidad industrial de la base nacional de apoyo. La Base Industrial de Defensa no es un mercado normal: tiene un único cliente dominante y, sin embargo, durante décadas, se ha gestionado con una fe perversa en la competencia comercial y el proceso, por encima de la entrega puntual y la resiliencia estratégica. 

La “Semana Geoeconómica de Helsinki” 2025, celebrada del 11 al 15 de agosto, confirmó una realidad preocupante: el poder económico está ahora inextricablemente ligado a la seguridad nacional y la competición estratégica. Se resaltó el creciente consenso de que el orden global se está fragmentando y que la política económica, incluyendo el uso agresivo de la política industrial, se ha instalado como un mecanismo fundamental del ejercicio de poder. Las naciones ahora utilizan conscientemente herramientas como la US Defense Production Act, junto con mecanismos de control de exportaciones para desarrollar capacidades nacionales esenciales para la superioridad militar. Esta es la nueva realidad.  

La movilización industrial no consiste en un ejercicio de mano dura del gobierno nacionalizando la producción.  Se trata, más bien, de formar alianzas público-privadas genuinas y con experiencia que distribuyan el riesgo, compartan conocimientos y alineen las capacidades soberanas con la estrategia nacional. La Junta de Negocios de Defensa de Estados Unidos, ha destacado la importancia de alianzas industriales que permiten ampliar rápidamente la capacidad bajo demanda en una crisis.  

La independencia tecnológica y la resiliencia digital se mantienen por debajo de lo deseable. La dependencia de plataformas tecnológicas extranjeras nos expone a riesgos existenciales relacionados con la seguridad de los datos, las violaciones de la privacidad y la manipulación geopolítica. España corre el riesgo de ser un mero consumidor, y no un aportador, de tecnologías digitales críticas, lo que perjudica su competitividad futura y su autonomía estratégica.

La crisis de habilidades del país está socavando la productividad y la innovación. Sectores como la salud, la tecnología, la construcción y la defensa están perdiendo talento. El envejecimiento de la fuerza laboral y los rápidos cambios tecnológicos agravan esta brecha. Sin embargo, las respuestas políticas siguen siendo superficiales, basándose en soluciones a corto plazo y en la migración temporal en lugar de en una reforma integral de la educación y la formación profesional. Sin un cambio audaz y sistémico que invierta en el aprendizaje permanente, las colaboraciones entre la industria y la educación y la migración estratégica, la fuerza laboral nacional se tambaleará en el peor momento posible.

La movilización industrial es básica, como sustento de la resiliencia nacional, ya que es el soporte de la economía de una nación y el sustento de sus Fuerzas Armadas. La previsión es parte de la Estrategia Nacional. El Planeamiento Industrial y las auténticas alianzas público-privadas son requisitos indispensables para la seguridad en el siglo XXI. 

Para España, esta necesidad tiene que reflejase, de forma clara y permanente, en la Estrategia de Seguridad Nacional. Lo hace en la forma en la que se refleja el llamado a la resiliencia de la industria y la cadena de suministro. Esto no se trata de bienestar corporativo, sino de una inversión estratégica en disuasión. Se debe ir más allá de las adquisiciones transaccionales, hacia alianzas relacionales a largo plazo que fomenten la innovación, brinden la seguridad financiera necesaria para la inversión de capital y formen la fuerza laboral cualificada necesaria para las tecnologías estratégicas. La industria, por su parte, debe considerar la Defensa no como un nicho de mercado, sino como un pilar fundamental para el futuro. Esto significa intensificar la coinversión en instalaciones, habilidades e investigación que conecten los ámbitos civil y militar. 

Para lograr un verdadero apoyo nacional a la Defensa, tanto el Gobierno como la industria deben adoptar una política industrial integral y estratégica que fomente deliberadamente la capacidad de movilización rápida. Esto requiere cuatro pilares relacionados:  

• Señalización y estabilidad de la demanda. El gobierno debe actuar como un «inquilino ancla» sofisticado, proporcionando señales de demanda predecibles y a largo plazo para minimizar el riesgo de la inversión del sector privado en capacidad de refuerzo y tecnologías críticas. Esto implica pasar de la contratación puntual a una relación estratégica continua, considerando a la industria como parte intrínseca de la capacidad militar, no como un simple contratista. 
• Priorización de la capacidad soberana. Se deben identificar y asegurar verdaderas capacidades industriales soberanas, la capacidad innegociable de producir, mantener y adaptar rápidamente componentes y sistemas clave que sustentan la generación y el mantenimiento de las fuerzas de defensa. Esto implica una inversión específica en la producción terrestre en zonas donde la interrupción de la cadena de suministro genere un riesgo estratégico inaceptable. 
• La movilización de habilidades y fuerza laboral. La movilización es inherentemente un problema de personas. Se necesita una planificación a nivel nacional para garantizar que las habilidades especializadas en ingeniería, oficios y técnicas estén disponibles, protegidas y sean escalables. Esto se extiende más allá de la fuerza laboral directa de Defensa, al vasto y oculto subsuelo de pequeñas y medianas empresas que conforman el verdadero ecosistema industrial de Australia.
• Preparación legislativa y administrativa. Se Necesita una infraestructura legal y administrativa lista para coordinar rápidamente los recursos civiles. Esto implica planes probados, facultades delegadas y una comprensión clara en todo el gobierno sobre cómo gestionar las prioridades entre las necesidades civiles esenciales y los requisitos militares urgentes.  

La movilización industrial es la prueba definitiva de la Resiliencia Nacional. Reconoce que el soporte de la economía de una nación es, en casos extremos, el sustento de sus Fuerzas Armadas. No es de recibo esperar a que comience el conflicto para empezar a impulsar la situación. La previsión estratégica, la planificación industrial deliberada y las auténticas alianzas público-privadas son requisitos indispensables para la seguridad en el siglo XXI. 

La principal amenaza geoeconómica es la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La excesiva dependencia de España de Estados Unidos para el comercio se ha convertido en una espada de Damocles sobre nuestra vida nacional. Cualquier desaceleración económica grave en China devastará la prosperidad española de la noche a la mañana, reduciendo drásticamente la demanda de exportaciones cruciales, como el mineral de hierro y el carbón. La magnitud de nuestra dependencia económica inhibe tanto las palabras como los hechos. 

Peor aún, la actual guerra comercial corre el riesgo de dar paso a una guerra real. La dependencia de España de Estados Unidos para su seguridad nacional es cada vez más frágil. Los cambios en la política exterior de la administración Trump han reducido la confianza en Estados Unidos. Y los problemas con Israel afectan a nuestra seguridad.

La coerción económica se ha convertido en una herramienta implacable del Estado, vinculando directamente las debilidades económicas con las amenazas a la seguridad nacional. El uso de restricciones y sanciones comerciales por parte de China contra Australia como arma revela crudamente los riesgos catastróficos de depender de un mercado único o de cadenas de suministro controladas por potencias hostiles.