Veinte años de demografía laboral y el reto ineludible de las pensiones

Esta semana nos acercamos a la transformación demográfica que condiciona el futuro de España. Entre 2005 y 2024, la población ocupada creció un 29%, un avance significativo en términos de capacidad productiva y base de cotización. Como vemos, ese crecimiento supera ligeramente el del grupo de mayores de 65 años y menores de 16 años — las cohortes dependientes. Los primeros (receptores netos de gasto) han crecido 10 puntos más que los ocupados. La tendencia es inequívoca: cada año hay más personas que necesitan ser atendidas y no muchas más que puedan sostener el sistema con su trabajo. Si a esos dos grupos añadimos el de desempleados, el problema se agrava.

Este simple cruce de líneas resume un problema estructural que el país arrastra desde hace décadas. El OECD Economic Survey Spain 2025, publicado hace unos días, advierte que España se enfrenta a uno de los incrementos más pronunciados del ratio de dependencia de toda la OCDE: para 2054 podríamos tener tres personas mayores de 65 años por cada cinco en edad de trabajar. Esto reducirá la oferta laboral, presionará el crecimiento y tensará aún más los servicios públicos, en particular el sistema de pensiones.

La OCDE es contundente: el sistema español ofrece tasas de sustitución futuras excepcionalmente altas, un 86,3% frente al 63,2% del promedio OCDE, lo que protege la renta de los mayores, pero pone en riesgo la sostenibilidad a medio plazo. El gasto continuará aumentando de forma significativa: según AIReF, tal y como recoge el informe, el coste de las pensiones crecerá 3,2 puntos del PIB entre 2023 y 2050, alcanzando el 16,1% del PIB. Si nada cambia, el desfase entre ingresos contributivos y gastos seguirá ampliándose, obligando a transferencias crecientes del Estado, que ya pasaron de 15.600 millones en 2019 a 41.600 millones en 2024. 

Que haya más mayores no es, en sí, ningún problema, todo lo contrario, pues da cuenta de los avances que hemos logrado como sociedad. Si lo vemos desde una perspectiva financiera, sin embargo, la cosa cambia, mas si también hay más jóvenes que requieren inversión educativa, más dependientes y un mercado laboral que todavía no integra suficientemente bien ni a los mayores (con una tasa de empleo del 3,7% para los de más de 65 años, la mitad de la UE) ni a los jóvenes (con una tasa de desempleo entre los menores de 25 años del 25%, diez puntos por encima de la media de la UE). La OCDE insiste en que España no podrá compensar el envejecimiento solo con inmigración, porque harían falta más de 24 millones de trabajadores adicionales para recuperar el equilibrio demográfico actual. La clave, según el informe, es elevar la productividad, alargar la vida laboral, mejorar la participación de jóvenes y mujeres y reducir el desempleo estructural.

Entre las recomendaciones más claras destacan:

• Introducir un mecanismo de ajuste automático ligado a la esperanza de vida, como el desaparecido factor de sostenibilidad;
• Revisar el periodo de cómputo para acercarlo a los 35 años;
• Reforzar la evaluación periódica de la sostenibilidad del sistema con reglas dinámicas y prospectivas; y
• Evitar nuevas subidas de cotizaciones, que dañarían el empleo y profundizarían el problema de base.

España, además, afronta simultáneamente un fuerte aumento del gasto en sanidad, cuidados de larga duración y educación. Todo ello en un contexto donde, como recuerda la OCDE, el espacio fiscal se está agotando y la deuda pública volverá a crecer sin reformas adicionales.

La conclusión es nítida: el ritmo de crecimiento del gasto público derivado del envejecimiento es incompatible con la capacidad fiscal actual y futura de los contribuyentes. Sin reformas profundas y ordenadas, el sistema pasará de ser una garantía de bienestar a convertirse en una carga insostenible para las generaciones que vienen. El gráfico nos muestra el punto de partida; la OCDE, el camino. El tiempo para actuar es ahora.