Debes 35.000 euros más de lo que crees, y tendrás que pagarlo
La deuda pública es el reflejo de opciones políticas, sentido institucional y equilibrios intergubernamentales
Si la semana pasada veíamos cómo la deuda es el verdadero cohete de la economía española, toca esta centrarnos en quién la provoca. Porque la deuda no es una catástrofe natural, un act of God en terminología anglosajona, sino una decisión política con responsables últimos —que jamás responderán por ello—. Decisiones que han disparado la deuda de cada español de los 6.300 euros en 1994 a los casi 35.000 euros actuales. Que, en términos de euros constantes, supone haberlo multiplicado por 2,5 veces.
Los ayuntamientos han mantenido casi siempre (salvo el periodo de la crisis financiera) un perfil modesto en el escenario de la deuda pública. Su peso ronda entre el 1% y el 1,5% del total, con valores muy estables y cercanos a los 23.000 millones de euros. Esto habla de un sector local que, pese a su gran número y diversidad, ha sabido —o se ha visto obligado a— gestionar sus necesidades de endeudamiento con responsabilidad o control externo muy fuerte. Hay excepciones y son conocidas, pero si la intervención de los ayuntamientos irresponsablemente gastones se hubiese trasladado a la Administración central del estado, otro gallo estaría cantando ahora mismo.
La historia de las comunidades autónomas es radicalmente diferente. Hasta 2001, su peso en la deuda nacional era inferior al 10%, pero a partir de esa fecha, y especialmente tras la crisis de 2008, la cifra se dispara: supera el 17% en pleno desplome financiero y rebasa el 20% sólo cinco años después. Desde entonces, la cifra se sostiene en ese entorno, rozando en algunas ocasiones el 25% del total. En términos absolutos, la deuda autonómica llegó a 343.000 millones de euros en junio pasado, con Cataluña como claro primer deudor, acumulando casi 90.000 millones y cerca del 30% de su PIB. La Comunidad Valenciana le sigue con más de 60.000 millones de euros (un 40% de su PIB), lo que refleja el impacto desigual de la descentralización y la disparidad de ingresos y modelos de financiación autonómica.
Por su parte, los Organismos de la Administración Central (OAC) como el SEPE, el INE, la AEMET o el FROB, entre muchos otros, han sido durante muchos años actores menores en términos de deuda pública, moviéndose en cifras ‘bajas’, de hasta 9.000 millones de euros en 2010. Todo cambia con la crisis financiera: la falta de acceso de comunidades autónomas y ayuntamientos a los mercados hace que el Estado cree mecanismos extraordinarios (FLA, Plan de Pago a Proveedores, FROB, etc.) que canalizan recursos y rescates a través de estos organismos, disparando su endeudamiento por encima de los 200.000 millones en el bienio 2013-2014. Una vez amortizados o absorbidos los fondos y rescatadas las entidades, la deuda de los OAC vuelve a su cauce histórico, en el entorno de los 35.000 millones.
Uno de los aspectos más llamativos de la serie es la sorprendente estabilidad de la deuda de la Seguridad Social durante casi dos décadas. El préstamo del Estado para las pensiones se refinanciaba sin cambios significativos, manteniendo el saldo en torno a los 17.000-18.000 millones de euros durante veinte años. Los déficits se cubrían con el fondo de reserva o transferencias estatales directas, evitando nuevo endeudamiento. Todo cambia en junio de 2017, cuando, al agotarse el fondo, se recurre a préstamos estatales extraordinarios de hasta 10.000 o 15.000 millones de euros anuales para cubrir pagas y picos de tesorería, dando lugar a un crecimiento exponencial: de 17.700 millones de deuda mensual media durante veinte años, se pasa a más de 41.000 millones en 17 meses (nov 18), 85.000 millones sólo dos años después y 126.173 millones en agosto de 2025. Esta dinámica, lejos de ser casual, evidencia la incapacidad política para abordar el reto de las pensiones de manera estructural.
Otra partida técnica pero altamente reveladora de la intencionalidad política es la de «Consolidación», que recoge la deuda interna entre administraciones. Desde 2001, su saldo se multiplica por tres debido a la acumulación de préstamos del Estado a la Seguridad Social, que no son amortizados y deben consolidarse, reflejando la presión fiscal y contable fruto de este diseño. En lugar de cubrir el déficit del sistema por vía presupuestaria ordinaria, se opta por préstamos estatales que, en la práctica, hacen que el Estado, a través del Tesoro y otros organismos, se financie a sí mismo. Este recurso, aunque legal, es altamente irregular y habla de las limitaciones de la demanda externa y de la aversión a asumir el coste presupuestario real.
Por último, mención especial merece el propio Estado, responsable de la mayor parte del endeudamiento. Durante los 26 primeros años de la serie, absorbía el 82% del total; en los últimos siete años y ocho meses, su peso se eleva al 88%, y rebasa el 90% en los últimos 19 meses, apoyado por la política monetaria hiperexpansiva del Banco Central Europeo y sus tipos irresponsablemente bajos en ese entorno de IPC superior a número mágico del 2%.
En conclusión, la deuda pública no es sólo un problema de cifras, sino el reflejo de opciones políticas, sentido institucional y equilibrios intergubernamentales. Es un recordatorio de que la sostenibilidad fiscal requiere tanto responsabilidad en el gasto como mecanismos de financiación transparentes y equitativos. Seguir confiando en la ingeniería contable, las mutualizaciones internas y la ayuda eterna de la política monetaria irresponsable del Banco Central Europeo puede evitar males mayores en el corto plazo, pero pospone el ajuste y las reformas estructurales que una sociedad madura y desarrollada como la nuestra debe ser capaz de afrontar.