El elefante en la habitación de las pensiones al final del ciclo político

Pagamos más impuestos que nunca, y especialmente pagamos el IRPF más elevado de la historia. Sin embargo, el ciudadano no percibe que tengamos los mejores servicios públicos de la historia, precisamente. Por otra parte, seguimos teniendo un déficit público que, en 2024 superó el 3% del PIB, 51.267 millones de euros. Usted se estará preguntando dónde está yendo el dinero, pues si hubiese que resumirlo en una sola palabra, ésa sería pensiones, nuestro elefante en la habitación. Seguramente usted haya leído, o escuchado muchísimas previsiones y proyecciones sobre el sistema de pensiones y su sostenibilidad, pero no estamos ante un problema futuro, sino ante un reto de hoy, que está afectando ya a la economía y a la política.  

Empecemos por los hechos. En el año 2024, el gasto total en pensiones alcanzó aproximadamente los 206.000 millones de euros, y este año, con bastante probabilidad sobrepasará los 215.000 millones de euros. Estas cifras suponen casi un 13% del PIB, es decir algo más de uno de cada ocho euros que produce la economía española se destinan exclusivamente a pagar pensiones, lo que supone un 28% del gasto público. Todos los datos de Seguridad Social los he tomado de este excelente informe del profesor Miguel Ángel García Díaz, exdirector general de Ordenación de la Seguridad Social (por supuesto, la interpretación y los errores, si los hay, son míos en exclusiva).

Y esto, ¿cómo se paga? Pues, en teoría con cotizaciones sociales. Si tenemos un sistema de reparto, lo que habría que hacer es repartir el importe de las cotizaciones entre los pensionistas. Pues, el problema es que no da. En 2024, la recaudación efectiva en cotizaciones sociales fue de 153.000 millones de euros, lo que incluye las cotizaciones a la Seguridad Social, las de clases pasivas, y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). El MEI es un impuesto, porque a diferencia de una cotización no genera derecho a una pensión futura, y, además, debería «guardarse» para pagar las jubilaciones del futuro, cuando haya muchos más jubilados que los 10 millones actuales. Pero, incluyamos esos 3.711 millones en la cuenta. No se puede pagar 206.000 millones en pensiones con 153.000 millones de ingresos.

Por eso, la Seguridad Social recibió el año pasado 49.019 millones de euros de la Administración del Estado, y le dejó a deber unos 10.000 millones, que se instrumentó como un préstamo. Como se puede ver, sobre algo, si se le añaden los 59.000 millones del Estado a los 153.000 millones de cotizaciones, tenemos 212.000 millones, algo más que el pago de pensiones. Aquí tenemos dos cuestiones, los gastos de gestión, y, sobre todo, el famoso «fondo de reserva de las pensiones». Esto, por ser suave, no tiene sentido económico o matemático, sino simplemente propagandístico. Si hay que pedir a la Administración del Estado, de una forma u otra, 59.000 millones, no hay fondo de reserva alguno, ni con las cotizaciones, ni con el MEI. Y si hay que transferir cada vez más dinero, obviamente, el préstamo no se podrá devolver.

En teoría, el Estado sólo debería financiar, con impuestos, las pensiones no contributivas, las de aquellos ciudadanos que no han cotizado un mínimo de años (habitualmente quince) y el complemento a mínimos, es decir complementar aquellas pensiones contributivas para que alcance un mínimo vital. Esto alcanzó el año pasado los 11.000 millones de euros. Pero, los 59.000 millones de desfase total de 2024 son mucho más que 11.000, son cinco veces más.

Antes de seguir, aquí tenemos un primer problema de equidad territorial: los fondos aportados por la Administración General del Estado para cubrir las pensiones provienen únicamente de los impuestos pagados por los ciudadanos que no residen en territorios forales, es decir, ni en el País Vasco ni en Navarra. Y por supuesto, estos importes no están incluidos en el cupo vasco ni en la aportación navarra. Tomando el ejemplo vasco, el cupo ascendió en 2022, últimos datos completos disponibles a unos 1.600 millones de euros. Sin embargo, el «ajuste de IVA» que ingresó la Agencia Tributaria, proveniente del IVA recaudado en el resto de España ascendió a 2.800 millones. Como explicamos Jesús Fernández-Villaverde y un servidor en La factura del cupo catalán (La Esfera de los Libros, 2ª edición), un ajuste correcto hubiese sido de unos 800 millones (a favor del País Vasco). Esto significa que, sólo por el ajuste del IVA, el País Vasco, la segunda región con más PIB per cápita de España, no sólo contribuye en nada a la solidaridad interterritorial, sino que percibe recursos fiscales del resto. El caso de Navarra es similar. 

Esto, entre otras cosas, implica que cuando un trabajador de Oviedo paga su declaración de IRPF una parte se dedica a complementar la pensión de los jubilados, de Oviedo y de Bilbao. Sin embargo, cuando un trabajador de Bilbao paga su declaración de IRPF (a la Hacienda foral vizcaína), de ahí no va un solo euro a complementar la pensión de ningún jubilado, ni en Bilbao ni en Oviedo. Como cada vez hay que destinar más dinero de los impuestos, como veremos, a sostener las pensiones, estas diferencias, brutales, de financiación, entre los ciudadanos del País Vasco y Navarra y los del resto de España irán aumentando.

Por cierto, como el cupo (y la aportación) son negativas, esto también significa que los vascos y los navarros tampoco contribuyen al pago de los intereses de la deuda estatal. Esto significa que da igual, a estos efectos, que las pensiones de la Seguridad Social las financiemos con impuestos (de los contribuyentes de territorio común, es decir que no residen fiscalmente en País Vasco o Navarra) o con deuda, cuyos intereses se pagarán por el mismo sistema. Tenemos a casi un 6% de la población (País Vasco y Navarra) exenta de financiar una parte, cada vez más importante, del gasto en pensiones. Por supuesto, si esto lo extendemos a Cataluña (que supone un 16,5% de la población y cerca de un 19% del PIB), esto sería inmediatamente insostenible: quedarse sin país y sin Estado tiene muchísimos efectos negativos, es una locura, y por eso, Jesús Fernández-Villaverde y yo escribimos este año La factura del cupo catalán. Personalmente, preferiría no haberlo tenido que escribir, porque no fuese necesario, pero estoy convencido que seguiré teniendo que hablar de estos temas el año que viene.

Si de los 59.000 millones de «apoyo financiero» de la Administración General del Estado restamos 11.000 millones de pensiones no contributivas (y complementos a mínimos) nos quedan 48.000 millones, que vienen a ser una cuarta parte del componente contributivo de las pensiones (unos 195.000 millones). Esto quiere decir que estamos pagando con impuestos (de los contribuyentes de territorio común) un 25% de las pensiones contributivas y un 100% de las demás. 

¿Qué son esos 48.000 millones de euros? Pues, en primer término, la práctica totalidad del déficit público (51.000 millones en 2024). Esto quiere decir que el déficit público proviene casi exclusivamente del sistema de pensiones. Pero, para hacernos una idea de la magnitud de nuestro elefante en la habitación, 48.000 millones de euros equivale a algo más de la mitad de la recaudación del IVA. Esto quiere decir que, manteniendo el déficit público y el nivel de los demás servicios públicos, si el Estado no complementase las pensiones contributivas, se podría reducir el IVA a la mitad. Con eso, un automóvil saldría un 10% más barato, la carne o el pescado un 5%, y una vivienda nueva un 5%. Si se quiere mirar desde el lado del gasto, cualquier política pública es una fracción del apoyo financiero del Estado a la Seguridad Social, salvo la sanidad y la educación, aunque el importe del gasto en educación, del Estado y las comunidades autónomas, ya no es muy superior a la parte de las pensiones pagadas con impuestos.

Hasta aquí, no hay una sola proyección de futuro, todo son datos de pasado. Aquí tenemos dos problemas gravísimos: que no hay margen fiscal ni para reducir impuestos ni para acometer políticas, por ejemplo, política pública de vivienda, si se quiere seguir manteniendo el apoyo del Estado a la Seguridad Social, y no disparar el déficit. Éste es el coste de oportunidad de nuestro actual sistema de pensiones, y lo estamos pagando ya. El segundo problema es que este apoyo dispara las desigualdades y los privilegios forales, y que los nacionalistas con más poder político, los catalanes, están presionando para que se les extiendan a ellos estos privilegios.

No me voy a extender mucho sobre el futuro, simplemente voy a dar algunos datos. El primero, todos los años crece el número de pensionistas y la pensión media. El número de pensionista irá creciendo en primer lugar porque aumenta la esperanza de vida. Desde 1939 la esperanza de vida en España ha aumentado todos los años (salvo en 2020), lo que es una excelente noticia, pero tiene la consecuencia de que los pensionistas viven más tiempo cobrando una pensión. La segunda es que hay varios millones de personas en la franja de los 50-60 años (la generación boomer) que nos iremos jubilando en las próximas décadas. En tecer lugar, la pensión media crece porque según la Airef, de media (y actualizado) cada euro de cotizaciones da lugar a 1,60 euros de pensiones. El resumen es que cada año, el desequilibrio del sistema de pensiones irá creciendo, y esto quiere decir que habrá que destinar más dinero de los impuestos a pagar pensiones.

De aquí sólo se sale con una crisis fiscal o con una reforma que nos adapte al envejecimiento de la población. Para que una reforma como ésta sea posible, es imprescindible un mínimo consenso político. Y lo que estamos viendo al final de este ciclo político es todo lo contrario. Hace unos días, en las elecciones autonómicas de Extremadura el partido socialista obtuvo el peor resultado de su historia, no llegó al 26%. Esto no sólo es un 40% menos de porcentaje de voto (13 puntos menos) que, en las últimas elecciones autonómicas, sino diez puntos menos, en Extremadura, que en las dos elecciones generales de 2015-16. En esas elecciones, el PSOE obtuvo 90 y 85 escaños. Esto quiere decir que los niveles de intención de voto del partido en el gobierno están literalmente «bajo mínimos».

La reacción del gobierno ha sido triple. Por una parte, ha nombrado a la ministra de la Seguridad Social (exconsejera de Hacienda de Navarra), Elma Saiz como portavoz. Además, el PSOE ha lanzado una campaña en redes acusando al PP de vaciar el fondo de reserva de las pensiones, y presumiendo de que ellos lo han llenado. Por último, y más importante, tenemos el RDL 16/2025, un decreto-ley tutti-frutti, que, eso sí, incluye una revalorización de las pensiones contributivas de un 2,7%, las mínimas un 7% y las no contributivas un 11,4%. En ese Real Decreto-Ley hay otras medidas como la sexta prórroga a la imposibilidad de desahuciar a los vulnerables, anunciada por Bildu. Esta medida está echando del mercado de alquiler a cualquier persona vulnerable porque nadie le alquila en previsión de que deje de pagarle y no pueda desahuciarlo. Tenemos una trampa para cazar elefantes, porque en con elecciones autonómicas a la vista, para que los pensionistas cobren el aumento del IPC en su pensión, los partidos de la oposición tienen que tragar con todo lo demás.

Ante un eventual final del ciclo político, el Gobierno no ha optado por recuperar consensos en el sistema de pensiones, sino en subir las pensiones por encima del IPC (de media un 3,55%) y acusar a la oposición de no garantizar las pensiones. No creo que esto vaya a alterar la dinámica electoral, pero el problema es que cuando se haga inevitable, como ya está ocurriendo en Francia, habrá que adaptar el sistema al envejecimiento de la población (lo que es un hecho en el mundo entero, pero especialmente en España). Entonces resultará complicado que buena parte de la población lo acepte, porque se les ha hecho creer que el actual sistema de pensiones era sostenible, y, además, sin ningún coste. 

Antes de que anochezca, ¡feliz 2026 a todos los lectores de THE OBJECTIVE!