El vídeo que desapareció misteriosamente de un juzgado… y apareció en 'El País'

Hay cosas inquietantes que tienen explicación; otras no. Hace cinco meses, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el archivo de la querella que José Luis Ábalos interpuso contra THE OBJECTIVE. El varapalo judicial para el exministro, en respuesta a su recurso de apelación a la decisión del juzgado 52 de Madrid de archivar la causa en septiembre del 2024, precedió a la solicitud de nuestra defensa de todos los vídeos de las testificales en la causa. Comparecieron como testigos Santos Cerdán, Adriana Lastra, Carmen Calvo, Maritcha Ruiz Mateos y Celia Rodríguez, llamados a declarar por la defensa de Ábalos. Mariano Moreno, el exgerente del PSOE, acudió a petición de nuestro abogado. El 26 de mayo de este año, la Audiencia Provincial dictó el archivo de la causa y el 4 de junio registramos la solicitud para solicitar copia de las diligencias practicadas. Se nos enviaron todas las declaraciones realizadas en sede judicial, salvo una: la de Mariano Moreno.

Cabe destacar dos cosas. La defensa de este periódico declinó tener acceso a las testificales antes de que se archivara la causa para que, en caso de filtraciones, no hubiese lugar a dudas de que quien filtraba era la parte querellante, la de José Luis Ábalos, como así ocurrió. Quince días antes de que la Audiencia Provincial ratificara el archivo de la causa, certificando que «las informaciones contenidas en los artículos tenían una base fáctica que ha sido contrastada y que la autora de los artículos tuvo fuentes solventes y contrastó la información», un reconocido tuitero-agitador del ámbito de la izquierda publicó dos minutos y 58 segundos de mi declaración ante el juez para intentar desmontar nuestras informaciones sobre los destrozos en el Parador de Sigüenza.

Lástima que no publicara el vídeo íntegro de una hora y 23 minutos en el cual desvelaba, con tres años de antelación, gran parte de las informaciones que hoy se publican en otros medios de comunicación sobre los gastos de José Luis Ábalos, el papel del gerente, la alarma de las secretarias de la quinta planta de la sede de Ferraz, el problema de Ábalos con la prostitución y los pagos en metálico.

Y segunda cuestión: la defensa de Ábalos solicitó tener acceso a las testificales en enero de 2024, después de que el gerente declarara el 18 de diciembre de 2023. Llama la atención que no consta en el juzgado la resolución pertinente que acredita que se puso a disposición del querellante este material en aquel momento. En el caso de THE OBJECTIVE, no fue hasta la publicación del informe de la UCO sobre el análisis patrimonial de Ábalos —donde había referencias expresas a las testificales de nuestra causa, concretamente sobre Celia Rodríguez y Santos Cerdán— cuando este periódico entendió que el interés general justificaba publicar sus declaraciones en sede judicial, sobre todo porque demostraban que ambos mintieron en sede judicial en relación con los pagos en metálico o a la responsabilidad financiera del secretario de Organización del PSOE. Las publicamos el 5 y el 8 de octubre.

Este pasado lunes, antes de la declaración de Mariano Moreno en la comisión de investigación del caso Koldo, nos percatamos de que el juzgado no nos había facilitado la testifical del exgerente del PSOE. Fue entonces cuando hicimos un nuevo requerimiento al Juzgado número 52 de Madrid, que se presentó el martes 21 tras personarse nuestra defensa físicamente en el juzgado. La respuesta de los letrados de administración de justicia al procurador del bufete es que el vídeo con la testifical había desaparecido del servidor informático. «No consta en el expediente electrónico judicial», fue la textualidad que ofrecieron con evidente nerviosismo.

Ese mismo martes, según las fuentes consultadas, el diario El País recibió los tres vídeos de las declaraciones judiciales del exgerente Mariano Moreno, la secretaria, Celia Rodríguez, y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Este material se publicó al día siguiente, el miércoles 22, en el diario del Grupo Prisa con el título: Los vídeos inéditos del exgerente del PSOE y de una trabajadora, ante el juez: «Se adjuntaban documentos para justificar los gastos». En puridad, el único vídeo inédito que aportaba dicho diario era el único que no nos envió el juzgado. Los otros dos se publicaron de forma íntegra 15 días atrás. Tras ver la publicación, el despacho que asiste jurídicamente a THE OBJECTIVE presentó un nuevo escrito de requerimiento al juzgado adjuntando la publicación de El País.

Aún no existe explicación oficial alguna sobre lo ocurrido: por qué un vídeo clave desaparece en un juzgado y aparece en la redacción del diario El País. Se trataba ya de la segunda filtración que se ha producido en la causa en apenas cuatro meses, en perjuicio de la parte querellada, y tras un proceso de dos años y medio de instrucción. Además, no es el único material que nos han denegado en este tiempo. Uno de los primeros oficios que requerimos en 2022 tras presentar Ábalos su querella por injurias y calumnias fue la solicitud al PSOE de todas las facturas que José Luis Ábalos presentó en Ferraz durante los tres años en que fue secretario de Organización.

Una diligencia que el juzgado denegó justo antes de archivar la causa en 2024; ocho meses después, fue la sección cuarta de la Audiencia Provincial la que ratificó el sobreseimiento de la querella, exactamente una semana antes de que expirara el plazo para pronunciarse sobre la entrega las facturas del ex número tres del PSOE en Ferraz. Me pregunto qué ocultarán esos recibos para que se hayan guardado con tanto celo durante cuatro años. Y, sobre todo, me pregunto si todavía existen. Obviamente, es una pregunta retórica. Según la Ley Orgánica de Financiación de los partidos políticos, «los partidos deberán conservar, durante al menos cinco años, los justificantes de sus operaciones económicas, incluidos los relativos a ingresos y gastos, subvenciones y donaciones».

Es decir: transcurridos los cuatro años en que THE OBJECTIVE lleva pidiendo esas facturas, los ejercicios de 2018, 2019, 2020 ya han prescrito. Cabe suponer que las facturas de esos tres primeros ejercicios ya habrán sido eliminadas; y el último ejercicio de 2021 está a punto de expirar. Sería interesante que el Gobierno explicara cómo se puede colaborar con la justicia sin entregar esos recibos que aportan cosas tan relevantes como los 4.500 euros de la última factura de Ábalos en julio de 2021, la mitad del importe al restaurante La Tragantía de Madrid, o la factura de 9.000 euros que registró en un solo mes en esos últimos seis meses (como adelantó este diario en noviembre de 2021).

El Gobierno ha emprendido una estrategia de ocultación que, de momento, está funcionando. Ayudado por sus satélites mediáticos, ha conseguido no pronunciarse todavía sobre las escandalosas imágenes publicadas por este diario de los fajos de billetes que José Luis Ábalos guardaba en el despacho de su residencia oficial; mientras los trabajadores del PSOE mienten en sede judicial y se producen misteriosas y literalmente inexplicables desapariciones en los juzgados. A ver si, al final, el lawfare era esto.