Por qué la directora del CNI pasa de informar al Congreso

Esperanza Casteleiro compareció en el Congreso de los Diputados en su etapa como secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, pero nunca lo ha hecho desde que el 10 de mayo de 2022 fue nombrada directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en sustitución de Paz Esteban, a quien el Gobierno cesó, ante la presión de los partidos independentistas catalanes, tras descubrirse que varios de sus dirigentes habían sido espiados con el virus Pegasus.

Casteleiro sí acudió a la llamada del Parlamento Europeo, pero se amparó en las leyes españolas para mantener el silencio. Su frase fue contundente: existe una obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo, puesto que no lo puedo hacer en ningún otro lugar que no sea la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento español, tal y como también prevé nuestra ley».

No se equivocaba, aunque también es bueno recordar que tiene la obligación de ir todos los años al Congreso y no lo ha hecho nunca en el tiempo que lleva en el cargo (2022-2025).

Los directores siempre han informado poco

A finales de 2022, publiqué en Visual Review el artículo científico El periodismo de investigación como facilitador del control parlamentario al Cesid-CNI, subtitulado «La prensa y las intervenciones de los directores en el espionaje». Investigué y analicé las comparecencias de los directores ante el Congreso y los resultados fueron muy interesantes. Su contenido puede servir para entender las informaciones aparecidas últimamente que denuncian el silencio del Gobierno sobre los temas de espionaje y, más en concreto, sobre los gastos en fondos reservados.

Durante los primeros 25 años del servicio de inteligencia –1977-2002–, los controles no estuvieron definidos y solo se puede hablar de uno real: el ejercido por el Ejecutivo. En el inicio de la democracia, los diputados mostraron poco interés por los asuntos de espionaje. Todo empezó a cambiar a mitad de los años 80: exigieron explicaciones sobre algunas de sus operaciones y se encontraron con todo tipo de trabas.

Tras la aprobación de la regulación del Centro Nacional de Inteligencia en el año 2002, quedaron establecidos tres tipos de controles, ejercidos por el Gobierno, una comisión especial del Congreso de los Diputados y un magistrado del Tribunal Supremo. A pesar de la activación de la labor de control parlamentario, la información oficial que ha llegado al Congreso de los Diputados procedente de sus directores es escasa y se produce, habitualmente, tras desvelar la prensa investigaciones sobre sus actuaciones. Sin ese trabajo de los medios de comunicación, el control parlamentario sería casi inexistente.

Los intentos fallidos de controlar a los espías

Al principio, a los gobiernos ni se les pasaba por la cabeza el control parlamentario de las actividades del espionaje. Fue el diputado de Izquierda Unida, Antonio Romero, el que presentó, en 1990 y 1993, una proposición de Ley para que se creara un comité de control de los servicios secretos, con el fin de velar para que sus actividades se desarrollaran en el marco constitucional.

Más adelante, IU presentaría otra proposición no de ley «Sobre reestructuración de los servicios de información e inicio de los cambios legislativos oportunos para homologarlos a servicios de información de un Estado democrático». El objetivo era intentar someter al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) a un control parlamentario al que se negaba el Gobierno.

Las iniciativas de Romero y otras similares –una del popular Javier Rupérez– no consiguieron acabar con la opacidad y falta de control sobre los servicios secretos. En los 25 años de existencia del Cesid, no existió ese control. Emilio Alonso Manglano fue cinco veces en 13 años para hablar de presupuestos y, en ocasiones puntuales, urgido por los casos GAL, Roldán o los objetivos generales de su trabajo. 

Su sucesor, Félix Miranda, que apenas estuvo un año, fue una sola vez para hablar de presupuestos y decir algo sobre el caso de la supuesta traición del coronel Perote. El siguiente director, Javier Calderón, estuvo cinco años y no apareció por el Congreso ni una sola vez.

En 2002 crean la obligación de acudir anualmente

Después vino el primer civil, Jorge Dezcallar, que levantó el CNI sobre las cenizas del Cesid y creó el control parlamentario. En este control destacaba la obligación del director o directora de informar una vez al año de la marcha de los objetivos y del gasto de los fondos reservados. Dezcallar acudió al Congreso tres veces, una a la comisión de investigación de los atentados del 11-M y las otras dos para hacer frente a las críticas por el asesinato de ocho agentes en Irak. Hay constancia de que en una de las ocasiones sí habló del grado de cumplimiento de los objetivos marcados por el Gobierno.

Alberto Saiz aumentó el nivel de presencia de los directores: estuvo cinco años y fue siete veces. Siempre habló de temas de actualidad relacionados con casos conflictivos, como los vuelos de la CIA en España, la traición de Roberto Flórez, ceses de directivos o informes sobre empresas rusas en España. Solo hay constancia de que hablara del cumplimiento de los objetivos de la Casa en una ocasión.

Después vino Félix Sanz, que mantuvo la constante de acudir al Congreso para hablar de los escándalos que rodeaban a la institución, pero sin dedicar mucho tiempo a la obligación de hablar de la marcha del servicio de inteligencia y de los gastos en fondos reservados. La misma tónica que su sucesora, Paz Esteban.

Con Casteleiro, mejor silencio total

Con Esperanza Casteleiro el asunto se ha radicalizado. Partidos como Sumar, el PNV o el PP han solicitado su comparecencia para informar sobre temas de actualidad como la aparición sorpresiva de Puigdemont en España, el uso de dinero público para «silenciar» las relaciones sentimentales del rey Juan Carlos o la relación del CNI con el imán de Ripoll.

El Gobierno no está por la faena de que se hable de esos temas y no ha autorizado la comparecencia. De las otras comparecencias, las que tendría que hacer anualmente por estar establecida en la ley, en las que debería informar a un grupo reducido de diputados sobre la marcha de las actuaciones del servicio secreto, no sabemos nada. Todos los partidos se la han saltado, como hemos visto, y el CNI y el Gobierno encantados. Cuanto menos se hable de espías, mejor.