La agresión a un policía es la agresión a un país entero

En España se ha cruzado una línea intolerable. Las agresiones a policías nacionales han dejado de ser incidentes aislados para convertirse en un síntoma claro de algo mucho más profundo y preocupante: la pérdida del principio de autoridad y la normalización del odio hacia quienes protegen las libertades de todos. Cada día asistimos a escenas impensables hace apenas unos años: emboscadas a patrullas, ataques con armas de guerra, insultos y amenazas de muerte lanzadas con absoluta impunidad y agentes hospitalizados en estado crítico por agresiones salvajes. Esta realidad no es una exageración sindical ni una batalla política. Es una evidencia peligrosa que cualquier sociedad democrática debería afrontar sin ambigüedades.

La pregunta es inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque, mientras los delincuentes actúan cada vez con mayor violencia, nuestros agentes siguen trabajando con chalecos caducados, sin equipos de protección balística suficientes y con plantillas menguadas en zonas donde la criminalidad se desborda. Y cuando un policía se ve obligado a emplear la fuerza de forma legal y proporcionada, la respuesta institucional no es apoyo ni respaldo, sino sospecha. El agente pasa de víctima a investigado, lo que supone una doble victimización para los policías. Esa inversión perversa del principio de justicia envía un mensaje devastador: en España, cumplir con el deber puede costarte no solo la integridad física, sino también la carrera profesional.

Es imposible comprender el problema sin asumir una responsabilidad política directa. El ministro del Interior ha fallado en lo fundamental: proteger a quienes protegen a los ciudadanos. Durante años, se han sucedido anuncios vacíos, reformas bloqueadas y una pasividad que ha desembocado en un escenario insostenible. La falta de medios, el abandono institucional, la falta de una legislación clara y contundente contra la delincuencia y la ausencia de una política firme contra las agresiones a agentes son razones más que suficientes para exigir su dimisión. No por interés sindical, sino por sentido de Estado. Ningún país serio permite que sus policías patrullen desprotegidos mientras la violencia avanza. Ningún país serio permitiría que mientras sus policías se baten el cobre contra los delincuentes, su cúpula policial se reparte medallas pensionadas para engordar aún más su pensión de jubilación.

Desde Jupol llevamos años reclamando medidas que no pueden aplazarse más: penas más duras para quienes agreden a un agente, un agravante penal específico, campañas institucionales que devuelvan el respeto a la autoridad, equipamiento adecuado y moderno, refuerzo de plantillas y la actualización inmediata del Catálogo de Puestos de Trabajo, congelado desde 2008. Pero, sobre todo, pedimos algo que debería ser evidente: que se garantice la protección jurídica a los policías cuando actúan conforme a la ley. Nadie puede defender un país si teme ser abandonado por sus propios dirigentes.

La sociedad española debe entender que una agresión a un policía no es un ataque a un uniforme, sino un ataque directo al principio de autoridad del Estado. Cuando un agente cae, no hay héroes ni épica: hay una familia rota y un país que pierde un pedazo de sí mismo. Por eso insistimos, con la mayor firmeza: los policías nacionales no queremos homenajes póstumos. Queremos vivir. Queremos volver a casa. Y queremos hacerlo sabiendo que nuestro país no ha renunciado a defendernos.

Mientras eso no ocurra, seguiremos levantando la voz. Porque callar sería aceptar que la violencia ha ganado. Y en Jupol no estamos dispuestos a dar esta batalla por perdida, no vamos a renunciar a nuestro lema: «Prohibido rendirse».