Ni moto ni cohete; la economía española es una bicicleta

Imaginemos una economía que produce 100 sillas. De ellas, 80 se venden al mercado interior, 15 se exportan y 5 quedan en los inventarios de la empresa. ¿Cómo se reflejaría eso en las cuentas económicas del país?

Desde el punto de vista de la demanda (a dónde va la producción de bienes finales), el PIB mostraría 80 sillas en el consumo, 15 en las exportaciones y las cinco restantes como aumento de inventarios (una forma de inversión).

Desde la perspectiva de la oferta (quién produjo esos bienes finales), aparecerían las 100 sillas como el valor añadido por las manufacturas, el único sector en este ejemplo ultrasimplificado. 

Desde el ángulo de las rentas (quién recibe el dinero de esas ventas), el valor de las 100 sillas se repartirá entre los salarios brutos de los asalariados que las fabricaron y el excedente bruto de la empresa. 

En una economía donde solo exista un sector privado, las cuentas económicas son claras. Producción y distribución son parte de un mismo proceso, guiado por el intento de los empresarios de satisfacer las necesidades de los consumidores.

Cuando añadimos la presencia del Gobierno aparece el problema de cómo medir su aportación al PIB. La complicación surge porque el Gobierno no vende sus servicios y, por ende, no tiene excedente bruto.

Por convención, el valor de los servicios que presta el Gobierno se computa en las cuentas económicas según el coste de proveerlos. Si el sector público estuviera integrado por ángeles, no habría problema alguno. Pero como lo integran seres humanos, esta metodología tiene consecuencias perversas.

Partamos de la base de algo evidente, aunque pocas veces reconocido: el Gobierno no tiene ningún incentivo para economizar. No lo tiene porque se trata de gente que gasta dinero de otros (los pagadores de impuestos) en beneficio de terceros (los que reciben los servicios). 

La metodología de elaboración de las cuentas económicas le quita aún más incentivos: cuanto más se gaste en prestar servicios (cuantos más empleados públicos se contraten, cuanto más aumenten sus remuneraciones o cuantos más insumos se gasten), más subirá el PIB.

Esto nos da una pista del sempiterno interés del Gobierno de turno por subir las remuneraciones públicas: la simple firma de un decreto puede acelerar el «crecimiento» de la economía.

Pero hay más. Hay una determinada cantidad de recursos disponibles. Esos recursos solo pueden asignarse de dos formas: con criterios de eficiencia (el sector privado) o con criterios políticos (el sector público). 

Cuanto más gaste el Gobierno, más recursos estarán siendo detraídos del sector privado para ser asignados por el gobierno con criterios políticos. Cuando una mayor proporción de los recursos se asigna con criterios políticos, la eficiencia general de la economía tiende a bajar. Eso reduce su competitividad: además de la asignación menos eficiente de recursos, la economía tiene que soportar una mayor presión tributaria para financiar un creciente gasto estatal.

Esta es una de las cosas que explica por qué el sanchismo-leninismo se jacta del «crecimiento económico», mientras otros apuntamos a las debilidades de esta forma de crecer. Entre 1995 y 2006 (12 años «normales»), el consumo público fue, en promedio, el 16,9% del PIB. Cuando este se hundió entre 2008 y 2014 y otra vez en 2020, el consumo público creció como porcentaje del PIB, para empezar a retroceder con las recuperaciones poscrisis. 

En los últimos cuatro trimestres, el mismo equivalió al 19% del PIB, 2 puntos porcentuales más que aquella media «normal». Dos puntos porcentuales son un gasto público extra de 33.500 millones de euros anuales, que explican parte de la carga tributaria adicional que ahora sobrelleva el sector privado. 

El crecimiento acumulado real del PIB entre 2018 y 2025 (tres primeros trimestres de cada año) fue de un 12,1%, mientras que el consumo público aumentó un 20,5%. En cambio, el PIB privado creció solo un 8,6% (equivalente a un pobre 1,2% anual, que es menos de la mitad que la media anual del 2,7% del consumo público).

Ni moto ni cohete; la economía española es una bicicleta con las ruedas algo desinfladas, pero que avanza porque va cuesta abajo y detrás de un camión, que reduce la resistencia del aire. Todo parece ir bien, hasta que el camión frene.