La minoría ruidosa que quiere condicionar el futuro del mutualismo
«La mayoría sí ha aportado lo suficiente y sí tiene derecho a defender un modelo que les funciona»
Ilustración de Alejandra Svriz.
En los últimos dos años hemos asistido a un fenómeno curioso: una minoría muy activa —y muy ruidosa— de abogados y procuradores ha logrado abrir un debate nacional sobre el futuro de las mutualidades profesionales. Un debate que no nace de una reflexión serena sobre el modelo de previsión social, sino del malestar de quienes aprovecharon durante años las ventajas del mutualismo mientras las aportaciones eran bajas y que, ahora que les toca aumentar sus cotizaciones para garantizarse una pensión digna, exigen que el Estado les rescate.
No es casualidad que estas protestas surgieran justo cuando el PSOE registró en el Congreso una proposición de ley para obligar a elevar las aportaciones en las mutualidades, equiparándolas al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Desde ese momento, algunos grupos han convertido las redes sociales y las puertas del Congreso en su escenario de presión habitual. Quieren que se les abra una «pasarela» inmediata hacia la Seguridad Social, como si el haber cotizado poco durante años fuera responsabilidad del sistema y no de sus propias decisiones de ahorro.
Lo grave no es que reclamen —cualquier profesional puede hacerlo—, sino que pretendan hacerlo en nombre de todos los mutualistas, distorsionando la realidad. No representan al colectivo, aunque hagan más ruido. Los datos hablan claro: en el caso de los abogados, se estima que menos del 30% cobrará pensiones inferiores a 700 euros. Es decir, la mayoría sí ha aportado lo suficiente y sí tiene derecho a defender un modelo que les funciona. Sin embargo, su voz queda ensombrecida por las protestas más vociferantes, que han logrado incluso enturbiar la tramitación parlamentaria de una ley clave para el sector.
El problema de fondo es que, si la norma se aprueba tal y como se planteaba en la Proposición de Ley, a partir de 2027 los nuevos profesionales —abogados, arquitectos, médicos o ingenieros— ya no podrán elegir: estarán obligados a entrar en el RETA. Se acabaría así la alternatividad que ha permitido durante décadas que cada colegiado decidiera cómo gestionar su previsión social. Y todo porque una minoría pretende convertir sus decisiones individuales en un problema colectivo.
Por suerte, frente a ese discurso simplista están surgiendo grupos que reclaman algo tan razonable como una transición justa y equilibrada. Estos movimientos no se oponen a la existencia de una ‘pasarela’, pero exigen que no destruya de un plumazo un sistema que muchos han utilizado de manera responsable. Plantean medidas sensatas: mantener la alternatividad, proteger el ahorro acumulado, garantizar los derechos de quienes ya están jubilados, permitir la movilidad en ambos sentidos entre mutualidades y Seguridad Social, revisar la fiscalidad y evitar que los mutualistas queden excluidos del complemento a mínimos.
No piden privilegios: piden coherencia, seguridad jurídica y respeto a las reglas del juego bajo las que construyeron su vida laboral.
Lo justo sería legislar sin dejarse llevar por el ruido, escuchando a todos los implicados y no solo a los más estridentes. Porque lo que está en juego no es la pensión de quienes ahora protestan, sino el futuro de miles de profesionales que han confiado en un sistema alternativo, válido y perfectamente sostenible si se gestiona con responsabilidad.
La política no puede premiar al que protesta más, sino al que ha cumplido. Y en esta ocasión, la mayoría silenciosa merece ser escuchada.