'Dumping' fiscal y financiación autonómica

El sistema de financiación autonómico es complicado, pero lo que al ciudadano de a pie le resulta completamente ininteligible es la jerga que lleva asociada. Por ejemplo, en el último Consejo de Política Fiscal Financiera, órgano que reúne al Ministerio de Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero avanzó que en dos meses el gobierno presentaría un nuevo modelo de financiación autonómico, en el que todas las comunidades obtendrían más recursos, en el que primaría la corresponsabilidad fiscal, y en el que habría desincentivos para el dumping fiscal.

Intentemos traducir todo esto. Un sistema de financiación autonómico no es más que un sistema de reparto de la recaudación de los impuestos. Por lo tanto, si todas las comunidades autónomas van a obtener más, y algunas, las infrafinanciadas, como Valencia, Andalucía y Murcia, y, por supuesto, Cataluña (que no está infrafinanciada en absoluto) van a obtener mucho más, sólo caben tres posibilidades. La primera, y más probable, es una subida masiva de impuestos. La segunda alternativa es disparar el déficit, lo que nos acabaría llevando a una crisis económica como la que sufrimos entre 2009 y 2014.

No parece probable, aunque sólo sea porque en el consejo de político fiscal y financiera se aprobó un objetivo de déficit del 2.1%, y, sobre todo, porque ni Europa ni los mercados financieros nos dejarían. La tercera alternativa es cuadrar las cuentas con un recorte de las pensiones, que es todavía más improbable porque supondría un suicidio electoral para el partido que lo proponga. Por lo tanto, la traducción realista y probable de «un nuevo sistema de financiación donde ninguna Comunidad Autónoma pierda y algunas ganen mucho» es una subida masiva de impuestos.

Con estos condicionantes, además de la falta de mayoría en el Congreso, lo probable es que no haya un nuevo sistema de financiación, al igual que parece muy complicado que haya Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que lo que haya sea «otra cosa», es decir, parches parciales para contentar a unos u otros. En este sentido, otro término que necesita una traducción es el de «corresponsabilidad fiscal».

Básicamente, aquí se está hablando de que cada comunidad, o también, el Estado, se haga responsable de las medidas fiscales que adopta. Esto quiere decir dos cosas, que las consecuencias de las subidas o bajadas de impuestos las soporte el presupuesto de la administración que las adopta, y en segundo lugar, que no se pretenda que los gastos propios los paguen los demás. Usted se preguntará si esto ocurre con el actual sistema de financiación autonómica, ya que, si no, el sistema sería una chapuza.

En principio, con el actual sistema de financiación autonómica, cualquier decisión fiscal repercute íntegramente en el presupuesto de la comunidad que la adopta. Por ejemplo, Madrid ha rebajado impuestos, pero esto supone que tiene menos dinero en su presupuesto autonómico. Según datos de 2023, la cuota líquida autonómica del IRPF de los contribuyentes residentes en Madrid fue inferior en unos 1.700 millones de euros a la cuota líquida estatal. Esto quiere decir que la Comunidad de Madrid tuvo 1.700 millones de euros menos para financiar sus políticas.

Sin embargo, la Generalidad de Cataluña obtuvo 500 millones de euros más de los catalanes en el IRPF que el Estado, dado que subió los tramos autonómicos del IRPF (sobre todo el primero, que, hasta la reciente rebaja de Illa, era el más elevado de España, ahora lo supera Asturias). 

Ahora vayamos a la parte del gasto: si tienes más gasto deben pagarlo los contribuyentes de esa Comunidad Autónoma, no el resto de los españoles. Siguiendo con el ejemplo, Cataluña ha tenido sistemáticamente más gasto por persona que Madrid y que la mayoría de las CCAA (salvo el País Vasco y Navarra). Esto se debe, en parte, a que la Generalidad de Cataluña tiene competencias que no tienen otras CCAA, como las prisiones o una policía con amplias atribuciones (los Mossos d’ Esquadra). Pero también a que ha creado estructuras de estado, como embajadas en el exterior (más de treinta, las últimas inauguradas por Salvador Illa) o una agencia tributaria propia, recientemente «reforzada». Esto ha derivado, pese a las subidas de impuestos, en que Cataluña sea la comunidad más endeudada. 

Como la Generalidad de Cataluña no ha podido financiarse en los mercados, el nivel de gasto lo ha podido mantener gracias al apoyo del fondo de liquidez autonómica, es decir, del Estado, es decir, del resto de los contribuyentes. Esto ya supone una cierta irresponsabilidad fiscal, el exceso de gasto público catalán  lo estamos financiando el resto de los españoles, subvencionando, además, los intereses. Pero, por supuesto, si se le «condona» más deuda autonómica a Cataluña que al resto de las autonomías, lo que ocurrirá es que el Estado asumirá ese gasto, es decir, que lo acabaremos pagando el resto de los españoles. Esto no es corresponsabilidad fiscal, pero la responsabilidad de esto no es del modelo de financiación autonómica, sino, en todo caso, será del gobierno y el Congreso que aprueben esta transferencia de deuda, es decir, de gasto acumulado, al resto de los españoles.

Es un término comercial

Por último, ¿qué es esto del «dumping fiscal» y cuál es la traducción? El término dumping necesita traducción porque está en inglés, y porque no es un término fiscal, sino comercial. El término dumping hace referencia a vender a un precio anormalmente bajo (usualmente por debajo de coste) para expulsar a la competencia, para luego crear un monopolio y poder subir los precios. Obviamente, esto es competencia desleal.

Un dumping fiscal vendría a ser una rebaja de impuestos para atraer empresas y actividad económica. Por ejemplo, Irlanda tiene un tipo general del impuesto de sociedades del 12,5%, pero además daba acuerdos especiales a las multinacionales que se instalaban allí.

Así, Apple pagó un tipo cercano a cero durante más de una década, lo que llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a ordenar a Irlanda recuperar más de 13.000 millones de euros. Esto atrajo empresas y actividades económicas hacia Irlanda, pero redujo la recaudación de impuestos sobre las grandes empresas en toda la Unión Europea (y en casi todo el mundo).

El sistema habitual para hacer dumping fiscal es rebajar los impuestos que tienen que pagar las empresas, normalmente el impuesto de sociedades. Esto sólo pueden hacer, y lo han hecho, las comunidades que tienen un sistema de «cupo» (es decir, de concierto o convenio económico), el País Vasco y Navarra. El caso más reciente es el del impuesto a la banca, que se exige a menores tipos, con bonificaciones e incluso más tarde, a las entidades financieras en el País Vasco que en el resto de España.

Pero, por supuesto, nadie en el Gobierno está pensando cuando habla de «dumping fiscal» ni en el País Vasco, ni en Navarra ni en Irlanda. Aunque quizás, Yolanda Díaz sí, cuando habla de que las multinacionales tecnológicas «bajen de la nube» y paguen un 15% a la Hacienda Española. Probablemente, cuando explique cómo piensa hacerlo, merezca la pena escribir sobre el tema. Les acabo la traducción, cuando se habla de «desincentivar el dumping fiscal», se está hablando de obligar a subir impuestos a la Comunidad de Madrid. Uno puede criticar las rebajas fiscales de esta Comunidad Autónoma o de otras. Incluso, puede considerar que algunos impuestos sería preferible que tuviesen normativa estatal y no autonómica. Pero, esta acusación «velada» de dumping fiscal casa mal con la realidad, y peor aún con la política. 

En realidad, lo que se está diciendo con esto, es que el impuesto de sucesiones (replicado por media España) y, sobre todo, el IRPF de Madrid, son «demasiado bajos», lo que supone «competencia desleal». Es muy poco probable que los lectores de este artículo piensen que pagan impuestos demasiado bajos, si viven en Madrid, o no aspiren a unos niveles de impuestos similares. Y todavía más improbable es que consideren que deben pagar más impuestos, vivan o no en Madrid, para que las comunidades autónomas tengan más ingresos y mucho menos para una financiación singular de Cataluña, más y mejor conocida como cupo catalán. 

Aquí termina mi traducción, que espero que les haya aclarado algo, si quieren saber algo más de este tema, Jesús Fernández-Villaverde y un servidor escribimos hace unos meses, La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La Esfera de los Libros, 2025), que ya va por la segunda edición, y que les prometo que no necesita traducción.