Autónomos: el silencio que también cotiza

Hay algo que reconocer: ante el susto de las subidas anunciadas para 2026, el Gobierno se ha quedado solo. El propio plan de la Seguridad Social, que preveía aumentar entre 11 y 206 euros al mes las cuotas según tramos, ha encendido una alarma que no ha sonado solo en las asociaciones de autónomos, sino dentro del propio Ejecutivo. Los socios de Gobierno, conscientes de que los pequeños negocios y los trabajadores por cuenta propia son parte esencial del voto urbano y de proximidad, han levantado la mano: no están dispuestos a suicidarse electoralmente por un nuevo sablazo.

Pero que esta resistencia política sirva para frenar una subida coyuntural no cambia el problema de fondo: desde 2019 el Estado ha ido colonizando poco a poco el espacio económico de los autónomos, y lo ha hecho casi sin resistencia organizada. Es más, habiendo hecho sucumbir a las supuestas «bondades» del nuevo modelo a las principales asociaciones del colectivo.

Un camino de siete años: más cuotas, menos oxígeno

Desde que en 2019 se anunciara la primera revisión de cotizaciones, el discurso oficial ha sido el mismo: avanzar hacia un sistema «más justo, basado en los ingresos reales». El Real Decreto-ley 13/2022 lo consolidó y fijó un horizonte claro: 2023-2031.

La idea es buena, el resultado no tanto. En solo tres ejercicios, las cuotas mínimas han crecido un 14% para los tramos bajos, y las bases máximas han subido casi un 20%. A esto se suman los incrementos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) —0,6% en 2023, 0,7% en 2024 y 0,8% en 2025— y las aportaciones crecientes a la hucha de las pensiones.

Mientras tanto, el número de autónomos apenas se mueve. En septiembre de 2025 se contaban 3,25 millones en el RETA, apenas un 1,25% más que el año anterior, con fuertes caídas estacionales. Es decir: más aportación, pero sin crecimiento del colectivo. Los datos son tozudos: el Estado recauda más de los mismos, no de más, y que trabajan cada vez menos horas efectivas semanales, en una tendencia descendente.

El Estado sí planifica, los autónomos reaccionan

El Gobierno ha actuado con una estrategia sostenida y previsible. La Seguridad Social tiene trazada su senda de ingresos reales hasta 2031. Las revisiones anuales están planificadas, los escenarios de recaudación estimados y los argumentos sociales bien trabajados: «sostenibilidad», «equidad», «protección».

Mientras tanto, las asociaciones de autónomos llegan siempre tarde y descoordinadas. ATA se queja con contundencia («sablazo», «injusticia», «asombroso que un autónomo que gana 400 euros tenga que pagar 217»), pero sin propuesta alternativa visible. UPTA oscila entre la crítica y el «dejemos trabajar al Ministerio». Y las demás, dispersas o silentes.

El resultado es una paradoja: la única mesa que funciona es la del Gobierno. En ella se sientan técnicos, pero no hay un frente unido de representación que condicione los avances normativos a contraprestaciones reales.

El silencio también cotiza

El Gobierno defiende las subidas por la vía de la «equidad», pero la equidad no se mide solo en porcentajes: se mide en márgenes, en elasticidad y en capacidad de aguante. El autónomo español no tiene garantizado el cobro puntual de sus clientes, no dispone de moratorias automáticas si su negocio cae, y asume recargos si paga tarde, aunque el retraso provenga de la Administración.

Es decir, paga como empresa grande, cumple toda la burocracia como una grande, pero vive como economía frágil. Y nadie ha planteado seriamente un paquete compensatorio que haga sostenible este esfuerzo.

Las asociaciones, llamadas a liderar esta batalla, parecen haber renunciado al papel estratégico que la historia les reclama. No basta con salir en titulares cuando hay un «susto»; hay que estar en la mesa con propuesta, cláusulas, calendario y exigencias. Porque cada punto adicional de cotización debería llevar asociado un nuevo derecho: reducción automática de tramo en caso de caída de ingresos, deducciones por digitalización, que España se adelante en el paquete de simplificación administrativa que parece haberse iniciado en Europa o bonificación si la Administración paga tarde.

Eso no es una utopía: es lo mínimo que exige un pacto social moderno.

El Gobierno se queda solo… pero no por mérito de los demás

Es cierto que las asociaciones han alzado la voz. Pero si el Ejecutivo ha frenado temporalmente la subida, no ha sido por ellas, sino por el cálculo político de sus socios de Gobierno. No quieren perder votos entre profesionales, transportistas, autónomos rurales o pequeñas empresas familiares. Lo que paraliza la medida no es la negociación sectorial, sino el miedo electoral.

Y ese es el reflejo más peligroso: si las asociaciones pierden peso hasta el punto de que solo la política frene las decisiones técnicas, el colectivo habrá perdido su autonomía negociadora.

Un marco estable o una agonía recurrente

La salida no pasa por seguir esperando el siguiente susto. Hace falta un marco estable, previsible y pactado a largo plazo, que reconozca la realidad cíclica del trabajo autónomo.

Un sistema que:

• Ajuste automáticamente las cuotas cuando caen los ingresos.
• Corrija por inflación bases y cuotas para evitar la «progresividad en frío».
• Garantice prestaciones ágiles por cese de actividad y por impagos.
• Bonifique la digitalización y la conciliación.
• Y, sobre todo, vincule cualquier subida a mejoras concretas en la protección social.

Eso exige planificación, no indignación. Si el Estado tiene su senda hasta 2031, los autónomos deberían tener la suya también.

De la queja al contrato

El Gobierno se queda solo, sí. Pero no porque haya perdido la razón, sino porque ha perdido la compañía. Sus socios políticos marcan el freno, y las asociaciones no marcan el rumbo.

Es hora de pasar del «no al sablazo» al «sí a un pacto justo». Dejar de ser reacción y convertirse en actor. La historia reciente demuestra que cuando los autónomos se mueven, cambian cosas; cuando se limitan a protestar, el sistema se acomoda y sigue adelante.

Si los próximos meses no se traducen en una negociación real, con cláusulas y garantías, el 2026 será solo un aplazamiento: la subida volverá, disfrazada de sostenibilidad o de equidad, y volveremos a reaccionar tarde. La pregunta no es cuánto va a subir la cuota. La pregunta es: ¿quién la va a decidir?

No quiero que ninguno de mis amigos de las diferentes asociaciones se enfade conmigo. Pero alguien tiene que decirlo: parece que nuestra capacidad de influencia es nula. Nos manejan a su antojo. Suben las cuotas, suben las bases, suben los costes, y mientras tanto seguimos sin un plan. Los autónomos no solo tiran de su propio negocio: tiran del empleo, del consumo y de la economía real.

Si no somos capaces de organizarnos, nos van a seguir utilizando como un cajero automático silencioso. Y no hay economía que aguante mucho tiempo así. Y, sin dudarlo, los Gestores Administrativos estaremos a disposición de las diferentes Asociaciones para «tirar del carro».