El caos de la financiación autonómica y el pensamiento mágico

El que no sabe a dónde va siempre acaba en otra parte. El sistema de financiación autonómico no es más que el sistema de reparto de la recaudación de los impuestos. En cualquier sistema de reparto, si alguien quiere quedarse con un trozo más grande del pastel, los demás tocan a menos. Por eso, el planteamiento de la «financiación singular», o cupo catalán, que aspira a que la Generalitat de Cataluña incremente sustancialmente sus recursos, se tiene que hacer a costa de los contribuyentes del resto de España. Algo parecido ocurre con la denominada «condonación» de la deuda autonómica.

Aquí, lo que deben los contribuyentes residentes de una comunidad autónoma pasamos a deberlo todos los contribuyentes a la Hacienda común. Si a unas comunidades se les condona más que a otras, nuevamente llegamos al mismo sitio: aumento de la financiación de la Generalitat de Cataluña, y quizá de alguna otra administración autonómica, a costa del resto de los contribuyentes.

Frente a esto, la postura del Gobierno de España es que ninguna comunidad perderá recursos con la «financiación singular» de Cataluña. Evidentemente, esto podría ser una declaración de intenciones de no cumplir los acuerdos entre el PSC y ERC, y entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, y que no haya cambios en el sistema de financiación. Aunque, teóricamente, el Gobierno sí quiere reformar el sistema de financiación, y que todas las comunidades autónomas tengan más recursos. Para eso, el Ministerio de Hacienda está estudiando una reforma del sistema en la que el Estado pondría, de inicio, 23.000 millones de euros adicionales.

El pasado año, la Administración General del Estado cerró con un déficit de 46.889 millones de euros (de un total de déficit consolidado de las Administraciones Públicas de algo más de 53.000 millones de euros, un 3,22 % del PIB). Si no hay una subida brutal de impuestos, que no es una buena idea y que no parece factible aprobar, o un recorte de pensiones (que es el único sitio de donde se puede recortar una cuantía de este calibre a corto plazo), que tampoco parece estar en las ideas que se manejan, el resultado sería un aumento de 1,5 puntos de déficit con carácter permanente. Por supuesto, en este reparto del dinero adicional, probablemente algunos ganarían más que otros…

La propuesta de generalizar la «financiación singular» de Cataluña no es viable por la sencillísima razón de que los recursos no son infinitos. Pero creer que se puede aumentar sustancialmente el gasto público sin recaudar más impuestos, y sin que los mercados financieros castiguen a España por la indisciplina presupuestaria, es confiar en el pensamiento mágico. Especialmente con esta coyuntura internacional en la que toda Europa está obligada a aumentar el gasto en defensa, y España es de los que menos gastan. No es posible tenerlo todo, y todo a la vez.

Eso sí, casi todo va con retraso. Por una parte, seguimos con los presupuestos de 2023 prorrogados, y, a estas alturas, sabemos con seguridad que empezaremos 2026 con una nueva prórroga de unas cuentas de la pasada legislatura. Por otra parte, la condonación de la deuda autonómica debe realizarse por ley, y todavía faltan varios trámites para que se pueda presentar el proyecto en el Congreso de los Diputados. Y del proyecto de financiación autonómica del Gobierno de España se sabe poco más que el principio de que todo el mundo va a ganar, lo que es difícilmente compatible con la aritmética y con la necesidad de no disparar el déficit público.

Sin embargo, sí que hay algo que podría materializarse a corto plazo: la ley que cedería a Cataluña el 100 % de la gestión y la recaudación del IRPF, que es medio sistema fiscal. Como ya comentamos en THE OBJECTIVE, esta ley daría a la Generalitat las llaves de la mitad de la caja, o lo que es lo mismo, el control de la mitad de la recaudación de los impuestos.

El Gobierno podría vetar la tramitación de esta ley, porque supondría un recorte de ingresos en el presupuesto del Estado: Cataluña se quedaría con todo el IRPF recaudado, y no con el 50%. Además, también supondría un aumento del gasto porque se tendría que transferir a la Agencia Tributaria de Cataluña, en el plazo de seis meses desde su aprobación, los medios humanos, materiales e informáticos para que Cataluña pudiese cobrar el IRPF.

Esto no solo es comenzar la fragmentación de la Agencia Tributaria, sino aumentar el gasto público. El plazo que tiene el Gobierno para ejercer su competencia constitucional (art. 134.6 CE) de no prestar su conformidad a la tramitación expira el viernes 31 de octubre a las 18 horas. Si el Gobierno de España no veta esta proposición, entonces iría probablemente al Pleno del Congreso en noviembre. En el último debate de política general en el Parlament de Catalunya, el PSC, los Comunes y, por supuesto, ERC, se comprometieron a apoyar esta proposición de ley en el Congreso.

Evidentemente, si hay un veto del Gobierno, o si la proposición de ley de ERC no se toma en consideración en el Congreso, las probabilidades de que la fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria comience esta legislatura disminuyen sustancialmente. Pero, precisamente por eso, cualquiera de los dos escenarios tendría consecuencias políticas en el resto de la actividad legislativa, e incluso en la estabilidad del Gobierno.

Efectivamente, el sistema de financiación autonómica necesita una reforma, que debería comenzar por la simplificación y la transparencia, para que alguien pueda entender algo. Precisamente, esa fue una de las razones por las que Jesús Fernández-Villaverde y yo escribimos La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La Esfera de los Libros, mayo de 2025), que ya va por su segunda edición. La otra razón era porque nos parecía que el cupo catalán era una amenaza directa al modelo de Estado de la Constitución de 1978, transformando el Estado de las autonomías en un inviable Estado confederal asimétrico por la puerta de atrás.

Creo que no llegaremos a eso, al menos a corto plazo, pero las tres vías que hay abiertas de reforma de la financiación territorial, mutualización de la deuda autonómica catalana, más dinero para todos que no se sabe de dónde sale, o fragmentación parcial de la Agencia Tributaria del Estado, son tres formas distintas de equivocarse, aunque de distinta gravedad. Si parte de todo esto llega a materializarse, lo que no es absolutamente descartable, habría que plantearse revertirlo en el futuro, aunque no sea sencillo ni fácil. Nos jugamos demasiado.