El Ministerio de Igualdad gasta 8,4 millones en un ente dedicado al «progresismo feminista»

He dedicado habitualmente esta sección al dinero público de nuestros impuestos que viaja al extranjero bajo imaginativos pretextos relacionados presuntamente con la cooperación internacional para el desarrollo. Frecuentemente, todas estas disposiciones de dinero de nuestros impuestos también son difíciles de entender y, por lo tanto, de creer. Hoy cambio de tercio, aunque la dinámica jurídica y el espíritu fáctico son exactamente los mismos que en las ayudas de cooperación internacional al desarrollo.

Cambio de ministerio para hablar de otra de las carteras que más dinero público entrega bajo el formato jurídico de subvenciones dinerarias sin contraprestación. Hablamos del siempre polémico Ministerio de Igualdad. Siguiendo la pista de las resoluciones y convocatorias de este ministerio, cualquiera puede ser consciente de que gran parte de su actividad consiste en financiar a entes afines a sus políticas ideológicas o incluso algunos creados bajo la sombra alargada de esta cartera ministerial, ahorrando en cosas mucho más útiles, como el espinoso asunto de las pulseras. 

A lo largo de los años he podido comprobar como, año tras año, el Ministerio de Igualdad, muchas veces a través del Instituto de las Mujeres, convoca subvenciones dinerarias sin contraprestación que se conceden sobre todo a los sindicatos UGT y CCOO, entre otros beneficiarios. Los montantes anuales de dichas subvenciones van creciendo año tras año. En 2022, en mi etapa como diputado en el Congreso pude preguntar al Gobierno por una de estas convocatorias que ascendía a 600.000 euros. Consistía en las ayudas para las «investigaciones feministas». La respuesta que el Gobierno dio era que ya estaba cansado de contestar a esto, que le molestaba hacerlo. ¿Por qué? En posteriores años la cantidad ha ido creciendo hasta los 725.000 euros anuales. Y no es en absoluto la única convocatoria de este tipo que publica el Ministerio de Igualdad.

Haciendo un repaso por las entidades relacionadas con mujeres que reciben financiación pública he podido comprobar que el listado es muy largo. Federación de Mujeres progresistas, Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, Herstóricas, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, Federación de Mujeres Jóvenes, Fondo de Mujeres Calala, Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, etc. El listado es interminable, pero para poder tener una imagen fiel de a qué se dedica cada una de estas organizaciones que reciben financiación pública, (en gran parte procedente del Estado a través del Ministerio de Igualdad, pero también de otras administraciones autonómicas y locales), procedo a informar sobre un pequeño análisis de los datos públicos que obran en los registros estatales.

Voy a hablar de la Federación de Mujeres Progresistas, pero hay otras con el apellido «progresistas», como la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. ¿Por qué analizo este ente? Porque creo que es un ejemplo palmario de la politización de entes colectivos que parecen necesitar el apellido ideológico (progresista) para garantizar su financiación, actividad y supervivencia.

La Federación de Mujeres Progresistas se define como una ONG de defensa de los derechos de las mujeres. Se compone de asociaciones, federaciones y más colectivos de ámbito nacional, autonómico, provincial y municipal. Un tejido con 23.000 personas, según su propia web. Esta organización ha recibido 8,4 millones de euros de nuestros impuestos en los últimos cuatro años, quizás para mantener ese amplísimo «tejido asociativo» (Datos publicados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda, sin contar con otro tipo de ingresos por donaciones y demás)

La Federación está presidida casualmente por una mujer con cargo público en el Partido Socialista, Yolanda Besteiro, con un amplio historial de cargos en multitud de organizaciones y entes públicos, todos con el mismo sesgo ideológico. En cuanto a la actividad de este ente, parece circunscribirse a simposios, cursos y la organización de unos premios. La última actividad publicada por la Federación data de noviembre de 2024, relativa a la entrega de los premios Mujeres Progresistas. En cuanto a las comunicaciones de prensa, las de este año se han limitado a cuatro notas relativas al 8 de marzo, contra los vientres de alquiler y por la renovación del pacto contra la violencia de género. No parece que esta actividad pueda justificar la concesión de casi 10 millones de euros públicos, en mi modesta opinión. 

Es evidente que estos son solo ejemplos del alto precio que todos pagamos por mantener económicamente unas organizaciones con un claro sesgo ideológico que, sin entrar en la –en mi opinión– más que dudosa utilidad, no deberían recibir financiación pública. Me da que este ente no pasaría el corte de viabilidad en cualquier auditoría a la que se sometiera una empresa privada. Los costes son infinitamente mayores que los beneficios. 

Gran parte de sus impuestos no vuelven, diga lo que diga la televisión.