The Objective
Opinión

¿Quién (nos) va a pedir perdón?

Las pruebas estaban delante de nuestras narices, dentro de unas comillas. La pistola humeante fue una nota de prensa que el Gobierno quiso ignorar

¿Quién (nos) va a pedir perdón?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tomemos perspectiva. Solo en una semana se han sucedido tres torpedos en la línea de flotación del Gobierno: el informe de la UCO sobre Santos Cerdán el martes, la petición de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos el miércoles y la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el jueves. Y hay quien me sigue preguntando dónde están las bombas que iban a caer sobre el Gobierno. Por primera vez en democracia se condena al máximo representante del Ministerio Público, en la misma semana en que los dos secretarios de organización del PSOE enfilan su camino a prisión y aún la pregunta en los medios es si Pedro Sánchez será capaz de aguantar al frente del Gobierno. La anomalía democrática ya no se limita a una legislatura ficticia o al incumplimiento constitucional de presentar los Presupuestos, sino al umbral de tolerancia que la ciudadanía tiene con un PSOE que, aún a día de hoy, sigue en el entorno del 27% de intención de voto. Si la sociedad española no abre los ojos a los que está pasando, Sánchez morirá (políticamente) en su cama.

Porque el principal éxito de este Gobierno es la anestesia colectiva. Sánchez ha conseguido narcotizar al pueblo a base de aturullarlo con cortinas de humo. La gente ni sabe ni quiere saber. Y la polarización tiene un triple efecto: disparar a los extremos, anular a los moderados y desconectar a la inmensa mayoría del hilo informativo que cristaliza en los cambios demoscópicos. Cuesta jerarquizar cuál es la noticia más importante de la semana. La del fiscal era, sin duda, la menos esperada; por prematura y por contundente, por tanto constituyendo la más noticiable. Y porque políticamente apenas ha pasado una semana desde que el presidente del Gobierno presionara al Tribunal Supremo con su afirmación en el diario El País: «La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente». La verdad es que hace mucho tiempo que al Gobierno dejó de importarle la verdad. Se demostró cuando simularon un magnicidio contra Sánchez con el bulo de la bomba lapa, destapado por THE OBJECTIVE, manchando el buen nombre de un guardia civil y manipulando las conversaciones con su confidente. Y la pregunta es: ¿Quién pidió disculpas? ¿Quién pidió perdón al capitán Bonilla?

No deja de ser paradójico que fuera un capitán de la UCO el blanco del ataque gubernamental cuando fue precisamente un informe de la UCO en lo que se apoyó el presidente Sánchez para exigir las disculpas al fiscal general porque «no había ningún mensaje que probara esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición nada y nada menos que a la reputación del fiscal general». El borrado de las pruebas de la operación política de Moncloa y su satélite de la Fiscalía no ha servido para que no se haga justicia. Porque resulta que las pruebas de esa revelación de datos privados estaban justo delante de nuestras narices. La pistola humeante era una nota de prensa que el Gobierno y sus satélites mediáticos habían pretendido convencernos de que era plenamente legal. Las comillas eran la carga probatoria, la transcripción de esos textuales y el reconocimiento de la directora de comunicación de la Fiscalía de que se los había dictado García Ortiz han sido la base probatoria de la condena por un delito de revelación de datos, y no la filtración a los periodistas. El dedo y la luna. Y la pregunta es: ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón a Alberto González Amador?

De Bonilla a Amador, pasando por el Supremo

Como es habitual en la Moncloa de las verdades alternativas, ya han hecho de la necesidad virtud, desplegando los argumentarios sobre un «golpe de Estado judicial», mandando a los profetas del sanchismo a predicar a los confines mediáticos sobre el asedio antidemocrático perpetrado desde poder judicial que «todavía son un reducto del franquismo». La hipérbole no ha nublado tanto el juicio al PSOE como parece porque no se han levantado en armas contra el Supremo como algunos pretendían hacer en la tarde-noche del jueves en una nueva edición del pásalo. Son conscientes de que hay cosas que no se hacen de golpe sino poco a poco, para que vaya cristalizando un efecto electoral que revista de apariencia democrática, lo que, en realidad, es una involución en derechos y libertades. Desde la psicología inversa, el representante del poder ejecutivo utiliza la táctica del espejo para acusar al judicial de «abuso de poder», alimentando veladamente la cacería contra los jueces. No pueden negar la realidad de que, a diferencia de la actuación de García Ortiz, el fallo del Supremo se conoció tras un aislamiento férreo de la sala, sin filtraciones ni aceptando presiones de otros poderes del Estado para respetar la institución a la que representan. Y la pregunta es: ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién le va a pedir perdón a los siete magistrados del Tribunal Supremo?

La parte buena para el Gobierno es que la histórica decisión eclipsa en parte las otras dos noticias de enorme calado que han sucedido esta semana: el informe de Santos Cerdán y la petición de 24 años de cárcel para Ábalos por parte de la Fiscalía. Cuatro años después de que THE OBJECTIVE publicara las primeras informaciones exclusivas sobre los motivos de la caída de José Luis Ábalos, la Justicia nos da la razón. El medio que publicó en exclusiva sus escándalos sexuales, las irregularidades en la facturación de Ferraz, sus viajes a la República Dominicana y Guinea, la existencia de Jésica, su contratación en empresas públicas, las vacaciones pagadas de Ábalos en Marbella por el rescate Air Europa, los pagos de Carmen Pano en Ferraz, el regalo del chalé de Cádiz, la condición de Santos Cerdán de «testaferro de Ábalos», el grupo acelerador que cobraba un 20% de comisión al PSOE, el ático de lujo pagado por la trama y su fiesta de inauguración, o la caja B del ministro en su residencia oficial guardada bajo llave… Después de tres años de causa judicial contra este periódico, de difamaciones del Gobierno en tribunas públicas, de la Moncloa a Ferraz pasando por el Congreso de los Diputados, del ciclo del fango, «The Ojete», los pseudomedios y los buleros… ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién nos va a pedir perdón a THE OBJECTIVE?

La buena noticia es que la verdad acaba saliendo a la luz si los poderes y contrapoderes del Estado (jueces, fuerzas policiales y medios de comunicación) cumplen con su deber y hacen su trabajo. Porque el tiempo por sí solo no pone las cosas en su sitio. Lo hacemos las personas. Y la esencia de un medio de comunicación no es recibir disculpas, sino publicar noticias. La verdad ni se filtra ni se defiende, se publica. Ya es responsabilidad de otros asumir la culpa y pedir perdón.

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