Las medidas del Gobierno para la vivienda: populistas y con más riesgos que beneficios

El Gobierno señala a los pisos turísticos como los responsables del alza de los precios de la vivienda cuando la explicación es mucho más sencilla: una oferta estancada y una demanda al alza presionan el mercado, haciendo casi imposible acceder a una vivienda.

Las viviendas turísticas son una cortina de humo del Gobierno, a la que suman otros chivos expiatorios, como los grandes fondos, para no afrontar el verdadero problema: la desaparición de la oferta del alquiler por el intervencionismo y las trabas administrativas para construir.

El Banco de España ya ha advertido de un déficit de 700.000 viviendas en España para cubrir la demanda, 100.000 más que hace un año, ya que el número de hogares crece más deprisa que el parque inmobiliario por la falta de oferta y de suelo finalista, por la incertidumbre regulatoria y por la baja inversión.

Las medidas anunciadas por el Gobierno para frenar la escalada de precios y favorecer el acceso a la vivienda son efectistas y populistas y se limitan a señalar culpables para sostener un relato sin valorar su impacto real y los daños colaterales.

En su última visita a Andalucía, el presidente Pedro Sánchez anunció ayudas de 30.000 euros a jóvenes de hasta 35 años para el alquiler con opción a compra de viviendas de protección, ayudas de 300 euros al alquiler y el cierre de 53.000 viviendas turísticas que, según aseguró, se dedicarían al alquiler de larga duración.

La vendetta contra las viviendas de uso turístico

Estrechar el cerco sobre las viviendas de uso turístico (VUT) —a través de enrevesadas y confusas normativas de registro— es una política con muy poco impacto en la generación real de oferta de alquiler de larga duración, pero sí dificulta que miles de familias en España que tienen una casa de veraneo puedan alquilarla de manera ocasional. Esta medida, por lo tanto, dañará a miles de pequeños propietarios y familias, muchas de ellas en entornos alejados de las ciudades.

Según el INE, en España hay 381.837 viviendas de uso turístico activas (mayo 2025), lo que supone 1,4% sobre el total del parque de vivienda de España. Para dimensionar la cifra, en España hay 7,7 millones de viviendas no principales, que son segundas residencias, viviendas vacías o que se destinan a otros usos.

En el municipio de Barcelona, donde no se dan nuevas licencias desde 2014, son el 1,2%. En esta línea, Barcelona es la provincia con más zonas tensionadas declaradas y donde más han subido los precios del alquiler y ha desaparecido más oferta tradicional, lo que muestra que las políticas intervencionistas dañan el mercado y la economía.

Por su parte, en Madrid, más de la mitad de los alojamientos de alquiler de corta duración en la ciudad se encuentran repartidos por 20 barrios fuera del distrito Centro, que representan no más del 1,2% del total de viviendas en esas áreas.

Los distritos de Madrid que han experimentado el mayor aumento porcentual en los precios de alquiler desde 2015 (como Puente de Vallecas, Latina, Usera, Villaverde y Carabanchel) tienen un porcentaje mínimo de oferta de alquiler de corta duración (menos del 0,6%). En el centro, donde se concentra el mayor número de viviendas de uso turístico, la evolución de los precios del alquiler está en línea con otros mercados.

Asimismo, la idea de que prohibir las viviendas turísticas hará que estas vuelvan al mercado de larga duración es una falacia. Por ejemplo, un alto porcentaje de estas viviendas no está disponible para el alquiler vacacional todo el año, ya que, por ejemplo, son segundas residencias. Por ello, en caso de no poder ejercer la actividad turística, los propietarios no las pondrían en alquiler convencional.

En este sentido, el estudio Radiografía de las VUT en Catalunya, elaborado por la Universitat de Girona, constata una fuerte correlación entre las segundas residencias y las VUT y que estas no tienen relación con el precio del alquiler residencial. El estudio señala una importante concentración de las segundas residencias en la Costa Brava y la Costa Daurada.

Un caso paradigmático es la provincia de Gerona, donde más del 40% de las viviendas no son principales (unas 231.379). O lo que es lo mismo: es una de las provincias donde se concentra un gran número de segundas residencias. Según el INE, a mayo de 2025, el 4,5% del parque total de viviendas de Girona eran viviendas de uso turístico (unas 22.998).

Gerona es un ejemplo claro de provincia en el que la inversión inmobiliaria está centrada en la generación de un parque de segundas residencias destinadas a su uso en fines de semana o vacaciones y a su alquiler por temporadas para sacar cierta rentabilidad. Una actividad que se desarrolla desde antes de que existieran las plataformas online.

Así, prohibir las VUT no va a solucionar ningún problema de acceso a la vivienda, mientras amenaza con generar otros: no se va a crear oferta donde está la demanda y se van a frenar inversiones en zonas de costa o tradicionales de veraneo, dañando a su vez la economía de las familias.

No hay que olvidar que España es un país de pequeños propietarios. Según el Banco de España, el 73,6% de los hogares españoles residen en una vivienda en propiedad. Las empresas y grandes fondos son dueñas del 8% de las viviendas habituales en alquiler, por lo que el 92% están en manos de propietarios particulares.

Las ayudas para viviendas de protección

Respecto a las nuevas ayudas para adquirir vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra, si el Ministerio hubiera analizado sus propios datos, se habría dado cuenta de que no solo no sirve para resolver el problema, sino que no es ni una tirita, ya que estas viviendas son un bien muy (pero muy) escaso.

Si entre 2014 y 2024 se terminaron en España 99.405 viviendas protegidas –una oferta totalmente insuficiente para cubrir la creciente demanda–, sólo el 2,3% (2.292) de ellas son en régimen de alquiler con opción a compra. En 2024 se han terminado 33 viviendas protegidas con opción a compra, todas en las Islas Baleares. Entre enero y junio de 2025, ninguna.

En Cataluña, el País Vasco, La Rioja, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana o Castilla y La Mancha se han terminado cero viviendas en alquiler con opción a compra en los últimos 11 años. En Madrid y Andalucía es donde más hay. Así, la ayuda de 30.000 euros está avocada a tener menos éxito que los avales ICO. La medida estrella de la campaña electoral de 2023 solo ha llegado a 7.887 hipotecas en un año, lo que supone el 7,8% de los 2.500 millones de euros disponibles.

La demanda de vivienda en España es cada vez mayor, y, en gran medida, se concentra en el mismo segmento, espacios asequibles, porque gran parte de los nuevos demandantes, inmigrantes y jóvenes, tienen salarios bajos.

Para satisfacer esta demanda hay que aumentar la oferta con la construcción de vivienda protegida o asequible, sobre todo en las grandes capitales. No en vano, más del 50% de la demanda desatendida está en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, donde más han subido los precios.

Aunque el ritmo de construcción de viviendas protegidas ha registrado un leve repunte en 2024 con 14.371, la cifra está muy lejos de los datos precrisis. Entre 2021 y 2023 se han creado 563.295 hogares nuevos, mientras que se han terminado 273.392 viviendas, de las que un 10% son protegidas. Magnitudes claramente insuficientes.