El 'Leiregate': silencio y complicidad
Lo que hoy ocurre en España no tiene parangón en la historia reciente de Europa
Es gravísimo. Un escándalo sin precedentes en una democracia occidental, mucho más grave que el Watergate que hizo dimitir a Nixon. En cualquier país civilizado, el Gobierno habría caído fulminado por algo así. Pero aquí, en España, no ha pasado absolutamente nada.
Dos emisarios del poder —Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolset— se reunieron con el fiscal Ignacio Stampa para ofrecerle favores, presionarlo y transmitirle un mensaje de parte del presidente del Gobierno. No hablamos de rumores ni de teorías conspirativas: hay grabaciones, hay nombres, hay fechas y un juzgado que ya lo investiga. Según la denuncia del propio Stampa, se le dijo que Pedro Sánchez había dado orden de «limpiar sin límite» tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Una frase escalofriante que revela un modo de ejercer el poder digno de los regímenes tiránicos donde la justicia se arrodilla ante el Ejecutivo.
Pero no fue un hecho aislado. El fiscal José Grinda también denunció presiones similares: un intermediario le ofreció favores —una plaza en el extranjero, el archivo de causas— a cambio de información sensible sobre su superior, el fiscal jefe de Anticorrupción. El objetivo era el mismo: neutralizar las investigaciones que afectan al entorno del PSOE y de la Moncloa.
A esta trama se suma otra pieza clave: una reunión grabada entre Díez, Dolset y el abogado de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, con el empresario Alejandro Hamlyn. En ese encuentro, los emisarios presionan para obtener mierda contra la UCO —la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, responsable de las investigaciones más delicadas de corrupción— y contra Antonio Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil española al frente del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. A Hamlyn le ofrecen favores judiciales a cambio de información comprometida sobre mandos policiales, fiscales y jueces involucrados en investigaciones sensibles que afectan al Gobierno. En otro audio, Dolset afirma con claridad que todo viene de parte de Santos Cerdán y del presidente del Gobierno.
¿Nos damos cuenta de la magnitud de todo esto? ¿Realmente somos conscientes? Hablamos de una operación de Estado clandestina, diseñada para desactivar investigaciones judiciales, desacreditar fiscales y cargarse a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, todo ello con el fin de proteger al entorno íntimo del presidente del Gobierno. No es un caso aislado de corrupción, es un intento de captura del Estado, de convertir la democracia en una fachada donde el poder del Ejecutivo se blinda.
El Watergate fue, comparado con esto, un juego de niños. Nixon mandó espiar a sus rivales y mintió; aquí, si las denuncias se confirman, el Gobierno habría intentado controlar directamente el sistema judicial mediante una delictiva extorsión propia de la mafia, y no para proteger un partido, sino al propio Presidente del Gobierno y a su familia. Nixon cayó en meses; Sánchez sigue en pie, protegido por el silencio cómplice de quienes deberían exigir explicaciones inmediatas.
El Partido Socialista calla. La Fiscalía General calla y protege. Los medios comprados por el Gobierno callan o minimizan. En cualquier democracia normal, una denuncia de este calibre habría desencadenado dimisiones en cadena, la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas. Aquí, nada. Silencio. Y lo que es peor: nos estamos acostumbrando a que la mentira, la presión y la manipulación formen parte natural del paisaje político.
La democracia no muere de golpe. Muere cuando el escándalo deja de escandalizar, cuando el ciudadano deja de esperar decencia de sus gobernantes. Muere cuando se tolera que un presidente, acorralado por los tribunales, use el aparato del Estado para limpiar su propio nombre.
Esto no es una disputa partidista ni un episodio más de cloacas. Es una cuestión de Estado, porque en el centro no está un partido ni una ideología, sino la independencia judicial y el respeto al Estado de derecho. Si eso cae, y está cayendo, cae todo lo demás.
Lo que hoy ocurre en España no tiene parangón en la historia reciente de Europa. Es un ataque frontal al corazón mismo de la democracia, un intento de colonizar la justicia desde el poder político. Y lo más terrible no es que haya sucedido: lo más terrible es que sigue sucediendo y nadie asume responsabilidades.
España, resignada, asiste a la degradación absoluta de sus instituciones. Silencio y complicidad: así muere una democracia.