Ordinalidad selectiva: los privilegios fiscales se disfrazan de justicia redistributiva

Hay palabras que, cuando se usan mal, dejan de describir la realidad y pasan a ocultarla. Ordinalidad es hoy una de ellas. El nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, y defendido por la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, invoca ese principio como si fuese un criterio técnico neutral. Sin embargo, aplicado al detalle, sólo se cumple para una comunidad: Cataluña. El hecho de que el resto de comunidades autónomas —sin excepción— lo rechacen debería bastar para encender todas las alarmas.

El gráfico de recaudación neta de IRPF e IVA de 2024 (año completo) y 2025 (acumulado hasta noviembre) es una fotografía incómoda pero esclarecedora. Estos dos impuestos representan en torno al 75% de toda la recaudación neta y, a diferencia del Impuesto sobre Sociedades, gravan directamente a las personas: trabajadores, familias y consumidores. No a los territorios. A las personas.

En ambos años, Madrid aparece como el mayor contribuyente neto en términos relativos y absolutos. No por un privilegio fiscal, sino por una base económica amplia, una elevada concentración de empleo y renta, y una estructura productiva intensiva en trabajo cualificado que, en vez de expulsar población, la atrae. Cataluña, también una comunidad rica, ocupa el segundo lugar. El resto del país completa el reparto. Hasta aquí, nada sorprendente.

Lo verdaderamente sorprendente —y profundamente inquietante— es que, partiendo de esta realidad, el nuevo modelo pretenda redefinir la redistribución de recursos de forma que quien más aporta deje de ver reflejada su contribución, mientras se garantiza que una comunidad concreta mantenga —o incluso mejore— su posición relativa. Eso no es ordinalidad. Es una excepción hecha sistema.

La redistribución es un principio esencial en cualquier Estado descentralizado. Pero redistribuir no significa penalizar sistemáticamente a quien sostiene el sistema, ni convertir el esfuerzo fiscal en una variable política. Cuando la ordinalidad sólo se respeta para un actor, deja de ser un principio y pasa a ser un privilegio.

Las críticas técnicas no son menores. La agencia Standard & Poor’s ha advertido de que el modelo incrementa las transferencias autonómicas sin exigir garantías de disciplina fiscal, reduciendo el margen de actuación del Estado y tensionando partidas críticas como pensiones o defensa. Además, hace a las comunidades más vulnerables a las crisis económicas, al vincular más estrechamente sus ingresos al ciclo recaudatorio. Es decir: menos estabilidad, más riesgo sistémico.

A ello se suma una narrativa preocupante: la idea de que Madrid «recibe menos porque baja impuestos» y, por tanto, «merece menos». Este argumento confunde deliberadamente política fiscal con capacidad contributiva. Madrid no recauda más porque exprima a sus ciudadanos, sino porque hay más ciudadanos trabajando, produciendo y consumiendo, gracias, entre otras cosas, a una política fiscal que no esquilma al ciudadano mientras mantiene unos servicios públicos de primer orden. Penalizar a Madrid es desincentivar el crecimiento y castigar el éxito económico.

Conviene recordarlo con claridad: los territorios no pagan impuestos. No lo hacen Madrid, Cataluña ni ninguna comunidad autónoma. Pagan las personas físicas y las jurídicas. Convertir el debate en una pugna territorial es una forma eficaz de evitar la pregunta incómoda: ¿es justo un sistema que rompe la equidad horizontal para satisfacer un acuerdo político concreto?

La ordinalidad no puede ser un traje a medida. Si lo es, la progresividad del impuesto deja de ser esa justicia fiscal que siempre nos han vendido para justificar el expolio y se convierte en la excusa para pagar las urgencias políticas. Y eso, en un sistema que se sostiene sobre el esfuerzo de millones de contribuyentes, es una quiebra demasiado grave como para aceptarla sin más.