El PP tiene margen para bajar ya los impuestos en 30 capitales de provincia

El sábado, aprovechando la clausura del II Foro de Grandes Ciudades en Burgos, el presidente del PP desgranó su propuesta fiscal para las ciudades. En el marco del alivio fiscal para familias y autónomos, Feijóo se ha comprometido a reducir en hasta un 50% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para los autónomos, entre otras propuestas. Medidas, todas ellas, que son ahora mismo no sólo necesarias sino imprescindibles para el país. Y supone una magnífica noticia, pues es algo que el PP puede aplicar desde ahora mismo, sin esperar a la victoria en las generales.

Efectivamente, el gobierno central que previsiblemente presidirá Núñez Feijóo tiene la capacidad normativa para fijar los límites de esos impuestos. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece un rango para el IBI —fincas urbanas— de entre el 0,4% y el 1,1%, y del ICIO fija un tipo máximo del 4%. Y en ese entorno es donde los ayuntamientos establecen las reglas del juego tributario.

Así pues, la rebaja puede ser inmediata en las 30 capitales de provincia gobernadas por el Partido Popular, donde todos los regidores, salvo dos de ellas, las de Zaragoza y Santander, tienen margen para reducir esos impuestos; así, el IBI promedio en estas capitales roza el 0,59%. Y, en cuanto al ICIO, sobre un tipo máximo del 4%, el promedio de esas capitales es del 3,71%, con 12 de ellas con el tipo máximo del 4%. Dicho de otro modo, sin necesidad de tocar la ley, los regidores de estas capitales y de los más de 3.300 municipios gobernados por el Partido Popular tienen margen y capacidad para aplicar inmediatamente la promesa de su presidente y confirmar, así, la reducción del IBI y del ICIO.

Claro que rebajar estos impuestos locales tiene un impacto directo sobre la financiación municipal, y obliga a los ayuntamientos a un tan doloroso como sano ejercicio de definición de prioridades y de adecuación del gasto. Porque el IBI supone, aproximadamente, el 64% de los ingresos fiscales de los ayuntamientos. Madrid parece mostrar el camino, pues viene bajando el tipo desde 2019, desde el 0,51% al actual del 0,428% y que será el 0,414% en 2026, generando ahorros de más de 30 millones a los contribuyentes con cada bajada.

La recaudación total del ayuntamiento asciende a unos 2.400 millones de euros, de los que unos 1.500 provienen del IBI, y unos 750 millones del ICIO, con un tipo del 3,75%. En Valencia, de unos 315 millones de ingresos fiscales, más de 200 corresponden al IBI; esta capital subió el ICIO del 3% al máximo legal del 4% en 2024. En Sevilla, unos 200 millones en IBI y unos 50 millones en ICIO, con un tipo del 3,22%, un tipo bajo para lo que se estila en las capitales populares. Y en Zaragoza, con el IBI más bajo de las cuatro y en el mínimo legal, pero con un ICIO del 3,87%, rozando el máximo, el primero aporta casi 200 millones y, el segundo, unos 60 de los aproximadamente 300 millones de ingresos por impuestos directos.

Todo ello pone de manifiesto el posibilismo de la propuesta del líder popular. Hay margen, hay poder municipal, sólo falta que las más de 3.300 corporaciones locales muestren la misma voluntad que ha mostrado su presidente. Dar ejemplo es mucho más valioso que prometer, sobre todo cuando la aplicación de esas promesas está al alcance de las expectativas generadas.