Cómo incrementar el presupuesto de Defensa sin cumplir con la OTAN

Recientemente, el Observatorio de la Vida Militar (OVM), órgano adscrito a las Cortes Generales encargado de vigilar cómo el Estado trata a los miembros de las Fuerzas Armadas y de fomentar actuaciones que mejoren sus condiciones laborales, ha publicado la Memoria-Informe del año 2024.

Al analizar el acceso a la carrera militar, apreció una «alarmante disminución de solicitudes». De ahí que afirmase que «el interés por el acceso a las escalas de oficiales de las fuerzas armadas debe empezar a ser motivo de preocupación», siendo «urgente analizar las causas de ese, cada vez, más escaso interés».

A renglón seguido, al comentar los datos del reclutamiento de tropa y marinería, también constató que «el número de solicitudes sigue descendiendo», apreciando un descenso de la ratio de solicitantes por plaza —aparentemente ligero, de 4,30 a 4,20—, pero que le llevó a afirmar que «el desplome de esa ratio (…) señala una proporción muy preocupante, no sólo por el menor número de aspirantes, sino también por la peor selección que se puede hacer entre ellos». La alarma es demoledora: cada vez menos gente quiere ser militar y los que llegan pueden no ser óptimos.

Estudiados los datos del informe, sorprenden las conclusiones a las que se llegó. Este se alarma por una ratio media de concurrentes por plaza que ha pasado, en tres años, de 6,25 a 3,55 y de ahí colige el escaso interés por la milicia.

Sin embargo, hay dos graves errores en este análisis. Por un lado, que todos los cuerpos comunes, a los que se accede siendo ya graduado (jurídicos, interventores, médicos, veterinarios, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros), están en ratios elevadísimas; por ejemplo, los psicólogos con 19,67 o los jurídicos con 10,93.

Por tanto, el problema estaría en las tres academias generales de oficiales (Zaragoza, Marín y San Javier) y en la medicina militar —que se cursa entre la Universidad de Alcalá y la Escuela Militar de Sanidad—. En estos casos, se accede por la nota de corte de selectividad.

Nota que, en 2010, en las academias generales estaba en 10,9 y que hoy se ubica, como media de los tres ejércitos, en 12,31. En medicina militar se requiere un 12,8 cuando la media de las universidades españolas para esa titulación es de 12,9. Si miramos el acceso a suboficiales, la nota de corte media de los tres ejércitos es de 10,98.

Es decir, estamos hablando de grados universitarios que se nutren de algunos de los mejores estudiantes del país y en los que las notas han crecido considerablemente. Este hecho provoca que potenciales vocaciones, pero con notas inferiores, sabedoras de que les será imposible el acceso, desistan y ni siquiera concurran. Ello explica que suba la nota de corte y que descienda la ratio. ¿Dónde está, entonces, el problema que detectó el OVM?

Si tomamos los datos de tropa y marinería, el OVM advierte de un descenso de ratio que nos provocará una peor selección. Es más, aunque los solicitantes han pasado de 29.368 a 33.777, no lo considera relevante porque la oferta de plazas ha crecido un 18% y las solicitudes un 15%.

Tampoco indica que la media de solicitudes en los últimos seis años es de unas 33.800, ni que estamos en un escenario desincentivador para el reclutamiento, dado el crecimiento económico con récords de contratación o el conflicto en Ucrania, que pudiera llegar a implicar compromisos de presencia in situ. ¿Por qué puede el OVM haber proyectado alarmas aparentemente ajenas a los datos? ¿Pudiera ser para justificar un incremento del gasto en Defensa? Me explicaré.

En La Haya, el pasado 25 de junio, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se comprometió a invertir anualmente el 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035. La cuantía se desglosó en dos categorías esenciales de inversión: un 3,5% para cumplir con los objetivos de capacidades de la OTAN y un 1,5% para proteger infraestructuras críticas, defender redes y asegurar la preparación civil y la resiliencia.

Un incremento del gasto, en cualquier área, puede desarrollarse fácilmente incrementando salarios o personal; pero el compromiso de los jefes de gobierno no era ese, sino nuevas capacidades defensivas y mayor seguridad en sectores no defensivos pero cruciales, así como en resiliencia.

Tras la firma, el presidente Sánchez sostuvo que el 5% era una cifra inalcanzable y que España centraría sus esfuerzos en llegar al 2,1% del PIB en gasto a través de las cinco prioridades que componen el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado en abril de 2025.

Así, unos 3.800 millones de euros, de los alrededor de 11.000 millones previstos, se destinarían a la mejora de las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas; unos 3.400 millones, al desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad; cerca de 2.000 millones, a nuevas herramientas de disuasión y defensa; alrededor de 1.800 millones, a reforzar las capacidades de la UME; y, por último, unos 300 millones, a mejorar la seguridad de las dieciséis misiones en las que están desplegadas tropas españolas.

El propio Plan anuncia que se financiará «con los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía y con créditos del Plan de Recuperación», asegurando que no habrá subidas de impuestos, ni endeudamiento, ni recortes al gasto social o medioambiental.

En definitiva, el Gobierno ubica más de la mitad del incremento en los aspectos a los que la OTAN destina solo 1,5 puntos de los 5 totales, un tercio en la mejora de las condiciones de desempeño —algo que no se integra en los compromisos con la OTAN— y únicamente una quinta parte en nuevas capacidades, cuando para la Alianza Atlántica estas suponen 3,5 puntos de los 5.

Automáticamente, Sumar, Podemos, Compromís, ERC y Bildu manifestaron su rechazo absoluto a cualquier intento de incremento del gasto en Defensa, mientras que Junts, PNV y CC secundaron, con sus matices, la iniciativa presidencial. Los opositores al incremento cuentan con un tercio de la población española que, desde hace décadas y sin atisbo de cambio, presenta síntomas de hipersensibilidad contra la Defensa, no por razones ideológicas propias del pacifismo, sino por una visceralidad poco permeable a la argumentación.

Ello sitúa al Gobierno ante la dificultad de cumplir sus compromisos internacionales sin romper su coalición ni perder apoyos parlamentarios. Todo ello pese a que, según el barómetro de La Sexta de marzo de 2024, el 79% de los españoles se mostraba favorable a un incremento del gasto en Defensa. Incluso, un estudio de la organización internacional «More in Common» mostraba que el 57% de los españoles estaba dispuesto a aceptar recortes sociales para aumentar el gasto militar.

El reto del Gobierno no es menor, ya que, en lugar de apoyarse en la mayoría social y parlamentaria, busca argumentos que le permitan salvaguardar las intolerancias de la izquierda extrema al incremento del gasto en Defensa, mientras intenta alcanzar, al menos, el 2,1% comprometido. En ese sentido, resulta beatífico que el CIS indicase en julio de este año que el 55% de los españoles apoya la postura de Sánchez de limitar el gasto al 2,1% del PIB, frente al 30% que se inclina por elevarlo al 5%.

Igualmente, que el OVM reclame hacer más atractiva la profesión militar o incrementar los efectivos para reducir el impacto de las medidas de conciliación son propuestas asumibles por sus socios y, además, implican incremento presupuestario. Quizá el problema es que ni es lo comprometido con la OTAN, ni resulta inteligente hacerlo a costa del prestigio y la dignidad de quienes hoy integran las Fuerzas Armadas.