Privilegios territoriales y la reforma del sistema de financiación

El pasado jueves 8 de enero, tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentaba los resultados para Cataluña del nuevo modelo de financiación autonómica. Oriol Junqueras fue vicepresidente y consejero de Hacienda de Cataluña entre enero de 2016 y octubre de 2017. Como resultado de esta gestión, Junqueras fue condenado por prevaricación y malversación de caudales públicos, delitos por los que luego fue indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los resultados del modelo para Junqueras se podían resumir en que «Cataluña obtendría 4.700 millones de euros más de financiación», y en que este «era un buen plan porque nadie pierde y todo el mundo gana».

Al día siguiente, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, presentaba la propuesta de nuevo modelo de financiación, con una presentación de 18 folios como toda documentación. Montero insistió también en que todo el mundo ganaba y nadie perdía, y en que Andalucía salía especialmente beneficiada.

Probablemente, para no generar suspicacias innecesarias, un condenado por el procés, responsable entonces de la Hacienda catalana, no sería la persona con más credibilidad para defender el mejor modelo de financiación para todas las comunidades autónomas. Seguramente, cualquiera percibiría un cierto conflicto de intereses entre el impulso a una financiación autonómica general y la defensa de una autonomía en concreto. Pero creo que cualquier propuesta debe valorarse, por encima de todo, por su coherencia y, sobre todo, por sus resultados.

La Administración General del Estado, es decir, todos los contribuyentes que no residen en el País Vasco ni en Navarra, inyectarán casi 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas con el nuevo modelo de financiación. Es muchísimo dinero, que no tenemos, y que serán más recursos, actualizados, todos los años. A muy corto plazo, esto significará un 1,2 o un 1,3 % más de déficit. A medio plazo, esto supondrá o bien recortes, o bien una subida masiva de impuestos, o una combinación de ambas medidas. Y todo esto tiene consecuencias.

Veamos: tener más déficit supone tener más deuda y financiarla más cara. Esto, al final del día, supone pagar más intereses, lo que deja menor margen de gasto si no se suben los impuestos. En la única partida no autonómica donde hay margen para recortar una cifra de este tipo es en las pensiones. La otra alternativa es una subida masiva de impuestos, superior incluso a la que ejecutó el PP en 2012, que se estimó en unos 11.000 millones de euros.

La tarta de la financiación autonómica se hará más grande, pero no todo el mundo gana. Pierden los contribuyentes, bien como perceptores de servicios públicos (como las pensiones), o bien pagando más impuestos. En cualquier sistema de reparto —y la financiación autonómica no es más que un sistema de reparto de la recaudación de impuestos—, para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y si casi todos los gobiernos autonómicos ganan, los que pierden son los contribuyentes. Y digo casi porque, en el caso de Extremadura y Cantabria, seguirían con la misma financiación, y en el caso de La Rioja, la mejora es simplemente ridícula: 76 euros por habitante al año.

Eso sí, la Generalitat de Cataluña dispondría de un 12 % más de presupuesto para gastar, según Oriol Junqueras, es decir, 4.700 millones de euros. Según los datos que detallamos Jesús Fernández-Villaverde y yo en nuestro libro La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La Esfera de los Libros, 2025, 2.ª edición), Cataluña era la quinta comunidad autónoma en financiación per cápita, con una financiación de 3.822 euros por persona. Ahora, gracias a un aumento de 577 euros por persona, pasaría a ocupar el primer lugar.

Es cierto que, si tenemos en cuenta que gestiona las prisiones o los Mossos d’Esquadra, es razonable que esté algo mejor financiada que las demás. Pero si ya estaba financiada por encima de la media, no tiene ningún sentido, económico ni financiero, que frente a un aumento medio de 456 euros, Cataluña aumente su financiación en 577 euros por persona.

Por poner otro ejemplo, Andalucía recibe más dinero en términos absolutos que ninguna otra comunidad, 4.686 millones de euros, pero en términos per cápita son 567 euros. Esto quiere decir que un andaluz se beneficiaría menos que un catalán en lo que se refiere a la financiación de los servicios públicos autonómicos. Además, Andalucía pasaría de ser la cuarta por la cola a la quinta, dejando detrás a Canarias. Sin embargo, como Canarias recibe fondos del Régimen Económico y Fiscal, la situación sería parecida en términos de orden. Que las comunidades autónomas peor financiadas reciban más es lógico y razonable; que lo reciba Cataluña, que no estaba infrafinanciada, solo tiene una explicación política.

Esta explicación política está en el acuerdo ERC-PSC de julio de 2024, que ya se está cumpliendo. Lo reproduzco (traducido del catalán) a continuación:

«TRANSITORIEDAD

Mientras se produzca el despliegue del nuevo modelo de financiación descrito en este documento, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

1. Incremento sustancial de recursos: incrementar los recursos derivados de la evolución de las necesidades del Estado del bienestar y compensar los desequilibrios que se han producido durante la vigencia del actual modelo.
2. Ordinalidad según la capacidad fiscal: Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación, que, en caso de no adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias».

Esto no es más que el inicio del cupo catalán. No solo lo dice Junqueras, que también, sino que es exactamente lo pactado con el PSC en 2024. Lo primero, por encima de todo, es el aumento de recursos de la Generalitat de Cataluña. Y esto no es porque Cataluña esté infrafinanciada —que no lo está—, sino porque lleva gastando demasiado desde hace décadas. Como demostramos con datos presupuestarios en La factura del cupo catalán, Jesús Fernández-Villaverde y un servidor, además de mala gestión, existen estructuras de ‘proto-Estado’ que no son baratas y que ahora se pretende que paguemos todos los contribuyentes españoles, salvo vascos y navarros.

Concluyo con la «ordinalidad», que solo se aplica a Cataluña en la nueva propuesta. Según la definición de Junqueras y del acuerdo PSC-ERC, como Cataluña es la tercera per cápita en aportar recursos al sistema de financiación, debe ser la tercera en recibirlos. Este concepto de ordinalidad es una aberración. Hay otras versiones —que personalmente no comparto— que se pueden discutir, pero esta, que es la que importa porque es la que se nos va a aplicar, es absolutamente inaceptable.

Y lo es por dos motivos fundamentales. El primero es que somos los ciudadanos los que pagamos impuestos y los que tenemos derecho a servicios públicos financiados en condiciones similares en toda España, no las comunidades autónomas. En segundo lugar, porque el concepto de que una comunidad con contribuyentes más ricos deba tener servicios públicos mejor financiados es absurdo y contrario a los principios constitucionales de progresividad fiscal y solidaridad interterritorial.

Por último, una ordinalidad que solo se aplica a una comunidad autónoma no ordena nada. No tiene sentido matemático, aunque sí político: privilegia a Cataluña frente al resto. Solo se recaudan más impuestos en Madrid que en Cataluña. Sin embargo, con la nueva propuesta, Cataluña sería la comunidad con mayor financiación per cápita y, según el Ministerio, la tercera en términos homogéneos. Madrid pasaría a ser la penúltima, solo por delante de Canarias, que recibe fondos adicionales del REF; es decir, en la práctica, la última.

Habría que llamar a las cosas por su nombre: la ordinalidad que solo se aplica a Cataluña no es ordinalidad, es puro privilegio territorial. Aún lejos, eso sí, de los privilegios forales del País Vasco y Navarra. Pero no estamos al final de esta historia, sino al principio. ERC exige para apoyar los presupuestos la cesión de la gestión, inspección y recaudación del IRPF —medio sistema fiscal— a la Agencia Tributaria de Cataluña. Junts, cuyos votos son imprescindibles, exige un «concierto a la vasca», que, según ellos, es lo pactado entre ERC y el PSC en 2024, y es cierto.

Esta propuesta debería rechazarse en el Congreso por muchas razones: por injusta, insolidaria, irracional, porque no la podemos pagar… pero, sobre todo, porque si se aprueba, al día siguiente los independentistas exigirán más, no se habrá resuelto ningún problema y se habrán creado muchos otros.