El doble lenguaje fiscal: ordinalidad para Cataluña, progresividad sin límites para usted
«¿Qué señales está enviando España a los perfiles más móviles y demandados del mercado laboral?»
Hay un dato que debería estar en el centro del debate fiscal: las rentas superiores a 60.000 euros concentran hoy una parte creciente del IRPF, pese a representar una minoría muy reducida de declarantes. En 2023, los tramos (60–150], (150–601] y >601 (en miles de euros) reúnen 1.346.400 liquidaciones (respectivamente 1.170.735, 160.927 y 14.738), apenas el 5,61% del total de 23.987.211. Sin embargo, aportan 49.987 millones de euros, el 42,31% del importe agregado de la cuota líquida incrementada total (partida 587), que asciende a 118.153 millones.
La comparación histórica es reveladora. En 2003, los tramos por encima de 60.000 € representaban aproximadamente el 2,19% de las liquidaciones (349.912 sobre 15.985.781), y su contribución a la cuota agregada era del 30,40% (13.065 millones sobre 42.988 millones). En 2013, ya eran el 3,10% de las liquidaciones (596.207 sobre 19.203.136) y aportaban el 31,59% (21.411 millones sobre 67.769 millones). En 2023 el salto se hace evidente: más del 42% del total con un 5,6% de liquidaciones.
En otras palabras: en veinte años, la «cuña» de contribuyentes por encima de 60.000 € ha aumentado unos 3,4 puntos en población, pero su peso en la cuota agregada ha crecido casi 12 puntos. Esto tiene implicaciones redistributivas —tan buscadas por un impuesto progresivo como discutibles desde una perspectiva económica—, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿qué señales está enviando España a los perfiles más móviles y demandados del mercado laboral?
La literatura académica no necesita exageraciones para ser clara: los tipos efectivos y marginales altos influyen en la localización de los perfiles más demandados y escasos, especialmente cuando existen alternativas internacionales. Los trabajos en la American Economic Review de Kleven, Landais y Saez (2013), Akcigit, Baslandze y Stantcheva (2016), o Moretti y Wilson (2017), entre otros, son muy evidentes al respecto. No se trata de afirmar que los profesionales se irán en masa, sino de reconocer que la competencia por talento cualificado existe y que la fiscalidad es uno de los factores que pesan en la decisión.
Aquí entra el segundo plano: el debate territorial. El Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa el principio de ordinalidad en financiación autonómica, planteándolo como una garantía para que un territorio que aporta más no quede peor posicionado tras la redistribución. Conviene recordar, en primer lugar, que los territorios no aportan, lo hacen sus habitantes. Dicho esto, en la propuesta de reforma se afirma que se «respeta» ese principio para Cataluña.
Nadie debería confundir conceptos: ordinalidad territorial y progresividad individual no son lo mismo. Pero la comparación es políticamente inevitable, porque el mensaje subyacente sí se parece: quien más aporta quiere certezas sobre el «después». Y, si en el sistema de financiación autonómica defendido (hoy, rechazado ayer) por Sánchez y su ministra de Hacienda, quien más aporta es quien mejor parado sale en distribución (algo que debe estar haciendo removerse en su tumba a su llorado Pablo Iglesias Posse), en el IRPF observamos exactamente lo contrario, con una tendencia persistente y creciente a concentrar la carga en los tramos altos, precisamente los más expuestos a competencia internacional y los que, además, sostienen buena parte de la recaudación.
Esa tensión —ordinalidad para un territorio, y sólo uno, frente a la intensificación de la carga para quienes más ganan— alimenta la percepción de doble lenguaje fiscal. Si el objetivo es generar inversión y atraer talento sin renunciar a la equidad, el debate debería dejar de ser moralista y pasar a ser técnico: qué estructura recaudatoria maximiza ingresos sostenibles sin erosionar base imponible, innovación y capital humano. Y permítanme el spoiler: no es la actual.