Pujol, en el limbo; Ábalos y Koldo, ¿a la cárcel?

En 1985, un domingo, Luis María Anson, director entonces de ABC, sorprendió al público en general con una de sus grandes genialidades periodísticas, una de las que convirtieron a aquel diario en una publicación indispensable, o sea, la antítesis de la prescindibilidad. Foto en primera y este título: «Pujol, español del año». Días después, un pequeño grupo de cronistas fuimos invitados al Palau de la Generalidad catalana por su habitante, el president Jordi Pujol. Nos aguardaban dos espasmos: el primero, cuando el «molt honorable», señalando el cuadro de Sant Jordi, nos comunicó con un punto sarcástico. «Fíjense (él siempre hablaba a los periodistas de usted) si será importante Cataluña, que tiene un patrón que no ha existido». Hablaba de Sant Jordi. Después, el segundo, ya en el almuerzo, copioso y refinado a la vez y con un cava para ponerle un piso, contestó a la pregunta comprometida de uno de nosotros, el más impertinente: «¿Le ha pedido permiso Anson para designarle ‘Español del Año’?». Miró hacia abajo, torció el gesto e indicó: «Creo que Anson nunca ha pedido permiso para nada». Ahí acabó la cosa. Pujol era entonces, realmente, con Felipe González, los dos políticos más apreciados por el electorado. Había salido sin romperse, ni mancharse, de una campaña de hostigamiento feroz por parte del socialismo imperante. Todo a costa de Banca Catalana, la entidad financiera que Pujol dejó en las raspas, y que dos fiscales comunistas, Mena y Villarejo, investigaron para intentar lo imposible a la sazón: llevar a Pujol a la cárcel. Venció en el trance el president, se ganó a la España conservadora, pero cometió un error político descomunal: impedir que la Operación Reformista cuajara en toda España, también en Cataluña, eso hubiera quizá resuelto el encaje en el conjunto constitucional. Una pena, una frustración

Pero por entonces, Pujol ya era un delincuente. Desde 1980, según confesión propia dicha el 25 de julio de 1985, él y su familia, siete hijos de su sugestiva dona, la señora Marta Ferrusola, acumulaban en la vecina Andorra cientos de millones de pesetas (en dólares) nunca declarados al Fisco español. Él mismo los definió como «dineros ubicados en el extranjero». Su defensa y sobre todo el periódico de vanguardia en Barcelona, le excusaron: todo proviene —sugirieron— de una herencia del abuelo Florenci. Pero la Justicia no se tragó la excusa y durante diez años ha venido investigando el inmenso fraude del ahora anciano (95 años) Jordi Pujol y Soley. Y hoy es el día en que en la Audiencia Nacional comienza un juicio que puede alargarse hasta bien entrado el mayo de 2026. La incógnita es si el estado cognitivo del expresidente catalán le permitirá declarar en una vista donde están llamados a sentarse en el banquillo nada menos que 19 acusados y 254 testigos. Las profecías avanzan que, de nuevo, Pujol se librará de la prisión, él está en el limbo cerebral, otra cosa es lo que suceda con sus hijos, fundamentalmente con el primogénito, de nombre también Jordi. No hay Justicia en el mundo que envíe a la cárcel a un hombre de esa edad, menos aún si sus capacidades están, como parece, seriamente disminuidas.

La cárcel que se dilucida asimismo esta semana, esta vez en el Tribunal Supremo. Las dos «vistillas» que el juez Leopoldo Puente ha fijado para analizar el porvenir judicial de los siniestros Ábalos y de su asistente Koldo, una sesión judicial que se puede cerrar el fin de semana con los huesos de ambos en Soto del Real. En Madrid se cruzan más apuestas sobre este particular que sobre el próximo campeón de Liga. El antecedente no ayuda: hace diez días, mayoritariamente, el periodismo (digámoslo así, a lo sudaca) se la cogía con papel de fumar y aventuraba que el todavía fiscal general del Estado no iba a ser condenado: «No hay c…s» proclamaba. Pues los ha habido. ¿Puede ocurrir similar cosa con el magistrado Puente? Pues curiosamente, mientras desde los ambientes jurídicos subrayan que, efectivamente, los dos sujetos tienen pinta cercana de reos carcelarios, entre los periodistas, algunos que saben mucho de lo que se cuece en Moncloa, la impresión es que ninguno de los dos viajará al trullo, a pesar de que sobre ambos pesan condenas provisionales muy espectaculares (Ábalos, 24 años) y (Koldo, 19,5). Pero de aquí al jueves, primera vista para Ábalos, puede ocurrir algún otro acontecimiento, por ejemplo que en el volcado pendiente que, al parecer, ya ha realizado la UCO, aparezcan otros datos, en forma de fechorías, que comprometan seriamente el futuro de los citados y desde luego del capo Santos Cerdán. Lo seguro es que al PSOE, pese a sus impostadas declaraciones de tranquilidad, no le llega la camisa al cuerpo, ni siquiera a ese blasfemo de la política, Óscar López, en el que Sánchez ha depositado la primogenitura del ataque con todo y, si es necesario, contra todos.

Y mientras tanto se despejan las incógnitas señaladas, el país contiene la respiración ante dos acontecimientos temibles: el primero, qué se le ocurrirá esta semana al psicópata de La Moncloa, qué saldrá de su sectaria y perturbada mente. Cabe todo: desde que se avenga a disolver las Cortes, hasta que nombre fiscal general del Estado a Baltasar Garzón, una especulación que no es ni mucho menos gratuita. La asimilación del caso Cerdán al caso Almería no le está saliendo bien al desaprensivo. Un poco mejor transita por las derivadas de la dana. Declaran esta semana la vicepresidenta, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Sobre el sucesor de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, que se inaugura en estos días, la izquierda de la región, una conjunción que dirigen los leninistas de Compromís, ya ha comenzado a urdir una campaña contra el todavía no estrenado presidente. Adviertan esto: vale todo, desde el señalamiento por la posible circunstancia patológica del candidato (dejémoslo por ahora ahí, pero ¡hace falta miseria!) hasta la denuncia por mínimas irregularidades en sus dominios patrimoniales. Todo. Están en eso.

Y como fin de estos anticipos, un recuerdo que viene muy a cuento de esta actualidad. Verán: pocos meses después de que, tras una pirueta traidora, el PNV abandonara a Rajoy para echarse en manos de Sánchez, unos pocos periodistas nos reunimos en amical almuerzo con el entonces presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortúzar. Quiso justificar la felonía perpetrada contra Rajoy y después de innumerables argucias para explicar su apoyo a Sánchez (del que por cierto hablaba pestes) respondió a esta pregunta: «¿Qué han obtenido ustedes a cambio?» Dijo: «En política nada se hace por nada». Ahora conocemos el precio: el PNV es un partido de mercaderes que una vez se deja conquistar por los euros y otras por objetivos inaccesibles: el camino hacia la independencia o, más modestamente, la obtención de diezmos en forma de cargos y descargas. ¿Cuáles son estas? Fácil: la seguridad de que sus más arbitrarias actuaciones puedan ser ignoradas por el Gobierno de Madrid. Ahora son los trenes.