Una izquierda negacionista del Estado de derecho

El pasado 20 de noviembre fue el día en que el Tribunal Supremo, ese baluarte del Estado de derecho, dictó una sentencia histórica: la condena a dos años de inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la filtración de datos sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un fallo que impone además una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. No es un capricho judicial, sino el cierre de un proceso iniciado hace un año, con 40 testigos declarando en un juicio que dejó al descubierto cómo un alto cargo del Estado usó su posición para dañar a un adversario político. Un delito grave, tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que atenta contra la confidencialidad y la imparcialidad que deben regir a la Fiscalía.

Pero, ¿qué ha hecho la izquierda española ante esta decisión? No acatarla con la humildad que exige la democracia. No reflexionar sobre los errores de un Gobierno que nombra a peones políticos en cargos institucionales. Han optado por el camino de la negación absoluta, un rechazo visceral que no solo cuestiona al Supremo, sino que dinamita los pilares del Estado de derecho. Partidos como Sumar, ERC, Podemos, Compromís, además del PSOE, han desatado una tormenta de acusaciones que rozan el delirio: «golpismo judicial», «fachas con toga», «asesinato civil». Gabriel Rufián, portavoz de ERC, tuiteaba que «el mensaje es claro: Ayuso no se toca», como si la Justicia fuera un supermercado donde solo se pagan las facturas que interesan. Yolanda Díaz, vicepresidenta y líder de Sumar, ha ido más allá: ha llamado a la izquierda a «salir a la calle» contra los «togados reaccionarios», azuzando una movilización que huele a confrontación callejera, a ese ruido ensordecedor que tanto les gusta para tapar sus vergüenzas.

Esta negación no es un arrebato aislado, es el síntoma de una izquierda que solo cree en la Justicia cuando le da la razón. Es lo más parecido a un Estado autoritario, donde el poder judicial solo existe si valida las narrativas del Gobierno. Negar una sentencia firme, emitida por mayoría de 5-2 en el Supremo, equivale a negar la separación de poderes. Porque, ¿qué son esos «togados reaccionarios» que tanto les irrita? Para ellos, cualquier juez que no sea un militante de izquierdas es un «facha heredero del franquismo». Si el poder judicial está «capturado por la derecha», como asegura Antonio Maíllo, de IU, calificando la condena de «nueva fórmula de golpe de Estado», entonces, ¿para qué mantenerlo? Mejor unificar todos los poderes en unas pocas manos, las de Pedro Sánchez y sus socios que van desde los herederos de ETA, Bildu, hasta el resto de partidos nacionalistas que sueñan con romper España, pasando por los amigos de Maduro y su dictadura bolivariana, con la que se emocionan Podemos o Sumar.

Ese mensaje que azuzan, «la justicia está adulterada, y trabaja para la ultraderecha» es dinamita pura. Es irresponsable, porque invita a una confrontación que podría derivar en violencia, en un «pueblo en pie» contra los jueces, como pide Yolanda Díaz. Ahora, con el aniversario de Franco todavía reciente, lo visten de épica antifascista. Pero es un fascismo reciclado, el de quienes solo ven enemigos en las togas que no les cuadran. Y lo peor es que lo hacen con la única finalidad de tapar la basura acumulada por este Gobierno. Una corrupción escandalosa que salpica a Ábalos, a Cerdán, a la mujer y al hermano del presidente, siendo estos los nombres más relevantes, pero sabiendo que hay muchos más. 

Esta izquierda posmoderna ha maleducado a una parte de la sociedad hasta convertirla en un pueblo sometido a sus voluntades. Uno que no busca ni la verdad ni lo moral, solo el caos y el ruido. En X, miles de usuarios repiten el mantra: «El franquismo vive», «Golpe judicial». Población adoctrinada donde las palabras «ultraderecha» y «fascismo» son la señal de advertencia ante cualquier posible disidencia. Han creado una burbuja donde el fascismo es un espectro omnipresente, pero mínimo en la realidad, una minoría ruidosa pero irrelevante. El verdadero peligro no es la ultraderecha. Es esta distorsión mental que convierte a la Justicia en enemiga cuando no es aliada. Una sociedad que mira para otro lado cuando la corrupción la practican los suyos, y que lincha a los jueces independientes cuando les condenan. Un pueblo que prefiere el griterío callejero a la rendición de cuentas.

Acatar sentencias, incluso las amargas, es el precio a pagar por tener un Estado de derecho que funciona. Pero esta izquierda posmoderna, en su furia ciega, nos arrastra hacia el abismo. Hacia un país donde el caos sustituye al orden, el ruido a la razón, y la moral se disuelve en ideología tóxica. Si no paramos esta deriva, el franquismo, tan en sus bocas, no estará en las togas, como ellos dicen, sino en el espejo que les devuelve su propia imagen (y semejanza) con ese régimen al que tanto invocan.